La coyuntura actual de Venezuela no puede comprenderse únicamente como una crisis interna de gobernabilidad. Se trata, en realidad, de un nudo problemático del orden internacional contemporáneo, en el que confluyen el debilitamiento del Estado de derecho, la erosión de la soberanía, la instrumentalización del discurso democrático y la reconfiguración del poder global.
Por: Pamela Lili Fernández Reyes Investigadora de la Universidad Autónoma de Nayarit
pamela.fernandez@uan.edu.mx
Es innegable que Venezuela atraviesa desde hace años una crisis estructural que compromete los elementos esenciales de un Estado constitucional: elecciones con credibilidad limitada, concentración del poder, debilitamiento institucional y profunda afectación de los derechos humanos. Sin embargo, el problema se complejiza cuando, tras procesos electorales cuestionados o incluso perdidos, el poder se mantiene sin asumir costos políticos reales, lo que fractura la legitimidad democrática y transforma el derecho en una herramienta de conservación del poder.
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No obstante, el análisis jurídico-político exige ir más allá de la crítica interna y formular una pregunta central: ¿quién ha otorgado a Estados Unidos —y a otras potencias— la autoridad para asumirse como garantes universales de la democracia, incluso mediante mecanismos de presión que vulneran principios básicos del derecho internacional?
Desde la perspectiva del derecho internacional público, esta tensión revela una contradicción no resuelta entre dos pilares normativos: el principio de autodeterminación de los pueblos y soberanía estatal, y la protección internacional de los derechos humanos y la democracia. Como advirtió Hans Kelsen, el derecho internacional carece de un órgano coercitivo imparcial, lo que provoca que su aplicación dependa, en gran medida, de la correlación de fuerzas entre los Estados (Kelsen, 1966).
La historia reciente confirma esta advertencia. Bajo la bandera de la democracia y los derechos humanos se han justificado intervenciones militares, sanciones económicas y bloqueos diplomáticos cuyos efectos han sido devastadores para las poblaciones civiles. Francis Fukuyama, tras anunciar el “fin de la historia”, reconoció posteriormente que la imposición externa del modelo liberal-democrático produjo guerras, Estados fallidos, desplazamientos masivos y profundas crisis humanitarias (Fukuyama, 2014).
En este sentido, Venezuela no es solo un caso nacional, sino un síntoma del agotamiento del orden liberal internacional, donde la defensa de la democracia se vuelve selectiva y funcional a intereses estratégicos, particularmente energéticos y geopolíticos.
Multipolaridad, hegemonía y crisis del multilateralismo
El escenario global contemporáneo se caracteriza por una transición hacia una multipolaridad estratégica, en la que las grandes potencias no buscan reglas universales, sino equilibrios de poder y zonas de influencia.
Estados Unidos mantiene un discurso normativo basado en la democracia liberal, pero lo aplica de forma diferenciada, subordinándolo a su seguridad nacional. Mientras que, Rusia reivindica una soberanía fuerte y rechaza cualquier intervención externa, aun cuando ello implique tolerar regímenes autoritarios aliados. Y China propone un modelo alternativo: desarrollo económico sin democratización política, basado en la no injerencia y el control tecnocrático del poder.
En este contexto, la ONU enfrenta una profunda crisis de legitimidad. El Consejo de Seguridad, paralizado por vetos cruzados, refleja más un equilibrio heredado de la posguerra que las necesidades normativas del siglo XXI. Como sostiene Jürgen Habermas, el derecho internacional corre el riesgo de transformarse en un derecho del más fuerte si no logra institucionalizar mecanismos reales de legitimación democrática global (Habermas, 2006).
México ante la presión internacional: soberanía y seguridad
La posición de México se vuelve especialmente sensible cuando el presidente de Estados Unidos sugiere que “algo tendrá que hacerse” respecto de los cárteles en territorio mexicano. Tales afirmaciones colocan al país en un umbral peligroso entre la cooperación internacional en materia de seguridad y la vulneración del principio de no intervención.
Desde el punto de vista jurídico, cualquier acción unilateral sería incompatible con la Carta de la ONU y con el derecho internacional consuetudinario. Sin embargo, la expansión del crimen organizado transnacional ha generado un discurso de seguridad global que, como advierte Luigi Ferrajoli, tiende a desplazar al derecho, sustituyéndolo por lógicas de excepción permanente (Ferrajoli, 2011).
¿Hacia dónde va la humanidad? Nombrar la nueva era…
Nos encontramos en lo que podría denominarse la era del “pos-orden liberal” o de la “gobernanza fragmentada”, caracterizada por democracias formales debilitadas, Estados soberanos condicionados y consensos entre potencias para preservar su estatus dominante.
El progreso ya no se mide en términos de justicia social o dignidad humana, sino en capacidad de control, acumulación y supervivencia geopolítica. La democracia se vacía de contenido cuando se convierte en un instrumento discursivo, y el derecho internacional pierde fuerza cuando deja de ser un límite efectivo al poder.
Reflexión final
El desafío del siglo XXI no es elegir entre soberanía o derechos humanos, sino reconstruir un derecho internacional capaz de articular ambos principios sin subordinarlos a la hegemonía. Más que salvadores, el mundo necesita instituciones legítimas; más que intervenciones, coherencia normativa; y más que discursos democráticos, Estados de derecho reales, internos y globales.
La pregunta decisiva ya no es qué pasará con Venezuela, Estados Unidos o México, sino qué tipo de humanidad estamos dispuestos a normalizar en este nuevo ciclo histórico.
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