El regreso del ogro

El cinco de febrero es un día muy especial para las efemérides mexicanas vinculadas a la lucha por las libertades ciudadanas y la consolidación del estado de derecho. Recordamos la emisión de la constitución liberal de 1857, que inauguró el acceso de México a la modernidad democrática y soberana.

Escribe Luis Miguel Rionda

Sesenta años después y como producto de una revolución popular, se emitió la constitución de 1917, de fuerte contenido social y reivindicativo. Cien años más tarde se promulgó la constitución local de la Ciudad de México de 2017, con enérgico tinte progresista e incluyente. Tres momentos políticos que han marcado un rumbo orientado decididamente hacia la construcción de un Estado benefactor.

Sin embargo, hace dos años se perpetró un ataque directo a ese orden constitucional tan trabajosamente construido. Sucedió en la ceremonia alusiva al 107 aniversario de la manoseadísima Constitución de 1917. El lugar no fue el tradicional Teatro de la República en Querétaro, sino en el Recinto Legislativo del Palacio Nacional, que hoy es museo de las constituciones de México. Ahí el entonces presidente de la República Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el denominado “Plan C”, con 18 iniciativas constitucionales y dos legales que buscaban afectar profundamente los mecanismos de distribución del poder tanto en el ámbito federal como en el local. Era clara la intención de dinamitar el equilibrio de poderes, el federalismo y la equidad en los mecanismos electorales.

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Desde el inicio de esa gestión presidencial fue patente que se buscaba imponer una agenda centralizadora y autoritaria. Fue evidente cuando se emitió el llamado “Plan A” de abril de 2022, que mediante cambios constitucionales buscaba domesticar las instituciones electorales y modificar el sistema de representación política; al fracasar por falta de mayorías calificadas, se procedió al “Plan B” en noviembre del mismo año, que buscaba los mismos objetivos, pero mediante la reforma a leyes secundarias. Este plan transitó con éxito las instancias legislativas, pero fue finalmente juzgado anticonstitucional por la Suprema Corte de Justicia el 8 de mayo de 2023. Una corte que todavía era independiente, tanto, que su presidenta Norma Piña se había negado a rendirle honores al titular del ejecutivo en la ceremonia del 5 de febrero del año anterior.

Esto motivó la emisión del “Plan C”, que contempló hacerse de las mayorías calificadas de las cámaras legislativas por los medios que fuera, presionando a las autoridades electorales y comprando voluntades de los representantes opositores. Esas mayorías artificiales permitieron descabezar al rebelde poder judicial, y colonizarlo son sus simpatizantes. Lo mismo sucedió con la autoridad jurisdiccional electoral.

La culminación del Plan C en su vertiente político electoral está próxima. Si se concreta de la manera como muchos tememos, se habrá dado fin al breve ciclo democratizador que vivimos los mexicanos desde el gran esfuerzo nacional que inició en 1996 para construir un orden democrático auténtico. El viejo ogro filantrópico estará de regreso.

(*) Antropólogo social. Profesor de la Universidad de Guanajuato, Campus León. luis@rionda.net – @riondal – FB.com/riondal – ugto.academia.edu/LuisMiguelRionda