Uno de los fenómenos que en mayor medida sintetiza la precaria situación en que viven las niñas y niños en México es el trabajo infantil
Sin embargo, en México:
a) Ocho de cada 100 niñas y niños entre 5 y 17 años trabajan.
b) De la totalidad de niñas y niños ocupados, nueve de cada diez realizan actividades no permitidas por la ley para su edad.
c) Cuatro de cada diez de las niñas y niños que trabajan no asisten a la escuela;
d) Del total de niñas y niños que trabajan, cuatro de cada diez ni recibe ingresos por las tareas que desarrolla, y casi el 30% gana un salario mínimo o menos al día.
e) Tres de cada diez niñas que realizan quehaceres domésticos, en condiciones no adecuadas para su edad, exceden las 28 horas laborales a la semana.
Lo anterior revela, sin duda alguna, la lógica antidesarrollista que ha sumido al país en una trayectoria de crecimiento mediocre y de desigualdad profunda; pues ni se crece lo suficiente para redistribuir con equidad ni tampoco los escasos recursos fiscales de que dispone el Estado están siendo distribuidos para generar una lógica virtuosa de crecimiento con equidad.
El combate al trabajo infantil, debe entenderse, no es un esfuerzo dirigido a sancionar o condenar a los millones de familias que dependen del ingreso y actividades productivas de sus hijos pequeños; antes bien, de lo que se está hablando es de erradicar las inaceptables condiciones de explotación, tanto de adultos como de población infantil, que impiden a las familias superar los círculos de pobreza estructural en que están atrapadas desde hace décadas.
Las niñas y niños tienen derecho a la felicidad; a vivir en condiciones de bienestar; a recibir una educación de calidad; a ser atendidos cuando se enferman; a vivir protegidos contra toda forma de maltrato, abuso o violencia; a vivir en entornos familiares que permitan el libre desarrollo de su personalidad, y todo ello regido bajo el principio del interés superior de la niñez.
Una economía en la cual ocho de cada 100 niñas y niños tienen que trabajar para contribuir al ingreso de sus familias es una economía fracturada, pues resulta no sólo racionalmente inaceptable, sino, ante todo, éticamente condenable, que las niñas y niños sean sometidos a condiciones de explotación y de riesgo para su salud, presente y futura, así como para el adecuado desarrollo sicoemocional al que tienen derecho.
El trabajo infantil es una de las peores “anomalías” de la economía globalizada e inequitativa que priva en el siglo XXI; pero hay que decirlo, de tal condición hay responsables, y el principal es el Estado.
De ahí la relevancia de insistir en la deuda de proporciones históricas que tiene México con la niñez, y en la cual la mayor urgencia es lograr, de una vez por todas, que ninguna niña o niño sea dejado atrás en el cumplimiento y garantía de todos sus derechos.
La versión original del artículo se publicó en el periódico “Excélsior” el 12 de junio de 2017 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado marte
