La infancia
Cada sociedad revela su verdadera disposición ética en la manera en cómo recibe y cómo trata a lo largo de sus distintas etapas de desarrollo a sus niñas, niños y adolescentes. La infancia constituye, en este sentido, una de las experiencias fundamentales desde las cuales puede interrogarse la legitimidad de nuestro proyecto civilizatorio. Cada 20 de noviembre, Día Mundial de los Derechos de la Infancia, México llega a la conmemoración con una paradoja que merece examinarse más allá de las celebraciones oficiales. De acuerdo con las estadísticas difundidas por el INEGI, entre 2016 y 2024 la pobreza multidimensional de niñas, niños y adolescentes disminuyó del 51.3 al 38.7%, lo que representa 6.4 millones menos en esa condición. Es un avance significativo que debe reconocerse, aunque la dimensión de las privaciones persistentes obliga a interrogar el significado de ese progreso.
Escrito por: Saúl Arellano
En efecto, durante 2024 había todavía cerca de 14 millones de niñas, niños y adolescentes en pobreza, de los cuales 2.7 millones enfrentaban pobreza extrema. Más profundamente, solamente el 25.8% de la población menor de 18 años podía considerarse simultáneamente no pobre y no vulnerable. Esto significa que prácticamente tres de cada cuatro integrantes de las nuevas generaciones vivían en condiciones de pobreza o bajo alguna forma de vulnerabilidad económica o social.
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La dimensión filosófica de esta realidad remite a una cuestión de suma gravedad: la posibilidad misma de construir una existencia propia depende de las condiciones materiales, afectivas, simbólicas e institucionales que hacen posible habitar el mundo. En ese sentido, es prioritario comprender que el cuidado constituye la disposición originaria mediante la cual una sociedad reconoce la dignidad de quienes dependen de otros para sostener su vida y desplegar sus capacidades.
Frent a lo anterior, las cifras del INEGI adquieren todavía mayor gravedad cuando se considera que el 41.9% de las niñas y niños de cero a cinco años vivía en pobreza en 2024; precisamente durante los años en que se establecen condiciones decisivas para el desarrollo físico, emocional, lingüístico y cognitivo. De este modo, la desigualdad comienza mucho antes de que pueda ser nombrada por quienes la padecen y deja huellas que las políticas posteriores difícilmente consiguen reparar.
Otro dato resulta especialmente revelador de las contradicciones del desarrollo social mexicano. En 2024, 20.1 millones de niñas, niños y adolescentes carecían de acceso a la seguridad social, equivalentes al 55.6% de esta población. La protección institucional continúa dependiendo, en buena medida, de las condiciones laborales y económicas de los hogares, de tal manera que las desventajas de los adultos se transmiten a sus descendientes mediante mecanismos que reproducen la desigualdad entre generaciones.
Todavía más preocupante es lo ocurrido con el acceso a los servicios de salud. Entre 2016 y 2024, la proporción de niñas, niños y adolescentes con esta carencia aumentó 22.4 puntos porcentuales. En términos absolutos, pasó de aproximadamente 5.3 a 12.9 millones de personas. Son 7.6 millones más que enfrentan esta privación. El indicador no mide directamente la calidad de la atención médica, pero sí documenta un deterioro de enorme magnitud en una dimensión esencial de los derechos sociales.
Aquí aparece una contradicción que ningún balance celebratorio debería eludir: el descenso de la pobreza monetaria y multidimensional puede coexistir con retrocesos profundos en derechos fundamentales. Una política de desarrollo social debe evaluarse también por su capacidad para construir instituciones universales, accesibles y eficaces, particularmente en aquellas dimensiones donde la ausencia de protección compromete irreversiblemente las trayectorias de vida. En ese sentido, la geografía obliga a visibilizar otra fractura. En Chiapas, ocho de cada diez niñas y niños menores de seis años vivían en pobreza; en Guerrero, siete de cada diez. Esto permite sostener que el lugar de nacimiento continúa operando como una circunstancia decisiva para las oportunidades de desarrollo; sin duda, la universalidad de los derechos encuentra así una frontera persistente en el territorio.
A estas desigualdades históricas se agregan riesgos contemporáneos que las mediciones de pobreza apenas permiten vislumbrar: la violencia criminal, el desplazamiento forzado, la explotación, las nuevas modalidades de agresión digital, y la crisis ambiental. Su consideración exige ampliar el horizonte de las políticas públicas y reconocer que la protección de las infancias comprende tanto la seguridad material como las condiciones afectivas, culturales y sociales necesarias para una existencia digna.
La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada hace treinta y siete años, estableció una transformación fundamental en nuestra comprensión jurídica y moral de la infancia. Sin embargo, el reconocimiento normativo no garantiza por sí mismo la transformación de aquellas estructuras que producen abandono, exclusión y sufrimiento; y la persistencia de las carencias revela la distancia entre la proclamación de una dignidad universal y su realización histórica.
México necesita asumir que la responsabilidad hacia las infancias constituye una cuestión central de justicia y de sentido civilizatorio. Cada derecho incumplido representa una posibilidad humana restringida; cada infancia sometida al abandono expresa una ruptura en la responsabilidad colectiva por el mundo que compartimos.
La verdadera medida de nuestro desarrollo habrá de encontrarse en la capacidad de ofrecer a cada niña y niño las condiciones para construir una vida que pueda reconocer como propia. Mientras esa posibilidad permanezca socialmente condicionada por la pobreza, el territorio o el origen familiar, la promesa democrática de igualdad seguirá inconclusa. Y con ella permanecerá interrumpido el sentido de una sociedad que, habiendo reconocido jurídicamente la dignidad de sus infancias, no consigue hacer de ese reconocimiento una realidad compartida.
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Investigador del PUED-UNAM
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