Pobreza y distribución: hacia adelante

Tomando en cuenta las metodologías, fuentes de información y técnicas de medición multidimensional vigentes en los últimos 20 años, 13.7 millones de personas salieron de la pobreza moderada y extrema de 2016 a 2024, y en el periodo se registró una mejora en la distribución del ingreso. Al mismo tiempo, las carencias promedio de la población pobre pasaron de 2.2 a 2.5 en el mismo lapso, y de 3.6 a 3.8 entre los pobres extremos.

Escrito por:  Enrique Provencio D.

Lo primero es un avance notable, que no puede desestimarse incluso si se consideran otras posibles aproximaciones conceptuales y de cuantificación de esos fenómenos. Lo segundo indica una falla de fondo en el cumplimiento de los derechos humanos en algunas de las seis dimensiones que se incluyen, y también un gran problema en la política social, en la fiscal y en la de gasto público, y además un sesgo territorial que sigue desfavoreciendo a los estados más rezagados.

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Esto no minimiza ni relativiza el cambio positivo, ni magnifica los cuestionamientos que pueden hacerse. Es necesario ubicar con mayor cuidado lo que estamos conociendo a partir de lo que INEGI dio a conocer el 30 de julio en el caso de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, y el 13 de agosto para la pobreza multidimensional de 2024. A medida que se someten a examen los resultados difundidos, surgen observaciones críticas, sobre todo en las fuentes de información para la estimación de la pobreza por ingreso y de las carencias sociales que se toman en cuenta en la pobreza multidimensional.

Es necesario explorar métodos, fuentes y técnicas alternativas, indudablemente, sobre todo para trascender el reduccionismo con el que convencionalmente observamos la pobreza, la distribución del ingreso y otros fenómenos socio políticos, y hay que hacerlo pronto, con el mejor conocimiento del que se dispone aquí y afuera, de tal modo que captemos mejor la compleja situación social que tenemos, así como sus cambios en el tiempo.

Quizá debemos dejar de pensar que debe haber un solo tipo de cuantificación, y movernos hacia varios acercamientos que nos permitan disponer de distintas visiones de la pobreza y de otras categorías que den cuenta de nuestra condición social, pero, de un modo u otro, se seguirán requiriendo mediciones. Las medidas y los datos no son per se el problema, sino los referentes éticos, políticos y filosóficos que adoptamos para conocernos como colectividad, y la manera en que los codificamos en la legislación y los volvemos una obligación institucional.

Lo que ahora tenemos a mano surgió de una circunstancia peor, que era la ausencia de acuerdos para contar con un conocimiento aceptado sobre lo que consideramos como pobreza, en sus distintas gradaciones y componentes. Debe recordarse que hasta poco después del 2000, teníamos indicadores sociales parciales de diverso tipo que mostraban de manera fragmentada lo que ocurría en el país con nuestras condiciones y niveles de vida, pero no sabíamos bien a bien cómo se comportaba la pobreza. Se disponía de índices de marginación o de desarrollo humano, los primeros estimados desde fines de los años setenta, y los segundos introducidos por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en 1990, además de otros cálculos de cobertura y satisfacción de necesidades básicas. Otros organismos internacionales, sobre todo la CEPAL, generaban medidas basadas en ingresos, y lo mismo hacían algunos investigadores mexicanos. En 1994 una institución pública generó una medición de pobreza claramente alineada con el interés gubernamental, con evidentes sesgos de método. Las diferentes elaboraciones significaban aportes meritorios, pero no podían considerarse como los referentes de una valoración institucional que pudiera tener cierto acuerdo colectivo.

La Ley General de Desarrollo Social de 2004 marcó los principios y disposiciones para una medición basada en principios normativos, que luego formalizó el CONEVAL. Sus metodologías, fuentes y mediciones se adoptaron, por vez primera, como las institucionales, aunque se registraron debates y cuestionamientos, en ocasiones de las autoridades, y también de investigadores y otros observadores. En el dilema permanente entre la continuidad y comparabilidad de las series estadísticas, y la necesidad de introducir mejoras que reflejen mejor la calidad de los datos generados, cumplimos ya dos décadas contando con una información oficial de pobreza que ha ido perdiendo capacidad de representación. Sus fundamentos deben ser revisados, pero la operación para hacerlo no es, nunca ha sido, un asunto única ni principalmente técnica o académica. Acordar que entendemos y aceptamos por pobreza, y como la cuantificamos, es algo básicamente público y colectivo, que debe ser procesado en los marcos de la pluralidad, tanto política como metodológica. No puede hacerse solo desde los aparatos gubernamentales o de los académicos y técnicos, sino a través de acercamientos sucesivos y de interacciones que involucren a instituciones, universidades, colectivos y otros agentes interesados.

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