La emergencia epidemiológica que se enfrenta en buena parte del continente americano debido al brote en del sarampión constituye una clara expresión de una falla economía política. Cada contagio, que de suyo es prevenible con una adecuada y oportuna vacunación, obliga a examinar las decisiones presupuestarias, institucionales y de comunicación de las cuales depende el acceso a los biológicos. Ante ello, puede afirmarse sin dudar, que la salud colectiva exige continuidad, y que basta con algunos años de coberturas insuficientes para que se acumulen las condiciones para que un brote sea posible.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
De acuerdo con diversos reportes, en los EEUU, una comisión independiente determinó que ese país dejó de cumplir con los requisitos para conservar la condición de país libre de sarampión, que mantenía desde el año 2000. Perderla significa que la transmisión del virus se ha sostenido durante al menos doce meses. Canadá la perdió en 2025, y México se encuentra en riesgo de perderla; es decir, Norteamérica entera muestra hoy la fragilidad de conquistas sanitarias que dependen de políticas, presupuestos y acciones permanentes.
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Asimismo, la dimensión continental del problema es alarmante. De acuerdo con la OPS, hasta la semana epidemiológica 43 de 2026, se habían notificado 57,666 casos confirmados en 17 países y territorios, lo cual equivale a 4.7 veces lo registrado en el mismo periodo del año anterior. Guatemala acumuló 34,748 casos; México, 13,761; Estados Unidos, 4,852; Perú, 2,862, y Canadá, 1,126; de modo que cinco países concentran el 99.5% del total. Se notificaron, además, 81 defunciones: 53 en Guatemala, 23 en México, tres en Estados Unidos, una en Perú y una en Bolivia.
Los datos más recientes muestran una disminución. Durante las semanas 41 y 42 se notificaron 547 casos nuevos en la región, 38% menos que en las dos semanas previas, y a México correspondieron únicamente 29. Sin embargo, dos semanas de descenso no equivalen a la interrupción de las cadenas de transmisión; y los registros que se incorporan de manera retrospectiva modifican las comparaciones.
En el caso de México, la problemática se encuentra documentada claramente. Las estimaciones de la OMS y de UNICEF ubican la cobertura de vacunas contra el sarampión, de la primera dosis, en 97% en 2018, en 73% en 2019, en 76% en 2023, en 80% en 2024 y en 88% en 2025; mientras que la de la segunda dosis fue de apenas 69% tanto en 2024 como en 2025. Frente a ello, la OPS recomienda alcanzar y mantener coberturas de al menos 95% con dos dosis. Lo anterior significa que el país lleva más de un lustro por debajo del umbral que garantiza la protección colectiva, y esa es la principal razón de que el brote haya llegado a un “terreno fértil” para su rápida propagación.
El problema es, además, ideológico. La vacunación descansa en la confianza pública en la ciencia, y esa confianza ha sido erosionada desde el poder. En Estados Unidos, Donald Trump, quien durante años repitió la tesis desacreditada que vincula a las vacunas con el autismo, entregó la conducción de la política sanitaria a Robert F. Kennedy Jr., una de las figuras más visibles del movimiento antivacunas. En México, Andrés Manuel López Obrador desdeñó reiterada y abiertamente al conocimiento científico y experto: asignó por ejemplo, valor protector a estampas religiosas ante la COVID19, y bajo su gobierno se desarticuló el sistema de compra de biológicos. A ello se suma la desinformación, frente a la cual las autoridades tienen la obligación de sostener mensajes inequívocos, basados en evidencia, acerca de la seguridad y la eficacia de las vacunas.
Recuperar las coberturas requiere de financiamiento estable, de la búsqueda activa de esquemas incompletos, de brigadas territoriales y de una vigilancia transparente, con resultados por municipio y por comunidad. Las Américas disponen de las herramientas para detener el sarampión, pero su eficacia dependerá de que el derecho a la salud sea efectivamente una garantía cotidiana, verificable y universal.
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Investigador del PUED-UNAM
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