En México las autoridades locales viven, en ya incontables regiones, un asedio permanente, cuando no la captura definitiva del crimen organizado. Lo anterior puede dimensionarse, si se considera que, desde el 2010 hasta 2025, más de un centenar de alcaldes y exalcaldes han sido asesinados; más de 700 han sido víctimas de atentados, secuestros o desapariciones temporales, mientras que otra cifra similar de regidores, síndicos y otros funcionarios municipales han sido víctimas de hechos semejantes; y esto sin contar a las candidatas y candidatos a cargos de elección popular que, en lo local, han corrido la misma suerte.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Con base en ello, puede sostenerse que se trata ya de un fenómeno estructural y sistemático, que revela el grado de vulnerabilidad en que se encuentra el núcleo mismo de la organización política del país. Lo que está en juego entonces es la seguridad de quienes ejercen la representación política en el ámbito local, la capacidad del Estado para preservar el control legítimo del territorio y, en última instancia, la viabilidad misma del orden democrático en numerosas regiones del país.
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El municipio constituye, conforme al artículo 115 constitucional, la base de la división territorial y de la organización política y administrativa de la República. Sin embargo, en la mayoría de los casos los gobiernos municipales carecen de las capacidades materiales, financieras y operativas para enfrentar a organizaciones criminales que disponen de recursos económicos, armamento, capacidad de inteligencia y control territorial superiores a los de muchas administraciones locales.
A ello se suma que, mientras numerosos alcaldes son asesinados, otros han sido procesados o investigados por presuntos vínculos con esas mismas estructuras delictivas. Las detenciones recientes de autoridades municipales en distintas entidades federativas muestran que la frontera entre infiltración, captura institucional y ejercicio legítimo del gobierno se ha vuelto peligrosamente difusa ante el desafío criminal al poder público e incluso su usurpación vía la imposición de candidatos o la compra de voluntades y favores político-económicos.
La consecuencia ha sido paradójica. Mientras l Constitución proclama la autonomía municipal, la realidad ha empujado hacia una creciente recentralización de funciones y recursos. La seguridad pública, la inteligencia criminal, la capacidad operativa y buena parte de las decisiones estratégicas descansan cada vez más en instancias federales y estatales. Ante esta situación, la elección de 2027, en la que habrán de elegirse autoridades en 1,802 municipios impone un reto inmenso para garantizar que serán postuladas y elegidas personas sin ataduras y capaces de enfrentar la complejidad de lo local.
Esta situación obliga a reconsiderar una de las metáforas políticas más influyentes de la modernidad. Para Thomas Hobbes, el Leviatán representaba la fuerza soberana del Estado capaz de contener el caos y garantizar la paz civil frente al Behemoth de la guerra de todos contra todos. Pero en numerosas regiones se ha invertido esa ecuación: el Leviatán se encarna en organizaciones criminales que imponen reglas, cobran tributos ilegales, controlan mercados, regulan conductas y deciden quién puede gobernar y quién no. El asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, como ejemplo emblemático, colocó esta realidad frente a los ojos del país.
Frente a esa amenaza, la respuesta inmediata de muchos presidentes municipales consiste en reforzar sus esquemas de protección personal: más escoltas, más patrullas, vehículos blindados y presencia de fuerzas federales. Aunque comprensible, esta reacción produce un efecto político devastador. La ciudadanía observa que existen recursos para proteger a los funcionarios, mientras millones de personas continúan enfrentando diariamente el miedo, la extorsión, el despojo y la incertidumbre.
La reconstrucción de la vida democrática exige revertir esta tendencia. México necesita reconstituir las capacidades de gobierno en el ámbito local; profesionalizar y fortalecer a los municipios; dotarlos de recursos suficientes, mecanismos eficaces de control y auténticas capacidades de seguridad y gestión territorial. Más que una recentralización permanente, se requiere un nuevo federalismo que permita reconstruir la autoridad legítima desde abajo. Sólo así será posible avanzar hacia una democracia dialogante, participativa y sustantiva, en la que el miedo no sea la experiencia cotidiana de la ciudadanía.
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Investigador del PUED-UNAM
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