Acuerdo de Escazú: por una América Latina con más y mejor democracia ambiental

Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y la Caribe (CEPAL), exhorta a todos los países de la región de firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú.

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Este Acuerdo fue firmado en Escazú, Costa Rica, el 4 de marzo de 2018, tras seis años de negociaciones, y tiene el objetivo de promover el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe.

Después de la adopción del tratado de Escazú, el 27 de noviembre de 2018 quedó abierto para su firma. A la fecha, 16 países lo han firmado: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Santa Lucía y Uruguay.

Con motivo del primer aniversario de la adopción de este tratado, la secretaria ejecutiva de la CEPAL publicó una carta abierta en la que solicita a todos los países de la región a firmar y adoptar este acuerdo a la mayor brevedad posible. 

Asimismo, la secretaria Bárcena destacó que este acuerdo contribuye a la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y al cumplimiento de acuerdos multilaterales en esta materia como el Acuerdo de París.

La secretaria recordó que no solo se trata de un acuerdo entre Estados, también entre cada Estado con sus sociedades. “Es un acuerdo ciudadano, hecho por y para las personas de nuestra región. Recoge nuestras prioridades regionales, reconoce y desarrolla derechos democráticos fundamentales y coloca la igualdad al centro del desarrollo, buscando incorporar a todos los sectores de la sociedad para afrontar desafíos ambientales de tal magnitud como el cambio climático, los desastres naturales, la desertificación o la pérdida de biodiversidad”, subrayó.

Este documento es el primer tratado regional en materia ambiental de América Latina y el Caribe. Además de que en él se abordan aspectos como el uso sostenible de los recursos naturales, la conservación de la diversidad biológica, la lucha contra la degradación de las tierras, el cambio climático y el aumento de la resiliencia ante los desastres, también se reconoce, por primera vez en todo el mundo, a los defensores de los derechos humanos en asuntos medioambientales.

De esta manera, el Acuerdo de Escazú es un instrumento que pretende prevenir conflictos, lograr que las decisiones de política pública se tomen de manera informada, así como el fomentar buenas prácticas en cuanto a la inclusión, rendición de cuentas y trasparencia gubernamental.

Frete a ello, la secretaria Alicia Bárcena concluye que “hoy, más que nunca, nuestra región requiere de más y mejor democracia ambiental y de una pronta entrada en vigor e implementación del Acuerdo de Escazú en beneficio de nuestros países y sus sociedades”.