La guerra contra las infancias: un récord de violencia tras treinta años de compromisos

La ONU verificó 38,558 violaciones graves contra las infancias en 2025. Por primera vez desde la creación del mandato para protegerlos en los conflictos armados, las fuerzas gubernamentales concentraron la mayoría de los hechos documentados. Los recortes a los programas de reinserción amenazan, además, las posibilidades de recuperación de quienes sobreviven.

México social/ Redacción

La protección de las infancias en los conflictos armados atraviesa uno de sus momentos más graves. En 2025, Naciones Unidas verificó 38,558 violaciones graves cometidas contra 24,174 niñas y niños: el mayor registro desde que, en 1996, se estableció el mandato internacional dedicado a su protección. La diferencia entre ambas cifras importa: un mismo niño puede sufrir varias agresiones, por lo que el número de violaciones no equivale al de víctimas.

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El balance fue presentado ante el Consejo de Seguridad durante una reunión por los treinta años de ese mandato. Allí, Vanessa Frazier, representante especial del Secretario General para los niños y los conflictos armados, advirtió que, por primera vez, las fuerzas gubernamentales fueron responsables de la mayoría de las violaciones graves verificadas.

La constatación compromete directamente a los Estados. Las instituciones obligadas a proteger a la población infantil y garantizar el cumplimiento de las normas internacionales aparecen como responsables centrales de su vulneración. El problema alcanza también a los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, cuya existencia ha resultado insuficiente para impedir que las agresiones continúen.

El seguimiento de Naciones Unidas comprende seis categorías: asesinato y mutilación; reclutamiento y utilización de niños; violencia sexual; secuestro; ataques contra escuelas y hospitales; y denegación de acceso humanitario. En conjunto, describen una violencia que destruye tanto la integridad de las víctimas como las condiciones que hacen posible su vida cotidiana.

Las armas explosivas tienen un peso decisivo. Según UNICEF, más del 70% de las niñas y niños muertos o mutilados en los conflictos durante 2025 fueron víctimas de este tipo de armamento. Los territorios palestinos, la República Democrática del Congo y Nigeria concentraron los mayores registros de violaciones graves.

A la violencia directa se suman los obstáculos para recibir auxilio. Catherine Russell, directora ejecutiva de UNICEF, informó que en 2025 se documentaron más de 8,000 casos de denegación de acceso humanitario. Impedir la llegada de asistencia agrava la exposición al hambre, las enfermedades y la falta de atención médica de poblaciones que ya enfrentan las consecuencias de los combates.

Desde 2005, la ONU ha verificado más de 430,000 violaciones graves contra niños. Este acumulado muestra la persistencia de agresiones que atraviesan conflictos, territorios y generaciones, pese a los compromisos asumidos para prevenirlas.

Los mecanismos internacionales también han producido resultados que permiten reconocer qué puede lograrse cuando existe cooperación. En las últimas tres décadas, más de 220,000 niños han sido liberados de fuerzas y grupos armados. Asimismo, se han acordado más de cuarenta planes de acción con partes involucradas en conflictos para detener las violaciones.

En la República Democrática del Congo, estas medidas han contribuido a prevenir el reclutamiento infantil por el ejército nacional. En Nigeria, más de 2,000 menores asociados a una milicia de autodefensa fueron desmovilizados y recibieron acompañamiento para su reinserción. Son avances concretos, aunque insuficientes frente a la expansión de las agresiones.

La recuperación de quienes han sido reclutados depende de apoyos que continúen después de su liberación. Por eso preocupan los recortes presupuestarios denunciados ante el Consejo por Bethany Ellis, directora de la organización Watchlist on Children and Armed Conflict. La reducción de recursos afecta a los programas de reinserción, la atención psicológica y las organizaciones locales que documentan los abusos. Debilitar esas capacidades compromete tanto el acompañamiento a las víctimas como la posibilidad de conocer y denunciar nuevas violaciones.

El entorno digital añade riesgos. Los grupos armados utilizan internet para reclutar y explotar a menores, mientras la incorporación de drones, sistemas autónomos e inteligencia artificial plantea nuevos desafíos para la protección de civiles. Jainaba Jagne, enviada especial de la Unión Africana, pidió que las empresas tecnológicas asuman responsabilidades en la prevención de riesgos y la protección de los datos infantiles.

La reunión dejó planteada una exigencia política concreta: aplicar los compromisos existentes y revisar las relaciones con quienes los incumplen. Ellis reclamó poner fin a las transferencias de armas hacia las partes que violan el derecho internacional. Frazier, por su parte, sostuvo que “el diálogo nunca debe sustituir a la acción”.

Treinta años después del informe de Graça Machel que impulsó este mandato, la protección prometida sigue pendiente para miles de niños. El registro de 2025 obliga a exigir resultados verificables: detener las agresiones, garantizar asistencia y sostener la recuperación de las víctimas, incluso cuando ello implique cuestionar a gobiernos aliados.

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Fuente: Noticias ONU.

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