Masacres: brutalidad y maldad

La escena es la misma, y de manera siniestra, se repite una y otra vez, y pareciera que con cada vez mayor frecuencia. Las narraciones de los medios de comunicación son por lo mismo, similares: “un comando de sujetos fuertemente armados arribó atal o cual lugar, y accionó sus armas en incontables ocasiones provocando la muerte de 8, 10, 12, 20 personas…”

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

La pregunta igualmente es una y otra vez la misma: ¿cómo pueden, decenas de sujetos armados hasta los dientes, circular en auténticas caravanas, por carreteras de todos tamaños y longitudes, en un territorio en el que se presume que hay un despliegue histórico de fuerzas del orden y que como nunca se encuentra hiper vigilado por cámaras de seguridad, sobre vuelos de helicópteros, o supervisiones constantes de drones?

El gobierno de la República afirma cotidianamente en su retórica, que la estrategia de seguridad pública está funcionando, porque fundamentalmente “es están atendiendo las causas estructurales” que generan la violencia y la delincuencia, que en el diagnóstico oficial se asocian fundamentalmente a la pobreza, la desigualdad y la falta de oportunidades para el desarrollo.

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Frente a ello, es interesante observar que ni los estados ni los municipios donde se comete el mayor número de homicidios dolosos son los más pobres o marginados. En efecto, el estado con mayor número de homicidios dolosos entre enero y agosto del 2022 es Guanajuato, con 3,302, pero con la anomalía de registrar casi 1,200 homicidios culposos, la cifra más alta del país.

En segundo sitio se ubica el Estad de México, con 2,791 víctimas de homicidio intencional; en tercer sitio está Michoacán, con 2,525; le siguen: Baja California, con 2,207; Jalisco, 2,162; Chihuahua, 1,624; Veracruz, 1,429; Sonora, 1393; Oaxaca, 1,374; Nuevo León, 1,366: Guerrero, 1,267; Zacatecas, 1,140; Quintana Roo, 1,090 y Puebla, 1,070.

Como puede verse, en la lista conviven estados pobres (Guerrero y Oaxaca), de desarrollo humano medio y alto (Zacatecas y Estado de México, Jalisco y Guanajuato, por ejemplo) y de muy alto desarrollo humano, (como son los casos de Nuevo León, Sonora, Sinaloa y Baja California).

Siendo así lo que es evidente es que hay un error al considerar que la explicación a la delincuencia se explica fundamentalmente por uno o dos factores. Por el contrario, lo que debe comprenderse es que la violencia y la delincuencia, tal como la conocemos hoy en día, son procesos que se han incubado durante largos años, y que obedecen a una condición multidimensional y multifactorial.

Desde esta perspectiva, debe comprenderse que la presencia del crimen organizado y su capacidad operativa y de desafío al Estado está determinada también por el deterioro institucional -incluida la erosión y corrupción de policías y fiscalías en todo el país-; por la ausencia de oportunidades de empleo digno y suficiente para todas y todos; por el deterioro de una cultura de legalidad y respeto a la autoridad; por la presencia de factores de atracción de grupos delincuenciales, como ductos de hidrocarburos, infraestructura carretera o negocios que facilitan el lavado de dinero; la presencia masiva de remesas; y también, debe señalarse, una cultura extendida de culto a la criminalidad y las figuras más prominentes de las estructuras delincuenciales.

Por el otro lado, están cuestiones psicosociales, que se relacionan con una crisis civilizatoria que no se ha querido asumir como tal; porque el accionar de los grupos delincuenciales ha rebasado todos los límites de lo imaginable: cuerpos desmembrados o decapitados; personas asesinadas y colgadas en puentes carreteros o peatonales; fosas clandestinas por todos lados; asesinatos en masa; tortura y mutilaciones; y ejercicios de franco terrorismo con la quema de negocios y vehículos como mecanismo para amedrentar a la ciudadanía.

Todo ello rebasa las categorías de lo estrictamente delincuencial y entran en otras dimensiones que exigen del análisis desde disciplinas que permitan esclarecer cómo llegamos a los niveles de brutalidad y maldad que se ejercen y despliegan cotidianamente en nuestro país.

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Investigador del PUED-UNAM

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