Rescatar la economía desde abajo

Las tiendas pequeñas tiendas y micronegocios mexicanos están siendo golpeados simultáneamente por la inflación, el encarecimiento de la electricidad, la inseguridad, la extorsión y la reducción de sus márgenes comerciales. Se trata de la base de la pirámide económica del país y del ámbito que mayor cantidad de empleos genera en todo el territorio nacional.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

En efecto, de acuerdo con los datos citados por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, 89.4% de los comerciantes percibe que la inflación afectó más a su negocio que el año anterior; 81.9% tuvo que reducir su margen de ganancia para conservar clientes y 89.1% incrementó sus precios. La electricidad aparece, además, como uno de los costos que más comprometen la operación cotidiana, mientras el robo hormiga y la extorsión completan un escenario que amenaza directamente la viabilidad de miles de establecimientos.

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Los Censos Económicos 2024 del INEGI permiten dimensionar el problema. En sus resultados nacionales, los micronegocios representan 95.5% de las unidades económicas y ocupan a 41.5% de los trabajadores. Si se considera específicamente al sector privado y las empresas paraestatales, utilizando la clasificación por tamaño empresarial, las microempresas representan 97.2% de las unidades económicas y generan 51.3% del empleo, aunque reciben apenas 18.8% del valor agregado censal bruto. En el otro extremo, las grandes empresas constituyen únicamente 0.1% de las unidades, pero concentran 43.8% del valor agregado.

Esta asimetría revela una estructura económica en la cual millones de personas participan en la generación de riqueza desde posiciones extraordinariamente desiguales. La economía mexicana descansa, en buena medida, sobre una enorme base de pequeños establecimientos, talleres, comercios y empresas familiares que proporcionan empleo, distribuyen mercancías, prestan servicios y sostienen economías locales, mientras las capacidades financieras, tecnológicas y de acumulación permanecen considerablemente concentradas.

Desde una perspectiva de justicia económica, esta situación resulta difícilmente defendible. Una sociedad no puede exigir competitividad a agentes económicos que parten de condiciones radicalmente desiguales y después atribuir exclusivamente a su incapacidad individual el fracaso empresarial. El pequeño comerciante compite contra corporaciones con economías de escala, sistemas logísticos sofisticados, financiamiento institucional, tecnología, departamentos jurídicos, capacidad publicitaria y poder de negociación frente a proveedores. La supuesta igualdad del mercado encubre así una profunda desigualdad de capacidades.

Hay además un fenómeno que el propio INEGI estudia mediante la Demografía de los Negocios: nacimiento, supervivencia y muerte de los establecimientos. El Instituto ha construido indicadores de esperanza de vida, probabilidades de supervivencia y mortalidad empresarial precisamente porque la desaparición de negocios constituye un fenómeno estructural y mensurable de nuestra economía. Cada establecimiento que desaparece significa capital perdido, ahorros familiares consumidos, conocimientos desperdiciados y, frecuentemente, personas expulsadas hacia el desempleo o la informalidad.

Aquí adquiere relevancia una lectura crítica de la microeconomía. El mercado no distribuye únicamente mercancías: distribuye también posibilidades de supervivencia. Quien dispone de capital puede soportar pérdidas temporales, financiar inventarios, adquirir tecnología, negociar mejores precios y esperar retornos futuros. Quien opera una tienda, un pequeño taller o una microempresa familiar necesita liquidez inmediata. Una enfermedad, un incremento de la electricidad, una caída temporal de ventas, una extorsión o una deuda onerosa pueden destruir en semanas lo construido durante años.

Por ello México necesita una estrategia nacional para la supervivencia y el desarrollo de las Mipymes, concebida como política de desarrollo y no como programa de asistencia temporal para empresarios pequeños. La distinción, como se observa, es decisiva.

México cuenta desde 2002 con una Ley para el Desarrollo de la Competitividad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa cuyo propósito explícito es promover su creación, viabilidad, productividad, competitividad y sustentabilidad, incrementar su participación en los mercados y fomentar encadenamientos productivos capaces de generar mayor valor agregado nacional. Más de dos décadas después, la magnitud de las dificultades obliga a preguntar si esa arquitectura institucional tiene actualmente la escala, recursos y capacidades que exige la estructura productiva mexicana.

Una estrategia renovada tendría que integrar al menos cinco dimensiones: simplificación regulatoria radical y una ventanilla única nacional para apertura y operación; financiamiento accesible respaldado por banca de desarrollo y sistemas de garantías públicas; capacitación empresarial permanente; incorporación tecnológica y digitalización; y construcción de cadenas regionales de valor que permitan que pequeñas empresas se conviertan en proveedoras de empresas medianas, grandes y del propio Estado. A ello debe añadirse algo que pocas veces aparece dentro de la política económica: seguridad económica territorial. No existe política de fomento empresarial posible cuando un comerciante debe incorporar la extorsión como un costo más de operación.

Es importante subrayar que la política económica mexicana ha tendido a imaginar el desarrollo desde arriba: atraer grandes inversiones, incrementar exportaciones, aprovechar el nearshoring, desarrollar infraestructura y confiar en que los beneficios terminarán irradiándose hacia el resto de la economía. El problema es que una economía nacional no se construye solamente desde sus grandes corporaciones. Se construye sobre todo desde abajo y desde el territorio.

Una tienda de barrio es una unidad económica, pero también significa proximidad, empleo, circulación local del ingreso y, frecuentemente, patrimonio familiar acumulado durante generaciones. Una pequeña empresa manufacturera puede ser apenas un establecimiento de diez trabajadores, pero también puede convertirse en el primer eslabón de una cadena industrial regional. Lo decisivo consiste en crear las condiciones institucionales para que sobreviva, acumule capacidades y pueda crecer.

Hay aquí, finalmente, una cuestión de justicia. Si casi toda la estructura empresarial mexicana está formada por unidades micro y pequeñas, fortalecerlas significa democratizar las posibilidades de producir, invertir y prosperar. El objetivo no debería ser conservar indefinidamente negocios precarios, sino impedir que la precariedad sea su destino estructural.

México necesita una política industrial para sus grandes proyectos estratégicos. Necesita también una política económica para quienes levantan diariamente la cortina de millones de establecimientos. Rescatar a las Mipymes significa reconocer que un nuevo curso de desarrollo para el país tiene su principal base en la tienda de la esquina, el taller, la pequeña fábrica y el negocio familiar. Allí se encuentra una parte sustantiva de la economía real del país y, quizá, una de las mayores oportunidades para construir una economía más productiva, territorialmente equilibrada y socialmente justa.

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Investigador del PUED-UNAM

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