Investigaciones del Colectivo Internacional de Estudios de Drogas y Derecho señalan que en México se registra una tendencia a maximizar el uso de la cárcel para afrontar problemas sociales, como lo es el consumo de drogas ilegales.
En concordancia con el artículo 19 de la Constitución Mexicana, las violaciones de la ley catalogadas como “delitos contra la salud” deben ser penadas con prisión. El consumo de sustancias ilícitas no es considerado un delito en la legislación, sin embargo, la política de drogas resulta ser incongruente porque la posesión, el suministro, la distribución, el cultivo y el transporte de estas sustancias sí lo son.
De acuerdo con datos de la Procuraduría General de la República, entre 2006 y 2014 fueron detenidas 453 mil 69 personas a nivel federal por cometer delitos contra la salud. De éstas, 175 mil 993 fueron detenidas por posesión de drogas y 156 mil 189 por consumo. Ello quiere decir que 73.3% de las personas privadas de la libertad a nivel federal por delitos de drogas entre dichos años eran poseedoras o consumidoras de alguna sustancia ilícita, aunque por este último acto no debe llevarse a prisión a los mexicanos. Al respecto, el Centro de Investigación y Docencia Económicas señala que los recursos públicos no deben ser destinados a condenar actos que no son tipificados como penales.
Es importante destacar que la mayoría de las detenciones relacionadas con los narcóticos, tanto a nivel local como federal, están específicamente relacionadas con la marihuana. De acuerdo con la Primera Encuesta en Centros Penitenciarios Federales del CIDE, realizada en 2012, 62% de la totalidad de población en la cárcel se encontraba privada de su libertad por delitos contra la salud, de las cuales 58.7% habían sido sentenciadas por un delito relacionado con la marihuana y 38.5% por su posesión.
Además, existen sectores de la población que son particularmente vulneradas por la política de drogas actual, como las mujeres y los jóvenes. 65.2% de las personas sentenciadas en 2012 por delitos de narcóticos eran personas de entre 18 y 34 años de edad. Asimismo, las conductas relacionadas con las drogas fueron la primera causa de detención de adolescentes. Es necesario cuestionarse la eficacia de la política contra las drogas en México, pues para expertos del CIDE y de otras instituciones, el consumo de drogas es un problema de salud pública y de causas sociales, por lo cual debe ser resuelto como tal para detener el uso injustificado de recursos públicos, la criminalización de la población y disminuir la violencia.
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