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Los feminicidios son un gran pendiente de la 4T

Los feminicidios

Uno de los grandes obstáculos que impiden la materialización del derecho a la igualdad reconocido por nuestra Constitución, es la persistente violencia que campea sobre todo el país; pero particularmente, la violencia que se ejerce en contra de las mujeres en razón de su género, la cual se perpetra de diferentes formas y encuentran los feminicidios en el feminicidio la que es, quizá, su manifestación más extrema.

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La agenda de la violencia en contra de las mujeres es una de las que con mayor notoriedad se encuentran en las prioridades determinadas por el titular del Ejecutivo Federal, quien además en múltiples ocasiones, la ha minimizado o incluso ha negado que tenga los alarmantes niveles que mantiene en nuestro país.

Un acelerado incremento

Lo más grave para el proyecto de la pretendida cuarta transformación de la vida pública nacional, es que en los dos años que lleva la presente administración, los feminicidios no sólo no se redujeron, ni en números absolutos ni en las tasas de incidencia delictiva, sino que se incrementaron respecto de lo que ocurrió en la administración anterior, cuando las cosas ya eran inaceptables.

Los datos no dejan lugar a dudas: de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el año 2019 la tasa de feminicidio se ubicó en 1.50 casos por cada 100 mil mujeres en el país, cifra récord desde que se tienen datos comparables para este indicador; mientras que en el año 2020 el dato es de 1.49 casos por cada 100 mil mujeres.

Mirada retrospectiva a los feminicidios

Visto hacia atrás, en 2018 la tasa fue de 1.43; en el 2017 fue de 1.21; en el 2016 de 1.03; mientras que en el 2015 se ubicó en 0.69. Es cierto que los cambios pueden deberse en alguna medida a que las fiscalías estatales ponen cada vez más atención a las denuncias de los crímenes de odio; pero, aún reconociendo este factor, no explicaría la totalidad del incremento en los casos registrados.

Otro dato a destacar es que, entre los años 2015 y 2020, la tasa promedio de feminicidios en el país se ubica en 1.2 casos por cada 100 mil mujeres; un dato que permite tener mayor claridad de cuánto ha crecido la incidencia de este espantoso crimen en el país en los últimos años. Y más aún, también permite conocer cuáles son las entidades de la República donde con mayor frecuencia se presenta.

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Los estados con más altas tasas de los feminicidios

Desde esta perspectiva es importante destacar que hay 13 entidades donde el indicador es similar o superior al promedio nacional. Destacan como los estados donde se tienen los peores datos, los siguientes: Colima, con 3.1 casos por cada 100 mil mujeres; Morelos, con 2.9; Sinaloa, con 2.8; Sonora, con 2.1; Oaxaca, 2.0; Tabasco y Veracruz, 1.9 en cada uno de ellos; en Nuevo León es de 1.6; en San Luis Potosí y Zacatecas, de 1.3 en cada uno; mientras que en Jalisco y la Ciudad de México es de 1.2, también en cada una de estas entidades.

Dadas las características sociodemográficas y de incidencia de la violencia en estos estados, es difícil establecer un patrón asociado a variables o indicadores compartidos que permitan explicar el fenómeno. Por ejemplo, la Ciudad de México, Sinaloa y Sonora, tienen indicadores radicalmente opuestos, en materia de pobreza, a los registrados en Oaxaca. La magnitud demográfica es muy distinta en cada uno de estos estados; mientras que los niveles educativos también presentan significativas variaciones entre ellas.

El porvenir en el corto plazo

Es buena noticia que quien hoy ocupa la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública sea una mujer: Rosa Isela Rodríguez, quien ha acreditado a lo largo de su vida compromiso con esta agenda. Lo deseable por supuesto es que eso se traduzca en una eficaz política pública que, más allá de las cifras, permita generar un diagnóstico comprensivo sobre la fenomenología delictiva asociada a los feminicidios. En ello está en juego, evidentemente la vida y seguridad de miles de mujeres, pero también la posibilidad de un país justo e incluyente.

Investigador del PUED-UNAM. www.mexicosocialorg

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