Empleo precario y economía estancada

Los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo muestran un panorama complejo. En junio de 2026, la población económicamente activa ascendió a 61.9 millones de personas. Sin embargo, la población ocupada se redujo en 84 mil personas, mientras que la desocupada aumentó en 132 mil. Como consecuencia, la tasa de desocupación abierta pasó de 2.7% en junio de 2025 a 2.9% en el mismo mes de 2026. Se trata de un porcentaje cuyo incremento, acompañado de la contracción del empleo y el avance de la informalidad, revela una economía con capacidades insuficientes para incorporar productivamente a una población que continúa creciendo.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Adicionalmente, la tasa de participación económica cayó de 59.8 a 58.8%, lo que implica que una proporción creciente de personas permaneció fuera del mercado de trabajo. La población no económicamente activa llegó así a 43.3 millones, 1.7 millones más que en junio del año anterior. Dentro de este conjunto, 4.7 millones declararon estar disponibles para trabajar, aunque no realizaron una búsqueda activa.

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México no tiene, en ese sentido, un desempleo reducido porque su economía genere suficientes puestos de trabajo dignos, estables y bien remunerados. Lo tiene, en buena medida, porque millones de personas no pueden permanecer desempleadas durante largos periodos: deben aceptar cualquier actividad que les permita obtener algún ingreso, aunque carezca de contrato, seguridad social, estabilidad o una remuneración suficiente. Por ello, la baja desocupación convive con una elevada informalidad y con condiciones críticas de ocupación. La tasa de informalidad laboral aumentó de 54.8 a 55% entre junio de 2025 y junio de 2026, por lo que 33.1 millones de personas trabajaron bajo alguna modalidad de vulnerabilidad laboral. Más de la mitad de la población ocupada se encuentra, por tanto, al margen de la protección efectiva que debería derivarse del derecho al trabajo.

La ocupación en el sector informal alcanzó, por su parte, a 17.9 millones de personas y representó 29.8% del total, 0.9 puntos porcentuales más que un año antes. La distinción es importante: la informalidad laboral comprende tanto a quienes trabajan en micronegocios no registrados como a quienes laboran sin seguridad social en empresas formalmente constituidas, además de trabajadores agrícolas de subsistencia y otras modalidades precarias. No estamos frente a un segmento marginal de la economía, sino ante uno de sus principales mecanismos de funcionamiento. La informalidad constituye una forma estructural de abaratar el trabajo y trasladar a las personas los costos de la enfermedad, la vejez, los accidentes laborales y la inestabilidad económica.

A ello se añade que la tasa de condiciones críticas de ocupación aumentó de 36.7 a 38.5%. Esto significa que cerca de cuatro de cada diez personas ocupadas enfrentaron jornadas o ingresos inadecuados, considerados a partir de salarios mínimos equivalentes para asegurar la comparabilidad. En paralelo, la tasa de ocupación parcial y desocupación pasó de 9 a 9.5% de la población económicamente activa.

Las desigualdades de género profundizan esta situación. La tasa de participación económica de las mujeres fue de 45.7%, frente a 73.8% entre los hombres. Además, la ocupación femenina se redujo en 166 mil personas, mientras que la masculina aumentó en 82 mil. La desocupación creció en ambos grupos, pero su tasa llegó a 3% entre las mujeres y a 2.8% entre los hombres. Estas diferencias remiten a la distribución desigual del trabajo doméstico y de cuidados, a la discriminación laboral y a la falta de servicios públicos que permitan a las mujeres incorporarse al empleo remunerado en condiciones de igualdad. El mercado de trabajo reproduce así desigualdades que se originan en otros ámbitos de la vida social y que las políticas públicas no han logrado revertir.

El deterioro laboral es inseparable del bajo crecimiento. En el primer trimestre de 2026, el producto interno bruto disminuyó 0.6% respecto del trimestre anterior y creció apenas 0.4% en comparación anual. Las actividades secundarias, fundamentales para la generación de empleos con mayor productividad, registraron una caída anual de 1.1%. La debilidad económica tuvo expresiones directas en la estructura ocupacional: los servicios profesionales, financieros y corporativos perdieron 308 mil trabajadores; los servicios sociales, 263 mil, y el comercio, 76 mil.

Estos datos muestran las consecuencias de una visión del poder que ha relegado la discusión sobre el desarrollo. Durante años, la política económica ha administrado la estabilidad sin construir las capacidades productivas, institucionales y fiscales necesarias para transformar la estructura económica. La desigualdad persistente, la baja inversión, las brechas regionales, la precariedad de los sistemas de cuidados, la debilidad de la política industrial y la insuficiente generación de empleos formales forman parte de un mismo problema. No basta con distribuir recursos si no se amplían de manera sostenida la productividad, el ingreso, la infraestructura social y las oportunidades de participación económica.

Retomar el crecimiento implica construir un estilo de desarrollo sostenible, capaz de articular inversión pública y privada, transición energética, innovación tecnológica, fortalecimiento del mercado interno, política industrial y ampliación de los sistemas universales de protección social. El objetivo debe ser elevar la productividad sin precarizar el trabajo y generar riqueza sin destruir los territorios ni profundizar las desigualdades.

El desarrollo constituye un mandato constitucional y una condición para la realización de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. El artículo 25 de la Constitución asigna al Estado la rectoría del desarrollo nacional y establece que este debe ser integral y sustentable, promover el crecimiento y el empleo, y favorecer una distribución más justa del ingreso y la riqueza. El crecimiento del desempleo abierto, la persistencia de la informalidad y la expansión de las condiciones críticas de ocupación indican que esa responsabilidad está lejos de cumplirse. México necesita volver a discutir el desarrollo porque, sin crecimiento sostenido, redistribución y empleos dignos, los derechos permanecen reconocidos en las leyes, pero negados en la vida cotidiana.

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Investigador del PUED-UNAM

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Frase clave: Empleo, empleo precario