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INE: ¿Super Junta General?

Hay reformas legales que hacen ruido político porque conservan intactos los letreros de las puertas, pero trasladan las decisiones de una sala a otra. La modificación de octubre de 2024 a la LGIPE es una de esas.

Escrito por: Sergio González Muñoz

Para recuperar el gobierno colegiado del INE, tan dañado recientemente, no basta con revisar quién nombra a sus altos mandos; también hay que examinar qué facultades salieron del Consejo General y quedaron en manos de la Junta General Ejecutiva.

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Como dice el clásico, una institución puede perder el equilibrio sin que desaparezca ninguno de sus órganos. Basta, como en este caso, con alterar quién decide, quién ejecuta y ante quién responde.

Eso ocurrió con la subrepticia reforma de octubre de 2024 a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Desplazó facultades del Consejo General, integrado por Consejerías y Representaciones partidistas, hacia la Presidencia y amplió, con una redacción extraordinariamente abierta, las atribuciones de la Junta General Ejecutiva, integrada por las y los directivos ejecutivos y técnicos del más alto nivel. Corregir solo la primera parte dejaría intacta la segunda.

La primera reforma necesaria es conocida: devolver al Consejo General la decisión colegiada sobre los nombramientos de las direcciones ejecutivas y las unidades técnicas. Antes, la Presidencia proponía y el órgano colegiado resolvía. La modificación al artículo 45 de la LGIPE permitió a la Presidencia designar directamente a esas personas, mientras conservó para el Consejo el nombramiento de la Secretaría Ejecutiva. El cambio suprimió, para buena parte de la alta dirección, la deliberación pública y la responsabilidad compartida de las consejerías.  

No se trata de negar a la Presidencia su papel conductor. Le corresponde presentar propuestas, defender sus perfiles y trabajar con quienes dirigen las áreas, pero las personas que encabezan funciones decisivas del INE deben contar también con el respaldo del órgano que, por mandato constitucional, ejerce la dirección superior del Instituto. Un nombramiento discutido y votado por el Consejo fortalece la legitimidad de quien recibe el encargo y distribuye con claridad la responsabilidad por esa decisión.

La segunda reforma puede ser todavía más importante. El artículo 48, inciso b), sustituyó la facultad de la Junta General Ejecutiva, presidida por la persona Consejera Presidenta del Instituto, de fijar procedimientos administrativos conforme a las políticas y programas del Instituto por la de aprobar acuerdos para coordinar y ejecutar actividades administrativas, técnicas y operativas vinculadas tanto con las elecciones como con el funcionamiento ordinario del INE. La amplitud de esa fórmula desdibuja la frontera entre definir el rumbo institucional y ejecutar decisiones. Es decir, entre el Consejo General y la propia Junta.

Naturalmente, la Junta cumple una tarea indispensable: reunir el conocimiento y experiencia de las áreas, coordinar su trabajo, convertir las decisiones en operación y advertir oportunamente los problemas. Su fortaleza reside precisamente en su carácter ejecutivo y técnico. Cuando la ley le concede una facultad tan extensa para aprobar acuerdos sobre casi toda la actividad institucional, abre espacio para que decisiones de alcance general se adopten fuera del Consejo General. El propio Consejo advirtió ese riesgo al impugnar la reforma: la Junta es un órgano ejecutivo cuyas actuaciones deben sujetarse a las directrices del órgano superior de dirección.

Por ello, la modificación al artículo 48 debe precisar que los acuerdos de la Junta sirven para instrumentar y coordinar lo aprobado por el Consejo, dentro de sus competencias; que las políticas, reglas y decisiones generales de dirección corresponden al Consejo; y que los asuntos con efectos institucionales relevantes deben someterse a su conocimiento y aprobación cuando proceda. Esa delimitación daría certeza a ambos órganos y protegería el trabajo técnico de la Junta.

El Congreso tiene ahora una oportunidad concreta: reformar los artículos 45 y 48 de la LGIPE en una misma decisión. Recuperar el voto colegiado para nombrar altos mandos es indispensable. Devolver la Junta General Ejecutiva a su función técnica, subordinada a las decisiones del Consejo General, también lo es. Atender sólo los nombramientos repararía una parte del problema y dejaría abierta la puerta por la que las decisiones de dirección pueden seguir saliendo del órgano al que constitucionalmente corresponden.

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