En toda democracia consolidada existe un principio institucional que resulta esencial para evitar la concentración del poder: el control del gobierno por parte del parlamento. La idea es profundamente política y constitucional. El parlamento no sólo legisla; también debe vigilar, examinar y evaluar el ejercicio del Poder Ejecutivo. En el caso mexicano, esa responsabilidad recae en el Congreso de la Unión, que tiene el mandato de asegurar que el gobierno actúe conforme a la Constitución y que los recursos públicos se utilicen para cumplir los fines del Estado democrático.
Escrito por: Saúl Arellano
Este principio responde a una lógica clásica del constitucionalismo: quien autoriza el gasto público debe también supervisar su uso. Desde la tradición liberal que dio origen a los parlamentos modernos, el control del presupuesto ha sido uno de los instrumentos más poderosos para limitar al Ejecutivo. Así, la capacidad de aprobar el presupuesto, modificarlo y fiscalizar su ejercicio constituye una de las herramientas más relevantes para garantizar la rendición de cuentas.
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En México, este principio se encuentra sólidamente arraigado en el diseño constitucional. El Congreso de la Unión tiene la facultad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación y de revisar su ejercicio. Esta función se materializa principalmente a través de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano técnico de la Cámara de Diputados encargado de examinar el uso de los recursos públicos federales.
Sin embargo, el control presupuestario no puede entenderse únicamente como una revisión contable o administrativa. En un Estado constitucional de derecho, el presupuesto es también una expresión concreta de las prioridades políticas del Estado. En otras palabras, el presupuesto es la traducción financiera del proyecto de país que se deriva de la Constitución.
En este punto adquieren especial relevancia los artículos 25 y 26 de nuestra Constitución Política. El artículo 25 establece que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional. Por su parte, el artículo 26 establece el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, mediante el cual el Estado debe organizar las acciones del gobierno a partir de objetivos, estrategias y prioridades definidas en un proceso participativo.
Ambos artículos configuran una arquitectura institucional que vincula el ejercicio del gasto público con la planeación del desarrollo. Esto significa que el presupuesto no debe responder únicamente a decisiones coyunturales del gobierno en turno, sino a una lógica de planificación orientada a cumplir los fines constitucionales del Estado mexicano. Desde una interpretación sistemática de la Constitución, esos fines tienen como fundamento último la protección y garantía de los derechos humanos.
En este sentido, el control parlamentario del presupuesto no puede limitarse a identificar irregularidades administrativas o posibles actos de corrupción. Debe ir más allá y determinar si los recursos públicos están siendo utilizados para cumplir con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos. La fiscalización superior debería ser, por tanto, un instrumento para evaluar si el gasto público contribuye efectivamente a reducir desigualdades, garantizar derechos sociales y proteger la dignidad humana.
En este contexto se inscribe uno de los desafíos institucionales más relevantes del momento: la llegada de un nuevo titular a la Auditoría Superior de la Federación. Su nombramiento ocurre en un momento particularmente complejo para el sistema de rendición de cuentas en México.
Durante las últimas décadas, la ASF ha logrado consolidarse como una institución clave para la fiscalización del gasto público. No obstante, también ha enfrentado limitaciones estructurales que dificultan que sus hallazgos se traduzcan en sanciones efectivas o en cambios sustantivos en la gestión pública.
El nuevo auditor superior enfrenta, por tanto, al menos tres grandes retos. El primero es fortalecer la autonomía técnica y la credibilidad institucional de la ASF. En esa lógica, su legitimidad dependerá de la rigurosidad metodológica de sus auditorías, de la transparencia en sus procesos y de la consistencia en sus criterios de evaluación.
El segundo reto consiste en avanzar hacia una fiscalización con enfoque de resultados y de derechos humanos. Durante mucho tiempo, la auditoría pública en México se ha concentrado principalmente en aspectos contables y administrativos. Empero resulta indispensable incorporar evaluaciones sustantivas sobre la eficacia del gasto público; es decir, verificar si el gasto público produjo los resultados esperados en términos de garantía de derechos.
El tercer desafío es fortalecer la articulación entre fiscalización, planeación del desarrollo y control parlamentario. Para que el Congreso pueda ejercer de manera efectiva su función de control del gobierno, necesita contar con información sólida, oportuna y analíticamente robusta sobre el desempeño del gasto público. La Auditoría Superior debe convertirse en una institución que genere conocimiento estratégico para orientar la toma de decisiones legislativas.
En última instancia, el sentido profundo de la fiscalización está en garantizar que los recursos públicos se utilicen para cumplir los mandatos constitucionales y para proteger aquello que constituye el núcleo ético del Estado democrático: la dignidad de las personas. Por ello, en una democracia madura, el control parlamentario es una de las principales garantías de que el poder público permanece sometido a la Constitución y de que el presupuesto se orienta hacia la realización efectiva de los derechos humanos.
El desafío para el nuevo Auditor Superior de la Federación es, en consecuencia, enorme: contribuir a que la fiscalización se consolide como uno de los pilares centrales de la democracia constitucional mexicana. Solo así el control del gobierno por parte del Congreso podrá asegurar que el poder se ejerza siempre en beneficio de la sociedad y en respeto irrestricto de la dignidad humana.
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Investigador del PUED-UNAM
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