Accidentes: una violencia silenciosa

En el marco de la salud pública global, la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10/11) de la OMS, define los accidentes como “causas externas de morbilidad y mortalidad”, en el mismo grupo en que se incluyen los homicidios y los suicidios. Bajo esta perspectiva, las muertes accidentales no son simples hechos fortuitos, sino expresiones de la violencia estructural que atraviesa a las sociedades: condiciones de riesgo creadas o toleradas por fallas en la regulación, en la infraestructura y en la cultura de la prevención.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

En México, las cifras oficiales del INEGI revelan la magnitud del problema: en 2024 se registraron 818,437 defunciones, de las cuales el 10.4% correspondió a causas externas como accidentes, homicidios y suicidios. Los accidentes ocuparon el quinto lugar general de mortalidad, con 39,729 muertes en ese año. Dicho de otra manera, cada día mueren en promedio más de 100 personas por accidentes, siendo los de tránsito los más numerosos y devastadores.

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La semana del 7 al 14 de septiembre de 2025 mostró con crudeza lo que estas cifras representan. En Iztapalapa, Ciudad de México, la explosión de una pipa de gas arrasó con viviendas y vehículos, dejando un saldo de múltiples fallecidos y heridos. En Puebla, otro accidente carretero involucró transporte de carga y automóviles particulares, mientras que en Yucatán una volcadura masiva en carretera reveló la fragilidad de los sistemas de transporte interurbano. Estos sucesos son parte de una constante de mortalidad violenta no intencional que año con año enluta a miles de familias.

Además de la imprudencia o la práctica de conductas de riesgos de conductores, estos hechos exponen fallas estructurales: carreteras mal diseñadas o en deterioro, señalización insuficiente o inadecuada, ausencia de verificación técnica vehicular y débil supervisión regulatoria. La violencia de los accidentes no solo está en la colisión, sino en las condiciones que la hacen posible.

Si las muertes son la cara más visible del problema, las lesiones no fatales representan una carga igualmente enorme para el sistema de salud. La OMS estima que, por cada persona fallecida en un accidente de tránsito, al menos 20 a 30 personas resultan lesionadas; muchas de ellas con secuelas permanentes, incluyendo amputaciones, daños neurológicos o discapacidades motoras. En México, esto implica centenares de miles de personas al año que quedan marcadas de por vida, con un impacto devastador en su calidad de vida, en las dinámicas familiares y en la productividad económica.

Las pérdidas materiales tampoco son menores: vehículos destruidos, infraestructura dañada, viviendas afectadas y costos de atención médica de urgencia. A esto se suman los costos indirectos: incapacidad laboral, pérdida de ingresos familiares, litigios legales y procesos de indemnización.

Al ubicar los accidentes dentro de la categoría de causas externas, la OMS nos obliga a verlos como una forma de violencia. No se trata de violencia ejercida por una voluntad criminal directa, como en el homicidio, sino de una violencia estructural y socialmente tolerada, donde el Estado, los gobiernos locales y la ciudadanía comparten responsabilidades. Cada bache sin reparar, cada señal de tránsito inexistente, cada conductor que maneja bajo los efectos del alcohol o de la fatiga, son omisiones y decisiones que matan.

La violencia de los accidentes radica en su previsibilidad y prevenibilidad. Se sabe cómo evitarlos: infraestructura segura, transporte público de calidad, campañas permanentes de educación vial, supervisión técnica y cumplimiento estricto de las normas de tránsito. Sin embargo, los avances en estas áreas han sido deficientes e insuficientes.

De esta forma, los casi 40 mil muertos por accidentes en 2024 deberían leerse como un déficit estructural colectivo en la protección de la salud y vida. El país necesita una política integral que combine salud pública, seguridad vial y planeación urbana. Urge fortalecer programas de prevención, garantizar carreteras y calles seguras, regular con firmeza el transporte de materiales peligrosos y asumir la movilidad como un derecho humano vinculado a la seguridad y la salud.

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Investigador del PUED-UNAM