Captura de pantalla del sitio web de la UNESCO. Imagen tomada con fines estrictos de divulgación del Día Internacional de la Lengua Materna
México es un país pluricultural, así lo refiere la Constitución y lo confirma nuestra historia. Su existencia engrandece la riqueza humana, el patrimonio cultural y la diversidad lingüística.
Escribe Adriana Rivas**
De acuerdo con el INEGI (2020) hay 7,364,645 personas hablantes de alguna lengua indígena, que representan el 6.1% del total de la población. De cada 100 personas de 3 años y más, 12 no hablan español. Actualmente existen 68 pueblos indígenas, que reúnen entre sí 364 variantes lingüísticas.
En noviembre de 1999, la UNESCO proclamó el 21 de febrero como un día para conmemorar a todas las culturas del mundo y promover el respeto y la preservación de la diversidad lingüística. Sin embargo, las amenazas de extinción, violencia, despojo, desplazamiento forzado y la constante violación a sus derechos humanos, siguen perpetrando a las personas, pueblos y comunidades indígenas.
Desde la Defensoría Pública Federal, institución que otorga servicios gratuitos de defensa penal y asesoría jurídica, se han realizado diversas acciones en esta materia bajo el liderazgo de su titular, Netzaí Sandoval Ballesteros.
Por ejemplo, en 2018 el Instituto Federal de La tarea de Defensoría Pública únicamente contaba con 46 personas servidoras públicas con capacidad de traducir en 39 variantes lingüísticas. A la fecha, se ha incrementado a 121 abogadas y abogados que brindan atención en 148 lenguas. Con ello se permite a las personas indígenas que no están familiarizadas con el sistema jurídico mexicano y que enfrentan un proceso legal, el acceso a la justicia y una defensa adecuada en condiciones de igualdad y con enfoque intercultural.
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También se tradujo la Ley de Amnistía en 22 lenguas indígenas: Chatino oriental bajo, Chinanteco central, Chinanteco de la Sierra, Chontal de Oaxaca alto, Chontal de Tabasco central, Maya, Mixe alto del sur, Mixe bajo, Mixteco del noroeste central alto, Mixteco del noroeste central bajo, Mixteco del sureste central, Náhuatl, Otomí del centro, Popoloca del poniente, Seri, Tlapaneco del centro, Tlapaneco central bajo, Triqui de San Juan Copala, Tseltal del oriente, Yaqui, Zapoteco de la planicie costera y Zapoteco de Valles del norte central.
Durante el periodo 2020-2021 se representaron a 648 personas hablantes de lengua indígena, 594 hombres y 54 mujeres. Además, se otorgaron 64 servicios de asesoría jurídica en materias como civil, mercantil, fiscal, ambiental, entre otras.
Uno de los casos paradigmáticos que fueron litigados por la Defensoría Pública Federal tiene relación con Carmen, mujer indígena monolingüe de 79 años, que fue acusada por el delito de peculado por desviar recursos públicos entregados por la entonces SEDESOL. Todos los documentos que firmó (mediante huellas) estaban redactados en español y la dejaron por meses en prisión porque no contaba con intérprete o traductor.
Tal parece que el sistema de justicia sigue en deuda con las personas indígenas, sea en lo individual o colectivamente, pues lejos de cumplir con el artículo segundo de nuestra Constitución y todos los tratados internacionales en la materia, persiste la discriminación, el estigma y la obstaculización del ejercicio de sus derechos.
Es obligación del Estado mexicano preservar las lenguas, tradiciones, usos y costumbres. Desde la Defensoría Pública Federal, y bajo las líneas del Ministro Presidente Arturo Zaldívar, se apuesta por la protección y defensa de los derechos humanos de quienes más lo necesitan.
El acceso a la justicia debe ser regla, no la excepción.
Adriana Rivas es Licenciada en derecho por la UNAM, estudiante de maestría en Criminología y política criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Asesora jurídica federal en temas de violencia de género y trata de personas en la CEAV y actualmente asesora jurídica en la Secretaría Técnica de Cooperación Interinstitucional y Normatividad del IFDP.
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