Para 2050, las Américas tendrán 306 millones de personas de 60 años o más. Aunque la mayoría de los países consultados reconoce los cuidados de larga duración en sus políticas, apenas 15 de los 35 Estados miembros de la OPS reportan un sistema formal con financiamiento público. Las familias cubren buena parte de esa insuficiencia con dinero y trabajo no remunerado.
México Social / Redacción
El envejecimiento de la población está aumentando la necesidad de organizar y financiar los cuidados de larga duración en las Américas. Para 2050, se estima que 306 millones de personas tendrán 60 años o más, una proporción superior a la cuarta parte de los habitantes de la región. Este cambio demográfico exige ampliar los servicios que permiten mantener la autonomía, la capacidad funcional y la calidad de vida de quienes requieren apoyo cotidiano.
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Un informe conjunto de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica una distancia importante entre el reconocimiento de esta necesidad y la disponibilidad efectiva de servicios. Los países han incorporado los cuidados a sus agendas públicas, pero persisten dificultades para convertir esos compromisos en atención continua, accesible y adecuadamente financiada.
Según la revisión de mitad de periodo de la Década del Envejecimiento Saludable de las Naciones Unidas, el 88% de los países que respondieron a la encuesta informó haber incluido los cuidados de larga duración en su legislación, políticas o planes. En 2020, la proporción era de 61%. El avance muestra un reconocimiento creciente del problema, aunque la existencia de disposiciones normativas no garantiza por sí misma su cumplimiento.
Solo 15 de los 35 Estados miembros de la OPS reportaron contar con un sistema formal y públicamente financiado. Además, en una pregunta distinta, únicamente siete de los 27 países que respondieron señalaron que reconocen legalmente a los cuidadores informales y su derecho a recibir apoyo. Los resultados proceden de universos de respuesta diferentes y permiten observar carencias tanto en la prestación de servicios como en la protección de quienes cuidan.
El envejecimiento tampoco debe confundirse automáticamente con dependencia. Las necesidades de apoyo varían entre personas y requieren evaluaciones específicas. La finalidad de un sistema de cuidados es responder a esas necesidades respetando la autonomía y las decisiones de quienes reciben atención, además de contribuir a preservar sus capacidades durante el mayor tiempo posible.
El informe Gobernanza y financiación de los cuidados de larga duración señala que la fragmentación institucional es uno de los principales obstáculos. Los servicios sanitarios y de protección social suelen funcionar por separado, sin evaluaciones coordinadas ni planes compartidos. Una persona puede recibir atención de distintos proveedores y, aun así, carecer de acompañamiento continuo.
Esa fragmentación traslada a los hogares tareas de coordinación: buscar servicios, reunir información, gestionar trámites y resolver las interrupciones de la atención. Cuando las alternativas disponibles son insuficientes, las familias deben aportar trabajo no remunerado o pagar directamente los servicios que necesitan.
El documento estima que el valor económico de los cuidados informales de larga duración puede representar entre 0,8% y 4,9% del PIB anual. Se trata de una valoración del trabajo aportado, que no debe confundirse con gasto público ni con desembolsos monetarios efectivos de las familias. Su magnitud permite reconocer recursos y esfuerzos que habitualmente permanecen fuera de los presupuestos destinados a atender estas necesidades.
La dependencia de los recursos familiares también plantea un problema distributivo. Los hogares tienen capacidades muy distintas para contratar servicios, adaptar sus viviendas o disponer de tiempo para cuidar. Sin apoyos públicos suficientes, esas diferencias pueden traducirse en desigualdades en la atención y en una sobrecarga para quienes asumen las responsabilidades cotidianas.
Uruguay ofrece una experiencia de coordinación institucional. Su Sistema Nacional Integrado de Cuidados, establecido en 2015, reúne a ministerios, gobiernos locales y sociedad civil mediante una estructura compartida que articula políticas, servicios y financiamiento.
El sistema utiliza evaluaciones estandarizadas para identificar necesidades y determinar el acceso a los apoyos. Combina financiamiento público con copagos vinculados a los ingresos, establece normas de calidad para los proveedores y contempla requisitos de formación y certificación para las personas trabajadoras del cuidado. La experiencia ilustra la importancia de vincular acceso, sostenibilidad financiera y calidad de la atención.
Para México, el diagnóstico regional ofrece criterios relevantes para la discusión pública: definir responsabilidades entre instituciones, establecer mecanismos de financiamiento sostenido y conectar los servicios de salud con los apoyos sociales y comunitarios. La construcción de un sistema también debe considerar a quienes cuidan sin remuneración y garantizar condiciones laborales dignas para quienes lo hacen como empleo.
La Política Regional de Cuidados de Larga Duración 2025-2034 de la OPS propone avanzar en esa dirección mediante una mejor coordinación, financiamiento y calidad, con participación de la atención primaria y los servicios comunitarios.
La capacidad de respuesta deberá evaluarse por la continuidad de los apoyos, su accesibilidad y su contribución a la autonomía de las personas. Frente al envejecimiento de la población, reconocer los cuidados en las leyes es un avance necesario; dotarlos de servicios, personal y recursos determinará cuánto de ese reconocimiento llega efectivamente a la vida cotidiana.
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