¿Reforma en la UNAM?

El foro de análisis “Reforma y futuro de la UNAM”, que se llevará a cabo del 17 al 20 de Marzo en nuestra máxima casa de estudios, será ejemplo de la pluralidad que se respira en nuestra universidad, pero también de la apertura al diálogo que desde la rectoría de la UNAM se impulsa de manera permanente.

Por Jorge Márquez Muñoz

En días previos — específicamente el 11 de Marzo— el Dr. Leonardo Lomelí acudió a la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM a aperturar el seminario “La reforma Político-electoral que México requiere”.  Fue un evento magno en el que destacadas figuras universitarias se reunieron para discutir qué medidas se deben implementar en el plano político-electoral para mejorar el funcionamiento de nuestra democracia. En este sentido, el foro de análisis “Reforma y futuro de la UNAM” puede verse como la continuación del citado seminario aunque aplicado al interior de nuestra universidad.

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 ¿Es prudente una reforma de la UNAM? ¿Cómo debe realizarse una eventual reforma? ¿Cuáles serían las implicaciones de esta? Todas estas preguntas serán respondidas en el citado foro de análisis, pero más allá de las posibles respuestas, la simple organización de este evento da cuenta  de varios puntos. Uno, que una reforma a la UNAM no puede darse sin la participación de la comunidad universitaria; dos, que dicha participación debe acompañarse de un análisis crítico de la situación, en el que la libre discusión de ideas y la tolerancia sean los ejes del debate; y tres, que cualquiera que sea el resultado de las deliberaciones, existe un principio que debe quedar inalterado: la autonomía universitaria. Es precisamente en este punto que me gustaría compartir una breve reflexión.

Nuestra universidad ha tenido cuatro leyes orgánicas que han sentado las bases para su funcionamiento. La primera, de 1910, establecía que el rector de la universidad era designado por el Presidente de la República y que su jefe sería el secretario de educación pública. Aquí no existía rastro alguno de autonomía.

La segunda ley, de 1929, surge como reacción del Presidente Portes Gil ante una huelga de estudiantes en la Escuela Nacional de Jurisprudencia. Los huelguistas no habían exigido la autonomía —de hecho sus reivindicaciones eran completamente ajenas a esta— pero el Ejecutivo Federal, al rechazar sus demandas, optó por otorgar autonomía a la universidad y así desentenderse del problema. Luego, la primera autonomía de nuestra universidad fue una coyuntural y arbitraria, pero eso no impide que hubiera sido algo negativo.

La tercera ley, la de 1933, surge no por rechazo a la del 29,  sino en realidad por una embestida del gobierno federal a la universidad. Recordemos que en el mismo 1933 el gobierno de Lázaro Cárdenas decretó la “educación socialista” en la constitución. Esto suscitó posiciones encontradas dentro de la comunidad universitaria: por un lado estaban los comandados por Antonio Caso, que creían que la misión de la universidad debía ser la reflexión intelectual que solo de manera indirecta contribuyera a atajar los problemas del país; y por el otro lado estaban los liderados por Vicente Lombardo Toledano, que creían que la universidad debía tener compromiso político.

Como reacción al malestar que la “educación socialista” causó dentro de la universidad, el gobierno de Cárdenas propuso una nueva ley orgánica con evidente mala fe: como en 1929 se había otorgado la autonomía, la nueva ley sugería que con esa autonomía también debía prevalecer una independencia económica frente al Estado. Es decir, la ley de 1933 proponía ahorcar presupuestalmente a la universidad dada la renuencia de una gran parte de la comunidad universitaria a plegarse a una concepción de una universidad militante, con compromiso político y alineada a los programas del cardenismo. Julio Jiménez Rueda dice que la ley de 1933 proponía “reducir a la Universidad al hambre”; Lucio Mendieta que se condenaba a la universidad “a desaparecer por inanición”; y Diego Valadés que “no había buena voluntad” sino “un ostensible amago”[1].

La última ley orgánica de nuestra universidad es la actual, la de 1945. En ella se estableció una sana autonomía en la que el Estado tenía obligación de financiar a la UNAM, pero las autoridades y funcionarios de la universidad eran designados por la propia comunidad universitaria, sin intervención alguna del gobierno federal. Esto era un cambio radical respecto a las anteriores leyes: en 1910 no existía autonomía alguna; en 1929 había una autonomía parcial, pues el Presidente enviaba una terna de candidatos a rector y el consejo universitario se encargaba de seleccionar a uno de ellos; en 1933 se vivió un serio retroceso, pues a pesar de que ahora el rector lo elegía el consejo universitario sin intervención del presidente, en la práctica esa decisión, así como el funcionamiento mismo de la universidad, se encontraba a expensas del presupuesto otorgado por el gobierno, que ahora no tenía ninguna obligación de financiar a la máxima casa de estudios.

En cambio, la ley de 1945 fue doblemente virtuosa: por un lado se encargó de que las autoridades universitarias continuaran siendo electas por la propia comunidad, y por el otro, aseguró a la universidad presupuesto por parte del Estado. A partir de 1945 el consejo universitario ya no sería el encargado de elegir al rector, sino una junta de gobierno conformada por miembros notables de la comunidad universitaria. Esta es una forma de gobierno practicada en las más prestigiosas universidades del mundo, sean públicas o privadas: Oxford, Cambridge, Harvard… y por supuesto la UNAM.  La ley de 1945, además, ha probado ser la más exitosa de las cuatro que ha tenido nuestra universidad, pues es la que ha dotado a la institución de mayor estabilidad: con la ley de 1910 había un rector cada 1.7 años, con las de 1929 y 1933 cada 1.3 años, y con la de 1945, un rector cada 4.7 años.

En resumidas cuentas, la autonomía universitaria es un principio inseparable de nuestra universidad. Fue conquistada a través del tiempo y con esfuerzo, y ha permitido que la UNAM goce de estabilidad y sea un referente académico y cultural a nivel mundial. El  foro de análisis “Reforma y futuro de la UNAM” debe tomar en cuenta la importancia de la autonomía para nuestra institución. Celebro la realización de este foro y el impulso otorgado por el Dr. Leonardo Lomelí Vanegas al mismo, pues enarbola los valores universitarios y ejemplifica la apertura al diálogo de nuestras autoridades. 

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[1] Como se cita en: Sergio García Ramírez, La Autonomía Universitaria en la Constitución. Ciudad de México: UNAM, 2023,p.56-57.

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