En 2021, creció la precariedad laboral

Los datos del INEGI, dados a concer a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) con datos del IV Trimestre del 2021, es decir, los últimos tres meses del año pasado, muestran que creció la precariedad laboral, pues se incrementó el número y las tasas de las personas que no tienen acceso a prestaciones, que requieren de mayor número de horas de trabajar y que se ubican ya bien, en condiciones de informalidad, o directamente en el sector informal.

Escribe Saúl Arellano

Creció la precariedad en el acceso a servicios de salud

Los datos del INEGI son altamente preocupantes, pues de los 56.61 millones de personas que se encuentran ocupadas en el país, solamente 21.65 millones, es decir, solo el 38.2% de quienes trabajan, tienen acceso a servicios médicos por el trabajo que desarrollan. En contraste, 34.56 millones, es decir, 61.75% no cuentan con esa prestación.

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Adicionalmente, hay 3.6 millones de personas que trabajan, pero que laboran únicamente 15 horas o menos de forma remunerada; hay además 10 millones que laboran de 15 a 34 horas; 26 millones laboran entre 35 y 48 horas a la semana; mientras que 15.52 millones trabajan más de 48 horas por semana; es decir, se trata de personas que laboran mucho más de lo aceptable en los estándares de la Organización Internacional del Trabajo.

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Creció la precariedad asociada a la informalidad

Los resultados de la ENOE indican que, en el cuarto trimestre de 2021, la suma de las personas en todas las modalidades de empleo informal, fue de 31.6 millones, que representó 55.8% de la población ocupada (Tasa de Informalidad Laboral 1).

El indicador tuvo un aumento de 2.2 millones respecto al mismo lapso de 2020.

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De manera detallada, 16.3 millones conformaron específicamente la ocupación en el sector informal[1], un crecimiento de 1.6 millones de personas, y constituyeron 28.8% de la población ocupada (Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1).

7.2 millones corresponden al ámbito de las empresas, gobierno e instituciones; 5.9 millones al agropecuario y 2.1 millones al servicio doméstico remunerado.

[1]   Se refiere a todas aquellas actividades económicas de mercado que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares.