Una de las mayores promesas políticas de la llamada Cuarta Transformación fue erradicar la corrupción, al grado que, puede afirmarse así, fue uno de los fundamentos de su legitimidad y del arrollador triunfo electoral en 2018; en efecto, tuvo gran éxito la idea de que el cambio de régimen permitiría separar al poder público de las prácticas que históricamente lo habían convertido en instrumento de apropiación privada, protección de intereses y reproducción de privilegios. Sin embargo, los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2026 muestran que, más allá del discurso, la corrupción sigue formando parte del modo en que millones de personas interpretan a las instituciones mexicanas.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Entre la población que identifica a las autoridades de seguridad y justicia, 74.1% considera corrupta a la policía de tránsito; 65.8%, a los jueces; 63.6%, a la policía preventiva municipal; 62.8%, a la policía estatal, y 61.4%, a los ministerios públicos y fiscalías estatales. La percepción también alcanza a la Policía Ministerial, Judicial o de Investigación, con 56%, y a la Fiscalía General de la República, con 56.2 por ciento.
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Estamos, por tanto, ante el hecho de que la corrupción es percibida como una característica extendida de las instituciones encargadas, precisamente de hacer cumplir la ley. Ahí se encuentra una de las contradicciones más graves del Estado mexicano: quienes deben perseguir delitos, investigar responsabilidades, impartir justicia y garantizar la seguridad aparecen ante la población como autoridades atravesadas por malas prácticas y por la realización cotidiana de actos violatorios de la ley.
Los datos permiten verificar, además, la relación entre corrupción percibida y confianza declarada en las instituciones. En efecto, si se suman las respuestas que se presentan en la ENVIPE, respecto de “mucha confianza” y “algo de confianza” en las instituciones, la Marina alcanza 89.5%; la Fuerza Aérea, 88.9%; el Ejército, 87%, y la Guardia Nacional, 79.4 por ciento. Son también las instituciones con menor percepción de corrupción: 24% en la Marina, 19.5% en la Fuerza Aérea, 28.6% en el Ejército y 36% en la Guardia Nacional.
En el extremo contrario se encuentra la policía de tránsito: 74.1% la considera corrupta y sólo 45.8% expresa mucha o alguna confianza en ella. Las policías municipales registran 63.6% de percepción de corrupción y 57.1% de confianza positiva; las estatales, 62.8% y 58.6%, respectivamente. Entre las once autoridades evaluadas, la correlación entre percepción de corrupción y confianza positiva es sumamente alta y confirma que la reputación institucional depende directamente de que el gobierno y sus dependencias sean vistos como honestos y eficaces en su trabajo.
El patrón no sólo aparece en el promedio nacional. Al comparar las entidades federativas, la relación mencionada se conserva para todas las autoridades. Es especialmente intensa en las policías de tránsito, los ministerios públicos y fiscalías estatales, la Guardia Nacional y las policías ministeriales. Con base en estos datos es posible interpretar que la pérdida o la erosión de la confianza ciudadana se relaciona precisamente con la ineficacia, los abusos, la impunidad y la experiencia directa del maltrato institucional.
Es un hecho que la corrupción no debe entenderse sólo como una suma de servidores públicos desviados de la práctica de su deber y mandato legal. Esa interpretación individualiza el problema y protege a la estructura que le da permanencia. La corrupción persistente es también una relación de poder: determina quién puede comprar una excepción, quién consigue protección, quién permanece impune y sobre quién se aplica selectivamente la ley. No suspende el orden jurídico para todos, sino que distribuye de manera desigual la posibilidad de evadirlo. Por eso afecta profundamente la confianza en las instituciones públicas.
Confiar en una institución significa esperar que actuará conforme a reglas impersonales, incluso cuando ninguna vigilancia inmediata la obligue. Cuando la ciudadanía supone que una decisión policial, ministerial o judicial puede comprarse, negociarse o subordinarse a influencias políticas o a la entrega de dádivas o recursos, deja de reconocer en la autoridad la encarnación de una norma común. La institución permanece físicamente, conserva edificios, presupuestos, uniformes y facultades, pero pierde parte de su realidad simbólica y ética.
La confianza se produce mediante resultados verificables, controles independientes, investigaciones eficaces, ejemplaridad ética y sanciones incluso -o mejor aún, sobre todo- contra quienes pertenecen al grupo gobernante; porque si ocurre lo contrario, el discurso anticorrupción se vuelve estéril cuando transforma la honestidad en atributo moral de algunos dirigentes políticos, y no en una arquitectura institucional capaz de limitar a cualquier persona que ejerza poder.
Los resultados de la ENVIPE contienen otro dato revelador: solamente 13.2% de la población conoce acciones realizadas por su municipio o localidad para combatir la corrupción. En contraste, 54% identifica mejoras en el alumbrado y 46.3% mayor patrullaje. Esto puede reflejar problemas de comunicación, pero también la escasa visibilidad de políticas anticorrupción concretas en el ámbito más próximo a la vida cotidiana.
La promesa de erradicar la corrupción debe juzgarse, entonces, no por la reiteración del propósito, sino por la transformación observable de las instituciones. La ENVIPE 2026 muestra, en ese sentido, que la promesa está lejos de haberse convertido en experiencia social: la mayoría continúa percibiendo corrupción en policías, fiscalías y tribunales.
La corrupción persiste no sólo cuando se roba dinero público, sino cuando la ciudadanía aprende que la ley y su aplicación tienen precio, intermediarios o propietarios. En ese aprendizaje se deteriora algo más que la reputación gubernamental: se erosiona la posibilidad misma de reconocernos como iguales ante un orden compartido.
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Investigador del PUED-UNAM
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