Legitimidad en disputa: el poder criminal y el repliegue del Estado

El Informe Latinobarómetro 2026 contiene, entre otras cifras, una que particularmente debería ocupar una buena parte de la deliberación pública respecto del poder y la eficacia democrática en nuestra región: 79% de las y los latinoamericanos considera que el crimen organizado tiene “mucho” o “bastante” poder en su país. En Perú la proporción llega a 90%; en Costa Rica, a 94%. En México, apenas 18% de la ciudadanía cree que se le está ganando la batalla. No es un dato que revele estrictamente solo la sensación de miedo: el propio informe advierte que, más allá de la victimización directa y del temor a ser víctima, lo que se dispara es la percepción de poder de la delincuencia. La ciudadanía no dice sólo que tiene miedo; dice, con otras palabras, que hay otro poder que pretende actúa con soberanía en el territorio.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

Conviene tomarse en serio esa intuición. Max Horkheimer, en sus notas de los años cuarenta sobre los rackets, sostuvo que la forma originaria de la dominación no es el contrato, sino la protección a cambio de tributo: un grupo que monopoliza la fuerza en un espacio y cobra, no para proteger a las personas de posibles amenazas externas a la comunidad, sino por no ejercerla en los espacios donde actúan.

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Lo que la teoría crítica concibió como clave para descifrar la sociedad administrada reaparece hoy, sin metáfora alguna, en el cobro de piso, en la cuota que se cobra por caja de limón o de aguacate, o en el peaje informal impuesto sobre una carretera, por citar solo algunos ejemplos. La percepción ciudadana registra así una mutación: estos grupos ya no se presentan únicamente como empresas ilegales que trafican mercancías, sino como instancias de poder paralelo que gobiernan conductas, fijan precios, arbitran conflictos y deciden quién puede circular y quién no.

Ese poder tiene, además, presencia permanente en los espacios comunitarios. El 38% de los peruanos afirma que en el lugar donde vive hay pandillas, grupos de narcomenudeo o crimen organizado; en Paraguay, esa mención pasó de 30% en 2020 a 36% en 2026. El promedio regional, sin embargo, descendió de 35 a 29% en el mismo periodo, mientras la percepción de poder crece. La paradoja es reveladora: el crimen se piensa como fuerza nacional, pero se padece como geografía discontinua, concentrada en territorios precisos. Y allí donde se ancla, ocupa lo que Hannah Arendt llamó el espacio de aparición.

En el caso mexicano, en no pocos municipios, la autoridad que se ve -la que instala retenes, reparte despensas tras una inundación, decreta toques de queda, patrocina la fiesta patronal o firma mantas en los puentes- no es la del Estado. Arendt distinguía con rigor entre poder y violencia: el primero nace de la acción concertada; la segunda lo sustituye cuando aquél se ha retirado. Lo que la gente nombra como “poder” del crimen es quizá, con mayor exactitud, la visibilidad de una dominación que llena el hueco dejado por una autoridad pública que dejó de aparecer.

Aquí se abre otro problema que es de enorme relevancia: el de las palabras. “Crimen organizado” se ha vuelto un significante de uso laxo, que designa a la vez a una corporación transnacional con brazo armado, a una célula de extorsión de quince personas, a una red de robo de combustible protegida por funcionarios, a una banda de asalto al transporte y a una facción que administra justicia en una cabecera municipal. La propia legislación mexicana contribuye a esa elasticidad: basta que tres o más personas se organicen para cometer, de manera permanente o reiterada, ciertos delitos, para que se configure la delincuencia organizada.

Se trata de una definición jurídica que, siendo útil para el proceso penal, se ha convertido, por inercia, en una categoría sociológica, que en sentido estricto no lo es. Adorno advirtió que el concepto nunca agota la cosa, y que el pensamiento identificante, al subsumir lo heterogéneo bajo un mismo nombre, borra justamente aquello que habría que comprender.

No se trata de negar que existan organizaciones criminales articuladas con estructuras de enorme poder económico, armado y político: existen, y su capacidad es real. Se trata de exigir que cada vez que se pronuncie la expresión se precise de qué se habla. ¿Mercado ilegal o régimen de extracción de rentas? ¿Organización jerárquica o red de franquicias? ¿Actor externo al Estado o configuración en la que funcionarios y criminales comparten negocio? Sin esas distinciones, el diagnóstico se vuelve muy impreciso y la política pública, incapaz de establecer diagnósticos acertados para la actuación institucional.

Esa vaguedad no es inocente; también resulta funcional para las autoridades. Cuando cualquier homicidio puede atribuirse a “enfrentamientos entre grupos”, pues el nombre opera como coartada que exime. El informe Latinobarómetro es contundente: sólo 26% cree que el Estado ha hecho mucho o algo por la gente; 73% considera que ha hecho poco o nada. La respuesta gubernamental ha oscilado entre la militarización, la captura de liderazgos criminales -que fragmenta a los grupos y multiplica la violencia- y la negación retórica. En ninguna de esas opciones aparece lo que Walter Benjamin habría reconocido como el núcleo del asunto: la disputa por la violencia que funda y conserva el derecho. Un Estado incapaz de garantizar la vida en el territorio no pierde sólo eficacia; pierde el fundamento de su legitimidad, y lo que Habermas llamó crisis de legitimación pasa de ser una hipótesis teórica a la descripción de la experiencia cotidiana.

Algunas de las consecuencias más preocupantes ya están expresadas en los datos. La preferencia por la democracia cayó de 49 a 45% entre 2024 y 2026, y 53% aceptaría un gobierno no democrático si resolviera los problemas más urgentes. El Salvador, donde 75% cree que se está ganando la batalla mientras el propio informe ubica al país entre los regímenes autoritarios, funciona como un espejo. Y en eso se encuentra un enorme riesgo, consistente en que la impotencia del Estado frente a un poder ilegítimo empuje a la sociedad a entregar sus libertades a cambio de una seguridad que tampoco será garante de nada. Nombrar con precisión es, en este contexto, la primera forma de resistencia democrática: sin ella no se comprende el territorio, y sin comprenderlo no hay manera de devolverlo a la esfera de lo público.

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Investigador del PUED-UNAM

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