México tiene alrededor de 6.4 millones de personas con discapacidad, de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025. En 2020 eran aproximadamente 6.2 millones. Las cifras redondeadas muestran un aumento absoluto cercano a 200 mil personas, mientras que su participación en la población permanece en 4.9. Lo anterior significa que, a pesar de la estabilidad porcentual las necesidades de atención crecen en volumen y exigen ampliar la capacidad pública para garantizar derechos.
Escrito por: Saúl Arellano
De acuerdo con la información del INEGI, las dificultades más frecuentes que tienen las personas en movilidad, para ver o escuchar, comprometen actividades esenciales para la autonomía. En 2025, el 49.1% declaró que tenía mucha dificultad o imposibilidad para caminar, subir o bajar; 41.8%, para ver aun utilizando lentes; y 20.2%, para oír incluso con aparato auditivo. Les seguían recordar o concentrarse, con 16.5%; bañarse, vestirse o comer, con 16.3%; y hablar o comunicarse, con 11.6%. Los porcentajes se superponen porque una persona puede presentar varias discapacidades. Frente a 2020, destaca el incremento de las dificultades para caminar, que entonces representaban 47.6%.
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El envejecimiento eleva la urgencia de esta agenda. En 2025, el 50.54% de las personas de 60 años y más presentaba alguna discapacidad, limitación o problema o condición mental, esto es, cerca de 9.7 millones de personas. Esta magnitud anticipa en el corto plazo mayores necesidades de atención sanitaria, rehabilitación, accesibilidad y cuidados. Por ello debe alertarse también que las transferencias monetarias carecen de capacidad para proporcionar esos servicios y que garantizar derechos exige articular la protección del ingreso con una política de atención que responda a necesidades diferenciadas.
El Segundo Informe de Gobierno permite examinar la jerarquía discursiva de estas prioridades. En el archivo completo, incluidos índices y anexos, la palabra “discapacidad” aparece 122 veces; la expresión “seguridad pública”, 365; y “bienestar”, 918. La comparación muestra una presencia textual desigual, que puede interpretarse como una definición de política pública donde importa más el posicionamiento de la discursividad oficial que la reflexión sobre agendas de alta complejidad. La evidencia más preocupante está en la página 146, del citado informe, pues señala que aun continuaba la elaboración del Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 2026–2030 y que se había integrado apenas un proyecto preliminar. Es decir, en el segundo año de gobierno, el instrumento para coordinar transversalmente esta agenda todavía se presentaba en construcción.
El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. México llegará a esa fecha con una deuda grave como Estado parte de la Convención en la materia, pues el retraso de la política integral que debe articular esas obligaciones expresa un incumplimiento de enorme gravedad.
El abandono de esta agenda se expresa en la distancia entre los apoyos otorgados y la construcción de condiciones para una vida autónoma. El Gobierno de la República debe demostrar cuántas barreras elimina, cuántas trayectorias educativas sostiene y cuántas oportunidades efectivas abre, pues para millones de personas, ejercer derechos sigue dependiendo de que esa distancia se cierre.
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Investigador del PUED-UNAM
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