La privatización de lo cotidiano. Cuando el Estado falla y el mercado se llena los bolsillos

Imagina un domingo cualquiera en el estado de Guadalajara, Puebla o Ciudad de México, la familia Méndez quiere salir, sus opciones son pocas. La primera es ir al centro comercial de moda que usualmente está abarrotado, ahí se encuentra el cine que presume precios prohibitivos y al que solo pueden acudir cuando hay promoción. Otra opción es el parque, pero el más cercano está a una hora de su casa y la familia debe tomar de dos o tres rutas de autobús para llegar. Ese mismo día, la hija menor de la familia comienza a toser, lo que le recuerda al padre que, en el IMSS, la cita con el médico familiar tiene una espera de tres semanas al menos, así que el consultorio del Dr. Simi de la esquina, es la opción más razonable. Para moverse al parque, piden un auto mediante una aplicación, pues el autobús solo pasa una vez cada hora y los taxis casi no pasan por la avenida donde viven.

Esta rutina no es culpa de la familia, sino que es el síntoma de un Estado insuficiente, donde cada servicio público abandonado se convierte en un negocio privado. La realidad es clara, el auge de empresas como el Dr. Simi, Uber, las escuelas privadas o los centros comerciales no es gracias a su innovación, sino la monetización del fracaso del Estado mexicano en garantizar derechos básicos, profundizando la desigualdad y fragmentando el tejido social. Esta situación refleja la captura neoliberal de la vida cotidiana, donde hasta el derecho a respirar se convierte en mercancía.

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Ocio encarcelado y salud mercantilizada. La falta de los derechos sociales

El Estado al abandonar los derechos sociales más fundamentales, pavimenta el camino para que la iniciativa privada se aproveche y mercantilice estos vacíos. Comencemos por el derecho al ocio y la recreación, convertido en un lujo para trabajadores exhaustos. En la vida de un trabajador promedio, los parques públicos son espejismos, pues en ciudades como Zacatecas, Monterrey o San Luis Potosí, hay un pequeño parque entre muchas colonias populares. Las áreas verdes per cápita no superan los 3 m², lejos de los 9 m² recomendados por la OMS, de hecho 51% de las áreas verdes de la Ciudad de México se encuentran en zonas privilegiadas según la UNAM (delegaciones como Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero y Coyoacán las concentran). Como consecuencia, los centros comerciales se han convertido en el lugar de encuentro de los ciudadanos cuya identidad se ha construido en torno al consumo. Por otro lado, los salarios precarios no permiten tener opciones de ocio más allá de las gratuitas, debido a sueldos promedio nacionales de entre $8,000 y $10,000 pesos mensuales (CONEVAL). Si a esto le agregamos que una familia gasta más del 50% en renta, transporte y alimentos. ¿Qué dinero queda para cultura o deporte?. Lo que resta son centros comerciales vistos como templos del consumismo capitalista reemplazando a los espacios públicos. 

En salud, el problema es aún peor. Las farmacias y los consultorios médicos del Dr. Simi, son una tabla de salvación para miles de personas en un sistema colapsado. Los 8,000 consultorios de Similares no son un milagro de la innovación empresarial, sino el aprovechamiento del abandono del sistema público de salud con déficit de 188,000 médicos especialistas como declaró el Secretario de Salud Alcocer en 2023. Mientras el presupuesto del PIB que se dedica a salud es de 5.4% (la OCDE recomienda destinar el 9.2% en promedio), los consultorios privados facturan millones de pesos. Incluso las mascotas ahora tendrán la opción de acudir al veterinario con el Dr. Simi y su nuevo servicio Simivet para ahora, además, privatizar la salud animal. Sin embargo, eso no es lo peor, pues quienes no pueden pagar ni siquiera al Dr. Simi, mueren en listas de espera larguísimas. Este es el resultado de que México destine menos presupuesto para la salud que países como Brasil, Argentina o incluso El Salvador.

Transporte y Educación.

En el transporte y la educación, la paradoja es más perversa. El transporte público, que debería ser la columna vertebral de la movilidad urbana moderna, hoy es un campo minado. El transporte público, deteriorado y excluyente, con choferes mal capacitados y sin accesibilidad para personas mayores, con discapacidad o cuidadoras con niños, no es una opción viable para muchos ciudadanos. Los servicios de aplicaciones como Uber y Didi, pasaron de salvadores a oligopolios, pues inundaron el vacío dejado por autobuses y taxis inseguros y con rutas insuficientes. En un principio, estos servicios eran conocidos por ofrecer bebidas al pasajero, contar con autos en mejores condiciones que los taxis, la facilidad de pedirlos en un punto específico y ser más seguros, sin mencionar la cortesía del chofer. Hoy, con tarifas dinámicas, estos servicios son mucho más caros que los taxis tradicionales. Estos servicios controlan 50% del mercado en algunas ciudades, pero excluyen a adultos mayores y personas con discapacidad, sin mencionar que disminuyen la competencia, pues sus aplicaciones son muros digitales con los que es difícil competir. Actualmente, la inseguridad que existe en estas aplicaciones y las pocas medidas que se han tomado, han llevado a que poco a poco hayan mejorado sus plataformas con opciones tan básicas como compartir la ubicación en tiempo real o enviar mensajes instantáneos de S.O.S. Se podría argumentar incluso que, al día de hoy, la única diferencia entre un servicio de aplicación y taxi es que el primero es más abundante, aunque también más caro.

La educación es otro rubro del Estado que exhibe una fractura social honda y compromete el futuro de miles de niños y niñas en el país. El éxodo de las y los estudiantes hacia las instituciones privadas es tangible, pues muchos están en escuelas particulares a todos niveles educativos. Los padres de familia hipotecan su vida para pagar colegiaturas que superan fácilmente un salario mínimo mensual de $9,000 mensuales, con tal que sus hijos acudan a instituciones que no tengan problemas básicos como la carencia de agua corriente, cupos limitados de alumnos en el aula o flexibilidad de horarios. De igual manera, la falta de oportunidades para los estudiantes de las instituciones públicas, es una razón más para que cambien a escuelas privadas, y es observable con alumnos destacados en competencias internacionales. No es raro escuchar de estudiantes de instituciones privadas, que viajan a Indonesia o Singapur con patrocinios corporativos para acudir a algún concurso internacional de matemáticas, aeronáutica o cualquier otra disciplina. En el otro extremo, en las instituciones públicas ni siquiera llegan las convocatorias, y aunque llegasen no habría posibilidad económica para solventar viaje alguno por parte de la institución o de los padres y madres de los estudiantes.

Lo que el derecho exige y el Estado ignora

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), firmado por México, establece en su Artículo 6-13, la obligación estatal de garantizar salud, educación, recreación y transporte digno. Del mismo modo, la Constitución mexicana (Art. 3°, 4° y 123º) lo confirma. La privatización descontrolada viola estos principios al convertir derechos en privilegios de mercado subastados al mejor postor y promoviendo desigualdades. A nivel internacional, el Relator de Naciones Unidas sobre Pobreza Extrema, Philip Alston, señaló en 2023 que México es “fabrica desigualdad” al subsidiar empresas privadas en lugar de fortalecer servicios públicos. Como advirtió el sociólogo Pierre Bourdieu, esta dinámica crea un habitus donde el sujeto se acostumbra al abandono de espacios por el Estado, e incluso se culpa a sí mismo por la situación precaria en que se encuentra. En este espacio donde el Estado falló, el mercado lo convirtió en zonas de extracción de plusvalía, fragmentando la cohesión social de la comunidad. 

Si bien es cierto que algunos servicios privados surgen por innovación genuina es posible afirmar que la mayoría de las grandes empresas internacionales y nacionales han crecido a causa de la ineficiencia estatal. Está por demás decir que, no toda empresa es un monstruo, la farmacia popular del barrio es necesaria y está lejos de ser el problema, sino que el verdadero problema son los oligopolios que, con la ausencia del Estado, secuestran derechos y los convierten en bienes de consumo para quien pueda pagarlos. 

Conclusión

El auge de Dr. Simi y Uber no es emprendimiento, es la prueba de un Estado que incumple su mandato social y entrega sus ciudades a las inversiones privadas, los centros comerciales y al consultorio de $30 pesos. Es necesario recuperar el espacio público y medidas deben ser tomadas ya. Las alternativas que se proponen no son nuevas, por el contrario, son elementos que se repiten constantemente por los expertos en políticas públicas como una reforma fiscal que grave a las grandes fortunas para aumentar el presupuesto en salud y educación; transporte público digno que permita a las personas disfrutar de sus derechos; proliferación de espacios públicos como parques y que el Estado, regule a los desarrollos inmobiliarios con el fin de crear espacios verdes. Finalmente, es necesario señalar que la privatización nos vende espejismos, ya que hoy pagamos por respirar en centros comerciales, por sanar en farmacias de Similares, por movernos en aplicaciones explotadoras. Recuperar lo público no es nostalgia, es la batalla por la vida digna.

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