Sin seguridad, no habrá cuarta transformación. Así lo ha planteado en diversas ocasiones el presidente de la República. Y tiene razón: llevar a cabo cambios estructurales en nuestro país requiere de la paz como condición necesaria para lograr que todas y todos tengamos acceso al bienestar, y al disfrute de una sociedad que permita la convivencia pacífica, la realización de los proyectos de vida y la protección de la vida y la integridad física y el patrimonio de las personas.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Estamos a menos de nueve meses del cierre de la presente administración, y los indicadores de violencia y criminalidad siguen estando muy lejos de lo que se ha tenido en los mejores momentos del país, al principio de este siglo; esto, considerando como referencia al indicador del homicidio intencional, el cual se ha convertido en el principal dato para determinar qué tanto se ha avanzado o no en la eficacia de las políticas públicas para pacificar a México.
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Pese a lo anterior, en realidad el homicidio intencional es sólo uno de los indicadores que deberían tomarse como eje rector de la construcción de un México en paz. Habría sin duda otros que son de singular relevancia, particularmente aquellos que son síntesis de otras formas de violencia asociadas a condiciones de desigualdad y disparidades de toda índole, y muy señaladamente, entre mujeres y hombres.
Lo anterior es relevante de destacar porque resulta contraintuitivo frente a los resultados que da a conocer el INEGI a través de su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la cual se muestra una reducción importante en la percepción de inseguridad en los ámbitos urbanos de poco más de 70 ciudades del país.
La cuestión, frente a ese tipo de resultados, es siempre qué se está midiendo y cómo se plantean las preguntas para medir lo que se mide. Y es que, si se toman en consideración los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo que se tiene es un crecimiento incontenible en el número de denuncias que se presentan ante las autoridades ministeriales en el rubro de Feminicidio; en el de Delitos que Atentan contra la Libertad y la Seguridad Sexual de las Personas (principalmente violación simple y equiparada, abuso sexual y acoso sexual), y en el de Delitos contra la Familia (mayoritariamente violencia familiar y violencia de género).
No es difícil imaginar la relevancia social que tiene avanzar en la reducción significativa de este tipo de delitos, pues dañan y lastiman de manera a veces irreparable a sus víctimas. Y si bien se trata de delitos que deben ser prevenidos, investigados y sancionados en los ámbitos estatales; es igualmente cierto el hecho de que no hay una estrategia nacional efectiva que permita orientar y sumar las capacidades y recursos disponibles para incidir con la urgencia que se requiere en la protección particularmente de niñas, niños y adolescentes, y de las mujeres en general.
De manera preocupante lo que se observa en los tres rubros es un acelerado crecimiento en el número de denuncias presentadas. Y dado que no se ha reducido la cifra negra, lo que puede aducirse es que, más allá de que, como se dice de manera superficial “ahora se denuncia más”, la realidad es que la información disponible muestra que hay un incremento sustantivo en el número de casos y víctimas.
En efecto, los datos oficiales indican que entre el 2019 y el 2023, en México se han perpetrado 4,665 feminicidios, investigados como tales por las fiscalías estatales. En ese periodo, el año con menos casos fue el 2023, con 827 casos; cifra que sigue siendo muy elevada, si se considera la del 2015, el año más antiguo para el que se tienen datos comparables, cuando se registraron 411 víctimas; es decir, aún en el año con menos casos de esta administración, se tiene un 100% más que lo registrado ocho años atrás.
El segundo de los rubros mencionados, el de los delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual, la tendencia es igualmente creciente. En efecto, entre 2019 y 2023, la cifra es de 347,132 víctimas de este tipo de delitos. Pero a diferencia del caso de los feminicidios, desde el 2015 hasta el 2023 se han tenido importantes incrementos cada año, pasando de 31,170 carpetas de investigación en 2015, a 41,955 en el 2018 (equivalente a un incremento de 34.6%).
En 2019, primer año de la presente administración, la cifra creció a 51,310; en el 2020, a 54,342; en el 2021 a 69,512; en el 2022 a 82,715 mientras que en el 2023 se llegó a la cifra récord de 89,253 carpetas de investigación. Para dimensionar la magnitud de esa tendencia es importante decir que el dato del 2023 es 112.7% superior al registrado en 2018, el último de la administración de Peña Nieto, cuando la situación era ya muy grave; y 186.34% superior a la registrada en 2015.
Finalmente, en el caso de los delitos contra la familia, el número de carpetas de investigación pasó de 164,186 en 2015, a 215,052 en el año 2018; lo que representa un incremento de 30.9% en esos cuatro años. Para el 2019, el dato fue de 239,219; llegándose a la cifra récord de 2023, la cual se ubica en 330,942 carpetas de investigación en esta materia. Esto significa un incremento de 53.88% respecto del año 2018; y de 101.56% respecto del año 2015.
No hay duda de que México vive una crisis de violencia inédita, que se expresa sí en las tendencias de los homicidios; pero que tiene una dimensión de especial gravedad que se sintetiza en los datos mostrados sobre los delitos que atentan en contra de bienes que, desde la teoría jurídica, son entendidos como como bienes tan preciados, que son jurídicamente indisponibles por las propias personas.
Sin duda, uno de los temas a discutir con seriedad en la campaña de este 2024, es cómo vamos a hacer como país para revertir estas condiciones, que éticamente son de vergüenza, que provocan una indignación mayor; y que por lo mismo deben ser una de las principales prioridades de las candidatas que aventajan en la contienda.
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Investigador del PUED-UNAM
Frase clave: La violencia, más allá de la percepción
