La calle como aprendizaje

México se aproxima a la inauguración de una nueva Copa Mundial de Fútbol en medio de tensiones y movilizaciones sociales que merecen la mayor atención. En efecto, mientras el Gobierno prepara la realización de uno de los eventos de mayor visibilidad planetaria de las últimas décadas (se espera que el partido inaugural sea visto por más de 5 mil millones de personas), múltiples organizaciones sociales anuncian movilizaciones para el 11 de junio, justamente el día en que las cámaras de todo el mundo estarán presentes en el país.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, particularmente la Sección 22 de Oaxaca, encabeza una parte importante de esta convocatoria; junto a ella se encuentran madres buscadoras, pensionados de PEMEX y de la CFE, organizaciones campesinas, transportistas y trabajadores de la salud. Los movimientos sociales conocen el valor político de la visibilidad y entienden que toda coyuntura extraordinaria modifica las relaciones de fuerza entre los actores.

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Es importante decir que, en el debate público mexicano, existe una tendencia recurrente a interpretar las movilizaciones sociales desde dos posiciones igualmente insuficientes. La primera consiste en reducirlas a un problema de orden público: cierres de carreteras, afectaciones económicas, bloqueos o trastornos a la vida cotidiana. La segunda las convierte en “expresiones prácticamente incontestables de la voluntad popular”, como si el solo hecho de ocupar el espacio público otorgara una legitimidad política absoluta a quienes se movilizan. Ambas lecturas empobrecen la comprensión del fenómeno.

La protesta social constituye, simultáneamente, una forma de participación política, un mecanismo de presión colectiva, una escuela de aprendizaje social y un espacio de construcción de identidades. En ella se producen liderazgos, se transmiten narrativas, se consolidan lealtades y se forman visiones del mundo. Ninguna movilización puede analizarse únicamente por la justicia o injusticia de sus demandas, ni exclusivamente por los costos que genera. Lo relevante consiste en comprender cómo esas acciones contribuyen a modelar subjetividades individuales y colectivas, y de qué manera alteran las relaciones entre la sociedad organizada y no organizada, y las instituciones del Estado.

La cuestión adquiere una importancia aún mayor cuando las movilizaciones se vuelven recurrentes y forman parte de la experiencia cotidiana de comunidades enteras. En esos contextos, la protesta deja de ser un acontecimiento excepcional para convertirse en un lenguaje político. Las nuevas generaciones aprenden entonces no sólo qué reclamar, sino también cómo reclamarlo; no sólo cuáles son sus derechos, sino cuáles son los repertorios de acción considerados legítimos para defenderlos. Desde esta perspectiva, el análisis de las movilizaciones convocadas para el inicio del Mundial obliga a reflexionar sobre la manera en que una sociedad enseña, reproduce y transforma sus propias formas de acción colectiva.

La protesta no surge únicamente de una demanda específica. También es resultado de una lectura estratégica del entorno político. Los grupos organizados aprenden a identificar ventanas de oportunidad, momentos de vulnerabilidad institucional y escenarios en los que el costo político de ignorar sus demandas aumenta significativamente. Los grandes eventos internacionales suelen producir precisamente ese efecto.

La CNTE ha desarrollado esta lógica durante décadas. Sería un error interpretarla exclusivamente como una organización gremial. Su presencia histórica en Oaxaca, Chiapas, Guerrero y Michoacán revela una estructura mucho más compleja, en la que convergen reivindicaciones laborales, proyectos pedagógicos alternativos, formas de organización comunitaria y una determinada concepción de la relación entre Estado, territorio y sociedad. Sus acciones no se limitan al espacio de la protesta callejera. Se despliegan también en las escuelas, en las asambleas comunitarias, en los sistemas de representación local y en la construcción cotidiana de identidades políticas.

Por ello, es importante preguntar qué y cómo aprenden las niñas y los niños que crecen en contextos donde la protesta constituye una dimensión permanente de la vida colectiva. En numerosas comunidades rurales del sur del país, las y los maestros siguen siendo una figura central de autoridad moral, intelectual y política. No representan solamente al sistema educativo, sino a una forma de comprender el mundo.

Las infancias aprenden observando. Aprenden de los contenidos curriculares, pero también de los comportamientos, de las narrativas y de los símbolos que organizan la vida comunitaria. De esta forma, debe entenderse que, ante los cierres escolares, los plantones o las movilizaciones, siendo experiencias recurrentes, las niñas y los niños incorporan determinadas ideas sobre la legitimidad del conflicto, sobre el valor de la organización colectiva y sobre la capacidad de presión frente al poder político. Ese aprendizaje no es necesariamente negativo. La participación social y la conciencia crítica forman parte de toda ciudadanía democrática. Sin embargo, la cuestión se vuelve más compleja cuando el ejercicio de esos derechos entra en tensión con otros derechos igualmente fundamentales.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el interés superior de la niñez constituye un principio rector de todo el orden jurídico mexicano. Ello implica que ningún derecho puede ejercerse ignorando los efectos que produce sobre las niñas y los niños. La discusión, entonces, no debería plantearse como una oposición simplista entre derechos laborales y derechos educativos; el reto consiste en determinar hasta qué punto una sociedad puede normalizar la interrupción prolongada de procesos educativos sin generar consecuencias duraderas para quienes se encuentran en una etapa decisiva de su desarrollo.

La escuela enseña, pero también la calle y la presencia y ocupación del espacio lo hacen. De esta forma, cuando ambas instituciones entran en conflicto, las sociedades democráticas están obligadas a encontrar mecanismos de equilibrio. De otro modo, el costo termina siendo absorbido por quienes poseen menor capacidad de decisión, en este caso, las infancias.

Existe además una dimensión más amplia de esta coyuntura. Durante los últimos años, el proyecto político de la llamada Cuarta Transformación intentó modificar la relación tradicional entre el Estado y las organizaciones sociales. Durante gran parte del siglo XX, el sistema político mexicano se sostuvo mediante complejas estructuras corporativas que mediaban entre gobierno y ciudadanía. Sindicatos, organizaciones campesinas, asociaciones populares y grupos sectoriales funcionaban como intermediarios permanentes.

La apuesta reciente ha sido distinta. Desde el discurso gubernamental se privilegió explícitamente una forma de relación directa entre el Estado y las personas mediante programas de transferencias monetarias y apoyos sociales. Sin embargo, la expansión de estos mecanismos no eliminó las formas históricas de organización colectiva ni sustituyó los complejos entramados de mediación que caracterizan a toda sociedad moderna. Sindicatos, organizaciones campesinas, movimientos territoriales, colectivos de víctimas y agrupaciones gremiales continuaron operando conforme a lógicas propias, acumulando recursos organizativos y construyendo agendas frecuentemente independientes de las prioridades gubernamentales.

La coyuntura actual pone de manifiesto que la sociedad organizada posee densidades institucionales y capacidades de acción que no pueden disolverse mediante la mera entrega de dinero. Los conflictos colectivos, precisamente porque son colectivos, siguen requiriendo espacios de representación, negociación y disputa que trascienden la esfera de las transferencias monetarias.

El problema se encuentra en que las demandas en realidad no se limitan a problemas individuales de ingresos monetarios, sino que obedecen a cuestiones estructurales. El dinero puede aliviar carencias inmediatas, pero difícilmente resuelve los déficits históricos de empleo digno, seguridad social, sistemas de salud, infraestructura productiva o acceso efectivo a la justicia. Por eso, los problemas estructurales requieren actores colectivos capaces de formular demandas complejas, construir agendas públicas y sostener procesos de negociación de largo plazo.

Por ello, las movilizaciones convocadas para el inicio del Mundial contienen una enseñanza política que trasciende sus reivindicaciones particulares. Revelan que la sociedad organizada sigue existiendo. Revelan también que ninguna estrategia de gobierno puede sustituir indefinidamente las mediaciones colectivas que articulan los conflictos de una sociedad plural.

La pregunta que queda con todo esto es, ¿qué tipo de aprendizaje social está produciendo México? Si las nuevas generaciones aprenden que la única forma de ser escuchadas consiste en paralizar carreteras, ocupar plazas o bloquear ciudades, estaremos frente a un fracaso institucional. Si, por el contrario, aprenden que la organización social puede coexistir con la deliberación democrática, la protección de los derechos de las infancias y la construcción de acuerdos duraderos, entonces la calle habrá cumplido una de sus funciones más nobles: convertirse en una potente escuela de ciudadanía.

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Investigador del PUED-UNAM

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