Ningún país del mundo, ninguno, ha logrado reducir significativamente la pobreza exclusivamente a través de programas de transferencias de ingresos, en cualquiera de sus modalidades. Sí lo han hecho aquellos que han generado modelos y estilos de desarrollo centrados en la garantía plena de los derechos humanos de sus poblaciones.
De manera reciente, he tenido la oportunidad de entrevistar a las y los embajadores en México, de países con altos niveles de desarrollo humano y altos niveles de ingresos: Noruega, Suiza, Nueva Zelandia, Chipre, Portugal y Polonia. En la visión que me han transmitido respecto de los sistemas de bienestar de sus naciones, hay coincidencias que es relevante subrayar:
1) En todos estos países hay un pacto político-social que le da cauce y sentido a sus democracias, mediante un indeclinable compromiso con la garantía de los derechos humanos, incluidos en ellos, por supuesto, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de la población.
2) Una extendida cultura de intolerancia ante la corrupción, a la par de sistemas institucionales que la controlan, investigan y sancionan de manera efectiva.
3) Sistemas económicos centrados en la creación de empleos dignos. Esto implica la existencia de sindicatos democráticos que defienden asertivamente los derechos de sus agremiados.
4) Sistemas fiscales progresivos: pagan más quienes ganan más; y lo recaudado permite financiar sistemas de bienestar que tienen como principal objetivo la redistribución del ingreso para la garantía de los derechos sociales, fundamentalmente educación y salud gratuita (o altamente accesible) de manera universal y de calidad.
5) Estilos de desarrollo sostenible. El caso noruego es paradigmático, donde a pesar de ser importantes productores de petróleo, hoy casi el 98% de su energía es producida con “tecnologías verdes”.
6) Un auténtico compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, y sistemas de políticas públicas dirigidos a dar prioridad a los derechos de las niñas y los niños.
Lo primero es crecer de manera sostenida, con equidad. En eso es en lo que la economía mexicana se encuentra estancada desde hace 30 años, y parece que así seguirá en al menos los siguientes tres.
Y es que, si se cumplen las proyecciones económicas que se han elaborado con los indicadores de lo que va de esta administración, en 2019 creceremos, si acaso un 1%; y para el 2020 el FMI espera un crecimiento de 1.9%.
Estos indicadores obligarían a crecer, del 2021 al 2024, a una tasa promedio de 5.2%, perspectiva que se vislumbra prácticamente imposible. Estos datos son relevantes porque de acuerdo con los datos del CONEVAL, entre 1992 y 2016 la proporción de personas en pobreza por ingresos en nuestro país no se movió un ápice; y esto ocurrió en un periodo con un crecimiento económico promedio de 2%.
Ahora bien, hay expertos quienes afirman que aún es posible alcanzar a partir del 2021, tasas de crecimiento de 4% anuales (que es la promesa de campaña del presidente); si esto ocurriese, tendríamos una tasa promedio de 3.15% en el sexenio; pero como nuestra población va a rebasar los 132 millones de habitantes para el 2024, aún en ese escenario, el número de absoluto de personas en pobreza se mantendrá por arriba de los 50 millones.
En un escenario moderado, con crecimiento promedio de 3% anual a partir del 2021, tendríamos un crecimiento promedio de 2.4% anualizado; es decir, aproximadamente lo mismo que en el llamado “periodo neoliberal”; por lo que el “pos-neolibeal” estaría siendo incapaz de revertir el desastre generado en las últimas tres décadas.
Para crecer más es inevitable cobrar más impuestos a quienes más ganan, y al mismo tiempo, redistribuirlos de manera justa y eficaz. Pero el presidente de la República prometió no cobrar más impuestos hasta el año 2021.
Un sistema impositivo progresivo implica alterar realmente la desigualdad; y ello conlleva alterar en serio las relaciones del poder. Mientras eso no ocurra, seguirá habiendo más pobres.
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