las infancias
En México residen 36.3 millones de personas de 0 a 17 años, 28.1 % de la población total del país. Es decir, cerca de una tercera parte del país es población infantil.
Escrito por: Valeria Martínez Guzmán
Ante ello, en las últimas décadas, nuestro país ha construido un andamiaje jurídico sólido en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes. La incorporación del principio del interés superior de la niñez en la Constitución y la promulgación de la Ley General de los Derechos de Niñas, niñas y Adolescentes representan avances significativos en el reconocimiento formal de la infancia como sujeto de derechos. Sin embargo, este progreso normativo contrasta con una realidad persistente de desigualdad, violencia y exclusión que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en el país.
La brecha entre el reconocimiento jurídico y las condiciones reales de vida de la infancia en México responde a factores estructurales como la desigualdad socioeconómica, la debilidad institucional y la fragmentación. A partir de un análisis del marco normativo y de la situación actual de la niñez, se argumenta la necesidad, y la urgencia de transitar hacia un modelo integral que coloque a la infancia en el centro de la acción estatal.
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El reconocimiento de los derechos de la infancia en México se consolidó con la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, la cual incorporó el principio del interés superior de la niñez como eje rector de la acción estatal . Este principio implica que todas las decisiones gubernamentales deben priorizar el bienestar de niñas, niños y adolescentes.
Posteriormente, la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes estableció un sistema integral de protección que reconoce derechos fundamentales como la educación, la salud, la identidad y la protección contra la violencia . Asimismo, se creó el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), con el objetivo de articular la política pública en la materia.
En el ámbito internacional, México ha asumido -desde 1989- compromisos relevantes mediante la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, que establece estándares obligatorios para garantizar el desarrollo integral de la infancia . No obstante, la existencia de normas avanzadas no se ha traducido en resultados efectivos.
La infancia en México enfrenta condiciones profundamente desiguales.
La ENSANUT- INEGI señala que diariamente 1 millón de niños, duermen con hambre todas las noches.
En el ámbito de la salud, en 2022, 15.7 millones de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años no tenían afiliación a servicio de salud (CONEVAL)
La violencia constituye uno de los desafíos más graves. Niñas, niños y adolescentes enfrentan violencia en sus hogares, comunidades y entornos digitales, así como riesgos asociados al crimen organizado.
En México, 14 niños desaparecen diariamente.
Entre el 2019 y 2023, 5,741 niñas, niños y adolescentes han fallecido por violencia homicida, 4,394 hombres y 1,347 mujeres (SESNSP, 2015-2023).
Entre 145,000 y 250,000 niñas, niños y adolescentes podrían estar en riesgo de ser reclutados o explotados por organizaciones criminales en nuestro país (REDIM)
Finalmente, el trabajo infantil sigue siendo una realidad en diversos sectores, especialmente en contextos de pobreza, lo que perpetúa ciclos de exclusión.
La persistencia de estas problemáticas responde a factores estructurales. En primer lugar, la desigualdad territorial genera una implementación desigual de las políticas públicas, debido a las diferencias en capacidades institucionales entre entidades federativas y municipios.
En segundo lugar, existe una fragmentación institucional que limita la coordinación entre dependencias. Aunque el diseño del SIPINNA busca articular esfuerzos, en la práctica enfrenta limitaciones operativas y presupuestales .
En tercer lugar, el presupuesto destinado a la infancia es insuficiente y carece de una lógica integral. Las políticas suelen dispersarse en múltiples programas sin una estrategia coordinada.
Finalmente, predomina un enfoque asistencial sobre uno basado en derechos. Las intervenciones se centran en transferencias económicas, sin atender las causas estructurales de la desigualdad.
Para cerrar la brecha entre norma y realidad, es necesario fortalecer la institucionalidad encargada de la protección de la infancia, dotándola de mayores capacidades y facultades vinculantes.
Asimismo, se requiere un enfoque presupuestal estratégico que permita identificar y evaluar el gasto destinado a niñas, niños y adolescentes. Atendiendo a las desigualdades regionales.
Otro elemento clave es la construcción de un sistema nacional de cuidados, que garantice el desarrollo integral de la infancia y redistribuya las responsabilidades de cuidado.
Finalmente, la prevención de la violencia debe convertirse en una prioridad, mediante estrategias integrales que atiendan tanto sus manifestaciones como sus causas estructurales.
Conclusiones
México enfrenta una paradoja: cuenta con un marco jurídico avanzado en materia de derechos de la infancia, pero mantiene condiciones estructurales que limitan su ejercicio efectivo. Esta brecha refleja no solo problemas de implementación, sino también desigualdades profundas en el modelo de desarrollo.
Garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes implica avanzar hacia políticas integrales, coordinadas y con enfoque de derechos. La infancia debe ser concebida como un eje estratégico del desarrollo nacional, ya que no invertir en las infancias, es condenar el presente y el futuro del país.
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