En la historia, el poder más temible del Estado ha sido siempre el poder de matar. Desde los césares romanos hasta los monarcas absolutos de la Europa moderna, la prerrogativa de decidir sobre la vida y la muerte fue concebida como la más alta expresión de la soberanía. Michel Foucault recordaba que el poder soberano se resumía en una fórmula escalofriante: “hacer morir y dejar vivir”. En ella residía la esencia del despotismo: el gobernante que encarna, orgánicamente, el cuerpo del Estado, ejerce el derecho supremo de extinguir la vida en nombre de la ley, del orden o de la gloria nacional.
Escrito por: Saúl Arellano
La historia moderna, sin embargo, intentó desmontar esa lógica. El constitucionalismo, el republicanismo y los derechos humanos surgieron precisamente para limitar el poder letal del Estado. La modernidad política quiso transformar el “derecho de muerte” en un “deber de protección”. Pero esta aspiración, que parecía consolidada en el discurso civilizatorio occidental, se erosiona cada vez que el poder vuelve a decidir, discrecionalmente, quién puede morir.
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Cuando Donald Trump, en su condición de comandante en jefe del ejército estadounidense, autoriza ataques a embarcaciones que supuestamente transportan drogas, lo que materializa es un acto soberano en su forma más arcaica. Trump reencarna así al monarca absoluto que decide, sin mediación judicial ni consenso internacional, sobre la muerte de otros. Lo hace, además, en abierta contradicción con la tradición republicana estadounidense, que nació precisamente de la exigencia de controles que impidieran que un solo hombre decidiera sobre la vida de muchos.
Hoy, ante la amenaza latente de una intervención militar contra Venezuela, el riesgo se amplifica. Nicolás Maduro representa, sin duda, una de las figuras más execrables del despotismo latinoamericano: un caudillo sostenido en la represión y el hambre de su pueblo. Sin embargo, la hybris del déspota no puede combatirse con la hybris del imperio. Frente al delirio de poder del tirano, lo que el mundo necesita es prudencia y diálogo. La razón de Estado no puede volver a justificar la muerte como instrumento de política exterior.
La ética pública contemporánea -si aún aspiramos a ella- debe fundarse en la memoria histórica y en el principio inviolable de la dignidad humana. Cada vez que el poder decide matar, el Estado se vuelve contra su mayor fundamento moral. Y lo más alarmante es que la furia de las armas estadounidenses no se dirige contra todos los déspotas por igual: mientras Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador consolidan sus propios autoritarismos sin sanción ni bombardeos, la mira se posa sobre los enemigos que representan un desafío estratégico o económico.
Lo que está en juego no es solo la vida de quienes puedan morir bajo las balas o bombas, de la potencia que sea, sino el sentido mismo de la política. Recuperar la mesura es hoy un imperativo civilizatorio: frente a la tentación de matar, el mundo necesita pensar a la política como el arte supremo de impedir la muerte violenta y su expresión masiva en la guerra.
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