La corrupción constituye una de las expresiones más profundas de la crisis ética e institucional de México. Su persistencia revela hasta qué punto las relaciones entre el poder público, los intereses económicos y la ciudadanía continúan atravesadas por prácticas de apropiación privada de lo público, discrecionalidad y abuso de autoridad. Sus consecuencias alcanzan prácticamente todas las dimensiones de la vida colectiva: debilitan la confianza, encarecen las actividades económicas, reproducen desigualdades y erosionan las condiciones indispensables para el ejercicio efectivo de los derechos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Los resultados más recientes del Índice de Estado de Derecho del World Justice Project confirman la gravedad del problema. En 2026, México descendió cuatro posiciones hasta ubicarse en el lugar 125 de 143 países. Particularmente preocupante es su posición en ausencia de corrupción, donde ocupa el lugar 135, mientras que en justicia penal se encuentra en el 139. Estos resultados describen un deterioro institucional que compromete la capacidad del Estado para garantizar legalidad, seguridad y justicia.
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La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025 permite dimensionar el problema desde la experiencia ciudadana. El 84.1% de la población urbana adulta considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente. Además, aumentó el número de personas que experimentaron directamente actos de corrupción en sus contactos con autoridades. El costo económico estimado de estas prácticas alcanzó los 17,707 millones de pesos, considerando únicamente determinadas interacciones cotidianas de los hogares con las autoridades.
Por su parte, la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026 estima que, durante 2025, el 93.4% de los delitos permaneció sin denuncia o sin investigación iniciada, mientras que en la extorsión esa proporción llegó al 97.5%. Aunque estos indicadores no miden directamente corrupción gubernamental, muestran la fragilidad de los mecanismos de denuncia y procuración de justicia.
Desde una perspectiva ética, la corrupción supone una ruptura del principio de universalidad de la ley. Cuando la garantía efectiva de un derecho, una autorización o un permiso para un negocio dependen de un cobro ilegal, una influencia personal o una negociación clandestina, desaparece la igualdad jurídica que debe sustentar cualquier orden democrático. La arbitrariedad sustituye la obligación pública de actuar conforme a normas generales.
La corrupción erosiona todo el entramado institucional. Alcanza a la Presidencia de la República, compromete la legitimidad de los poderes Legislativo y Judicial y destruye la confianza en las autoridades locales. Su persistencia contamina incluso las decisiones públicas legítimas, pues instala la sospecha sobre los motivos, beneficiarios e intereses que las determinan. Ningún poder puede considerarse ajeno a sus efectos.
Sus consecuencias económicas son igualmente profundas. La extorsión criminal y la corrupción institucional multiplican los costos de producir, comerciar e invertir. Cuando las empresas enfrentan cobros ilegales, arbitrariedad administrativa o protección insuficiente frente al delito, desaparece la certidumbre indispensable para ampliar sus inversiones. La corrupción se convierte así en un obstáculo estructural para el crecimiento y la prosperidad.
En ello reside una de las mayores deudas de la llamada Cuarta Transformación. A pesar de sus compromisos de separar el poder político del económico y renovar moralmente la vida pública, la corrupción continúa extendida. Los escándalos recurrentes y la ausencia de resultados suficientemente contundentes frente a la impunidad comprometen la credibilidad de ese proyecto político. La responsabilidad alcanza también a quienes, desde las instituciones, toleran irregularidades, obstaculizan investigaciones o permiten que las redes de complicidad sobrevivan a los cambios de gobierno.
Por más que existan avances en determinados ámbitos de gobierno, su legitimidad se debilita cuando la ciudadanía percibe que la corrupción permanece intacta. Ninguna transformación puede consolidarse mientras persistan privilegios, redes de complicidad y autoridades que actúan al margen de la ley.
Combatir la corrupción exige someter efectivamente todos los poderes al escrutinio público, investigar sin excepciones y sancionar a quienes traicionan sus responsabilidades. La gran deuda de la 4T es demostrar que el ejercicio del poder puede estar verdaderamente subordinado a la ley y a la ética pública.
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Investigador del PUED-UNAM
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