El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó recientemente los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas, en la cual se recoge la información relativa a las unidades económicas que en el año 2021 fueron víctimas de algún delito.
Escrito por: Saúl Arellano
El primer dato que destaca de este instrumento es que en el año pasado se reportó el menor número de empresas que han sido víctimas de algún ilícito, con 1.2 millones de unidades con esa condición. En los años 2019 y 2017 la suma fue de 11.5 millones; en el 2015 se tuvo el máximo histórico con 1.6 millones de negocios que fueron víctimas de la delincuencia; en el 2013 había sido de 1.3 millones mientras que en el 2011 fue de 1.4 millones.
En resumen, entre los años 2011 y 2021 habrían sido victimizados al menos 15.58 millones de negocios en el país; es decir, dado que el promedio anual sería de 1.41 millones de unidades económicas victimizadas, en el periodo de los 11 años considerado se tendría esa suma total aproximada.
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Es de destacarse que, en el año 2021, el 27.8% de las unidades económicas dedicadas al comercio fueron víctimas de algún tipo de delito; en el caso de las unidades económicas con actividades industriales, el porcentaje de victimización fue de 19.4%; mientras que, en el rubro de los servicios, el porcentaje de empresas afectadas fue de 22.7%.
Desagregando los datos por tamaño de unidad económica, destaca que las consideradas por el INEGI como “grandes”, el 45.9% fueron víctimas de la delincuencia; el 46.9% lo fue en el rubro de las empresas medianas; el dato para las pequeñas empresas fue de 38.2%; mientras que entre las micro la victimización llegó al 23.7%. En este indicador es importante considerar que la cifra negra siempre es mucho más elevada, pues los bienes sustraídos o los daños ocasionados generalmente no están asegurados, además de que las amenazas y extorsiones comúnmente son menos denunciadas que lo ocurrido en empresas de mayor tamaño y mayor capacidad de denuncia.
Asimismo, el INEGI señala que los estados con mayores tasas de prevalencia delictiva contra negocios son: Sonora con 3.7 casos por cada mil unidades económicas; Ciudad de México, con 3.6; Durango, con 3.5; Colima, Tlaxcala y San Luis Potosí, con 3.3 cada uno de ellos; Querétaro con 3.2 y Zacatecas, con 3.
De este modo, según los datos del INEGI, en el 2021 se generaron 2.9 millones de delitos cometidos contra 1.2 millones de negocios. Los que se cometieron en mayor medida son la Extorsión con 28.9% del total cometidos; el robo de mercancía, dinero, insumos o bienes concentró el 19.7%; el denominado “robo hormiga”, el 12.9%; actos de corrupción, el 10.8%; Robo de mercancía en tránsito, 7.3%; robo total o parcial de vehículo, 6.6%; daños a instalaciones, maquinaria o equipo, 1.9% y “otros delitos”, 1.8%
Sobre lo anterior debe subrayarse de manera muy enfática que la extorsión es ya el delito que en mayor proporción se comete contra los negocios mexicanos, constituyéndose como una forma bizarra de nuevo feudalismo, donde los amos y señores de cada una de las localidades del país, se atribuyen y usurpan la facultad de cobrar “impuestos” a cambio de protección, estableciendo así una violenta exacción de recursos con toda impunidad por la inacción o incluso la complicidad de las autoridades de seguridad pública.
Por eso es importante el debate en torno a cuáles son las instituciones responsables de garantizar seguridad a la población, porque en este caso, por ejemplo, se trata de un delito del fuero común; y no queda claro en la distribución de funciones y competencias respecto de, por ejemplo, la Guardia Nacional, qué es lo que va a hacer para contribuir a prevenir este tipo de delitos, y cómo y cuáles son los mecanismos de cooperación con entidades y municipios para reducir drásticamente esta realidad que es a todas luces y de suyo intolerable.
Es interesante observar que la extorsión es el delito más frecuente contra los negocios en la mayoría d ellos estados de la República mexicana. En efecto, así ocurre en Baja california, Baja California Sur, Campeche. Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Durango, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.
Pero es igualmente el segundo más cometido contra los establecimientos comerciales en Campeche, Coahuila, Guanajuato, Estado de México y Tlaxcala; es decir, no hay un solo espacio territorial importante en el país donde la extorción no sea un gravísimo problema pues constituye, debe insistirse, una de las peores formas de usurpación de facultades que deberían ser exclusivas del Estado.
El otro dato a destacar es que la extorsión es igualmente el delito más frecuente en los tres grandes sectores de los negocios (comercio, industria y servicios) y que sólo en las empresas de gran tamaño no es el crimen que se comete en mayor cantidad y proporción, pues el registro es que es la forma más común de ataque a medianas, pequeñas y microempresas.
A fin de dimensionar este problema es importante decir que, en el 2021, según los datos del INEGI, se cometieron 829 mil delitos de extorsión, es decir, 2,271 casos por día, o bien, 95 extorsiones por minuto. Y es igualmente grave el hecho que en el 44.8% de los casos de extorsión en la calle, en el establecimiento o la forma del “cobro de piso” fue pagada. Estamos, sin duda, en tierra de criminales…
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Investigador del PUED-UNAM
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