¿En qué momento una persona adolescente deja de ser vista como un ser humano en desarrollo y comienza a ser percibido como un problema de seguridad pública? La respuesta parece sencilla. Ocurre cuando la sociedad y el Estado dejan de preguntarse qué sucedió antes de la conducta que lo llevó ante una autoridad. Ocurre cuando el delito se convierte en el único hecho visible y todo lo demás -la historia familiar, la pobreza, la violencia sufrida, la exclusión escolar, el abandono institucional- desaparece del horizonte de comprensión.
Escrito por: Saúl Arellano
Las estadísticas más recientes sobre Personas Adolescentes en Conflicto con la Ley, publicadas por el INEGI, ofrecen una oportunidad excepcional para reflexionar sobre este fenómeno. El documento muestra la dimensión del sistema institucional construido para atender a quienes ingresan al Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, pero también deja entrever la persistente incapacidad del Estado mexicano para construir una política integral de prevención y reintegración social.
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Desde hace años he sostenido que una de las categorías más reveladoras para comprender la situación de las infancias en México es la del “niño problema”. Se trata de una figura construida socialmente, un mecanismo mediante el cual las sociedades trasladan hacia niñas, niños y adolescentes la responsabilidad de procesos cuya génesis se encuentra en el mundo adulto. El “niño problema” es aquel al que se acusa de fracasar en la escuela sin preguntarse por la precariedad del sistema educativo; aquel al que se señala por su conducta violenta sin indagar las múltiples formas de violencia que ha experimentado; aquel al que se castiga por infringir la ley sin reconocer que creció en territorios donde la ley suele estar ausente.
La categoría resulta particularmente útil para interpretar los datos del sistema de justicia para adolescentes. En 2024, las instituciones estatales y municipales de seguridad pública pusieron a disposición de las autoridades a más de 70 mil adolescentes por la presunta comisión de delitos o faltas cívicas. La cifra es suficientemente grande para encender todas las alarmas.
En este sentido, la mal llamada “delincuencia juvenil” debe ser entendida menos como una causa y más como una consecuencia. El adolescente que roba, que participa en actividades de narcomenudeo o que ejerce violencia contra otros suele ser el producto de una compleja acumulación de vulnerabilidades. No se trata de justificar las conductas delictivas ni de negar la responsabilidad individual, pero sí de comprender que la responsabilidad social e institucional también existe.
Los propios datos permiten advertir esta realidad. Entre los delitos registrados para adolescentes puestos a disposición por instituciones estatales predominan el robo y el narcomenudeo. No estamos observando principalmente delitos financieros sofisticados ni formas altamente especializadas de criminalidad, sino frente a conductas profundamente relacionadas con contextos de desigualdad, exclusión y economías ilegales que encuentran en los territorios más vulnerables un terreno fértil para su reproducción.
Por ello, la pregunta relevante no es por qué los adolescentes delinquen. La pregunta verdaderamente importante es por qué tantos adolescentes encuentran en la ilegalidad una posibilidad de reconocimiento, pertenencia o supervivencia. La niñez en los márgenes comienza mucho antes del contacto con la policía o con el Ministerio Público. Comienza cuando el abandono escolar deja de ser una preocupación colectiva; cuando las oportunidades culturales desaparecen de comunidades enteras; cuando la violencia doméstica se normaliza. Comienza, en suma, cuando la sociedad permite que existan territorios donde las posibilidades de desarrollo humano son radicalmente inferiores a las de otros espacios.
Por ello resulta insuficiente hablar únicamente de justicia penal para adolescentes. El problema es anterior al sistema penal. De hecho, las propias EPACOL reconocen la importancia de analizar las características sociodemográficas, de seguridad y violencia que rodean a las personas adolescentes antes de ingresar al sistema.
Quizá uno de los hallazgos más inquietantes de los datos del INEGI sea la persistencia de un flujo constante de adolescentes hacia el sistema de justicia. Durante 2024 se iniciaron 28,770 carpetas de investigación. Asimismo, se registraron más de 35 mil adolescentes imputados. Y detrás de estas cifras aparece una pregunta inevitable: ¿qué ocurrió antes para que decenas de miles de jóvenes llegaran a ese punto?
En efecto, si la prevención constituye una deuda histórica, la reintegración social representa una asignatura con muchos mayores rezagos. Las EPACOL subrayan la necesidad de evaluar si los centros de internamiento cuentan con condiciones adecuadas para la rehabilitación y reintegración social; lo cual exige reconstruir aquello que previamente se fracturó: los vínculos familiares, las trayectorias educativas, los proyectos de vida, el sentido mismo de pertenencia a una comunidad.
En el fondo, los datos del INEGI nos confrontan con el hecho radical de que las y los adolescentes en conflicto con la ley no constituyen una anomalía social, sino un espejo. Refleja las desigualdades que toleramos, las exclusiones que normalizamos y las omisiones institucionales que hemos permitido durante décadas. Por eso, cada expediente judicial debería ser leído también como un expediente social; cada medida sancionatoria, como la evidencia de una falla previa de los sistemas de protección.
Mientras México continúe concentrando la mayor parte de sus esfuerzos en administrar las consecuencias y no en transformar las causas, seguirá reproduciendo el ciclo que convierte a miles de niñas, niños y adolescentes en habitantes permanentes de los márgenes. Y por ello no es exagerado platear que no existe fracaso más profundo para un Estado que aquel que se manifiesta cuando sus infancias dejan de encontrar un lugar digno dentro del mundo que les prometió proteger.
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Investigador del PUED-UNAM
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