La protección frente al acoso también debe llegar al trabajo informal

La OIT advierte que la inseguridad económica y las dificultades para denunciar aumentan la exposición a la violencia. Dos nuevas notas plantean medidas inmediatas de protección, acompañadas de una transición inclusiva hacia la formalidad.

México social/ Redacción

Perder el ingreso del día puede ser una amenaza suficiente para guardar silencio ante un abuso. En la economía informal, la incertidumbre económica, las barreras para acceder a la justicia y la falta de representación pueden reducir las posibilidades de rechazar una agresión o abandonar un entorno violento. Dos nuevas notas de políticas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) examinan estas condiciones y sostienen que la protección debe llegar a las personas sin esperar a que su actividad se formalice.

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Las publicaciones, reunidas bajo el título Prevención y abordaje de la violencia y el acoso en la economía informal y mediante la formalización, estudian los factores de vulnerabilidad y presentan experiencias para fortalecer la prevención, la protección y el acceso a mecanismos de denuncia y reparación.

Trabajadoras y trabajadores domésticos migrantes se reúnen en Lampung Oriental, Indonesia. © Gede Setiyana / OIT.

Una investigación de la OIT, Gallup y la Lloyd’s Register Foundation encontró que el 23% de las personas ocupadas había sufrido violencia o acoso físico, psicológico o sexual durante su vida laboral. La cifra corresponde al conjunto de la población ocupada; los datos mundiales comparables sobre quienes trabajan específicamente en la economía informal siguen siendo limitados.

La evidencia disponible sí identifica condiciones que pueden agravar los riesgos: protección laboral y social insuficiente, responsabilidades empresariales dispersas o poco claras y obstáculos para la inspección. La discriminación y la limitada organización colectiva profundizan esos desequilibrios. Para las mujeres, la interacción entre informalidad y desigualdad de género puede añadir nuevas desventajas.

El lugar donde se trabaja también importa. En los países de ingresos bajos y medianos, más del 60% del trabajo informal se realiza fuera de establecimientos comerciales fijos y visibles. Esto incluye domicilios privados y espacios públicos, donde la supervisión y los mecanismos convencionales de protección pueden encontrar dificultades para llegar a quienes los necesitan.

Las personas trabajadoras del hogar y quienes producen desde sus viviendas pueden desarrollar sus actividades de manera aislada. Para vendedores ambulantes, recicladores y otros trabajadores de la calle, los riesgos pueden provenir de clientes, del público o de autoridades, además de condiciones inseguras de infraestructura. Las mujeres en el empleo informal tienen mayores probabilidades que los hombres de trabajar en su domicilio o en el de otra persona.

Vendedores ambulantes en un mercado de Bălți, República de Moldova. © Marcel Crozet / OIT.

Valentina Beghini, especialista jurídica de la OIT y coautora de las notas, subraya que el mundo del trabajo se extiende más allá de los centros laborales tradicionales. De ahí la necesidad de adaptar la prevención a los lugares y circunstancias en que efectivamente se realizan las actividades.

Las publicaciones toman como referencia el Convenio 190 sobre violencia y acoso y la Recomendación 206, cuyo ámbito comprende las economías formal e informal. También recurren a la Recomendación 204 sobre la transición a la formalidad. Estos instrumentos ofrecen orientaciones complementarias para atender los déficits de derechos y ampliar la protección, la seguridad y la salud en el trabajo.

Entre las prácticas identificadas figuran ampliar la cobertura jurídica, adaptar la inspección, establecer mecanismos accesibles de denuncia y apoyo, e incorporar la violencia y el acoso a las políticas de seguridad y salud laboral. La organización colectiva puede contribuir a reconocer riesgos, negociar condiciones más seguras y facilitar el acceso a vías de recurso.

La OIT advierte que no existe una respuesta única: las medidas deben considerar cada sector y modalidad de trabajo, con participación de las personas afectadas y perspectiva de género. La formalización sigue siendo fundamental para ampliar y sostener derechos. Mientras ese proceso avanza, la protección inmediata debe permitir que denunciar un abuso y recibir apoyo sean posibilidades efectivas también para quienes trabajan en la informalidad.

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Fuente: OIT Noticias, comunicado proporcionado sobre las dos notas de políticas. Fotografías: OIT, con los créditos indicados.

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