Escrito por: Guillermo Ramírez-Rentería
A lo largo de la historia, las élites han recibido distintos nombres: caciques, cacaos, delfines, notables, barones o clanes. Cambian los términos, pero no el fondo del asunto: en prácticamente todas las sociedades existe un grupo reducido de personas con la capacidad de decidir cómo se organiza el poder, qué se considera legítimo y qué tipo de futuro es imaginable.
Sin embargo, lo más inquietante no es solo que las élites gobiernen, sino que muchas de sus ideas, valores y prioridades terminan siendo asumidas como “sentido común” por amplios sectores de la población, incluso cuando esos valores no reflejan sus intereses ni su experiencia cotidiana. ¿Cómo ocurre esto? ¿Por qué pensamos como pensamos? ¿Y por qué políticas que beneficiarían a la mayoría suelen percibirse como imposibles o indeseables?
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Capítulo 1. Las élites y el poder de definir lo “normal”
De acuerdo con Jenny Pearce, profesora de la London School of Economics, y Juan David Velasco Montoya, profesor de la Universidad Javeriana, las élites pueden definirse como “individuos, familias o redes que tienen la capacidad de dictaminar, reproducir, disputar y transformar los principios de dominación en una sociedad”. Es decir, no sólo concentran riqueza o cargos políticos, sino que influyen directamente en las reglas del juego social.
Pierre Bourdieu ayuda a entender este proceso al señalar que las élites compiten por imponer en la sociedad los principios a partir de los cuales los distintos capitales construyen poder. Para él, estos capitales no son únicamente económicos, sino también culturales, simbólicos y sociales. Quien logra imponer sus valores como universales, legítimos o “naturales”, obtiene una ventaja decisiva.
A lo largo de la historia, estos principios han adoptado múltiples formas: la legitimidad del poder militar, la supremacía de los valores estadounidenses, la hegemonía del hombre blanco, heterosexual y conservador en sociedades patriarcales, o el respeto casi sagrado por las democracias liberales y sus reglas formales. En América Latina, un ejemplo especialmente claro es la valorización de la propiedad privada como motor incuestionable de la civilización y la democracia.
Hoy resulta casi inconcebible para la opinión pública plantear seriamente una reforma agraria que redistribuya la tierra de forma equitativa, imponer impuestos a las herencias multimillonarias, promover modelos de vivienda colectiva y comunal o establecer marcos jurídicos que desincentiven la especulación inmobiliaria. Estas ideas suelen presentarse como radicales, peligrosas o inviables.
Pero aquí surge una paradoja evidente: la gran mayoría de los mexicanos no puede adquirir una vivienda; la mayoría no heredará grandes propiedades; la mayoría no vive de rentas ni de inversiones inmobiliarias. Entonces, ¿por qué estas políticas resultan tan impopulares?
La respuesta es incómoda pero evidente: porque las élites no solo controlan las políticas públicas en términos materiales, sino también el terreno simbólico y discursivo desde el cual se define qué es deseable y qué no. Antonio Gramsci ya advertía que la vida de los ciudadanos comunes suele desarrollarse dentro de los marcos de valores promovidos por las élites, lo que produce apatía, resignación y una aceptación pasiva del orden existente.
Este fenómeno no se limita al “poder blando”. Pearce y Velasco Montoya documentaron, por ejemplo, que la política colombiana del siglo XX estuvo dominada por hombres blancos formados en instituciones educativas exclusivas, quienes reprodujeron sus propios valores y tomaron decisiones públicas que nunca pusieron en riesgo el statu quo. En ese contexto, no sorprende que políticas orientadas a ampliar derechos humanos —salarios dignos, sistemas de salud y educación públicos robustos, transporte accesible o vivienda garantizada— no hayan sido prioritarias.
Este patrón no es exclusivo de Colombia. En Estados Unidos, Martin Gilens y Benjamin I. Page demostraron en una investigación de 2014 que las preferencias de las élites económicas están mucho mejor representadas en la agenda pública que las de los ciudadanos promedio. México no es la excepción.
A nivel global, Estados Unidos se ha convertido en un caso paradigmático de la imposición —simbólica y material— de los valores de sus élites. Desde políticas de seguridad nacional e industrial hasta decisiones que desafían abiertamente el derecho internacional, se observa una narrativa oficial que normaliza lo inaceptable y relativiza hechos graves. Cambios simbólicos en el lenguaje institucional, amenazas militares o manipulaciones mediáticas buscan convencer a la opinión pública de que “no es tan grave” o de que “no hay alternativa”.
Este tipo de dinámicas también se reproduce, aunque de forma menos extrema, en México. Cada vez que surge una propuesta de política pública que podría beneficiar de manera sustantiva a los sectores menos favorecidos, esta suele ser neutralizada mediante versiones “descafeinadas”. La reducción de la jornada laboral a 40 horas es un ejemplo claro: la iniciativa no avanza, pero se promueven alternativas que simulan el cambio sin modificar realmente las condiciones de la clase trabajadora.
Algo similar ocurre en el ámbito de la salud. La demanda histórica de un sistema de salud público universal comienza a tomar forma, pero sin una verdadera integración institucional, con escasez de medicamentos, falta de especialistas, carencias de insumos y servicios fragmentados. En la práctica, la reforma no transformará la experiencia cotidiana de los usuarios. Lo mismo puede decirse del transporte público: mientras no existan trenes de pasajeros funcionales, los monopolios privados de autobuses seguirán imponiendo costos elevados sin oposición significativa.
Lo más preocupante no es solo la ausencia de políticas públicas ambiciosas, sino la falta de una respuesta social organizada frente a estas carencias. No hay manifestaciones multitudinarias sostenidas, ni un malestar que se traduzca en movimientos colectivos capaces de disputar el rumbo de las decisiones públicas.
Por el contrario, muchas personas han interiorizado las narrativas de las élites: se asume que los hospitales públicos “siempre” carecerán de medicamentos, que el transporte público nunca podrá competir con el automóvil privado, o que los bajos salarios son responsabilidad individual —“si querías algo mejor, debiste estudiar más”—. La narrativa funciona porque logra algo fundamental: convertir la desigualdad en algo normal, inevitable y, en última instancia, aceptable.
Preguntarnos por qué pensamos como pensamos no es un ejercicio abstracto. Es el primer paso para entender cómo los valores de unos pocos terminan gobernando la vida de las mayorías, y para imaginar, quizá, que otras formas de organizar la sociedad no solo son posibles, sino necesarias.
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