El comunicado emitido por la Embajada de los Estados Unidos en México el pasado 12 de junio merece una lectura más allá de su superficie diplomática. A primera vista, se trata de un anuncio más sobre la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), destinado a fortalecer la cooperación entre ambos países en materia de seguridad. Sin embargo, leído con atención, el documento revela transformaciones profundas en la relación bilateral, en la concepción misma de la soberanía y en la forma en que se está redefiniendo el combate al crimen organizado en América del Norte.
Escrito por: Saúl Arellano
La primera cuestión que destaca es el desplazamiento semántico que atraviesa todo el texto. La palabra central ya no es “cooperación”, sino “implementación”. La diferencia es mucho más que terminológica. Mientras la cooperación supone la coordinación entre Estados formalmente autónomos, la implementación implica la ejecución de objetivos previamente acordados, la definición de metas verificables y la evaluación de resultados medibles. No es casual que el comunicado repita insistentemente expresiones como “resultados concretos”, “coordinación constante”, “implementación” y “resultados medibles”. El lenguaje empleado pertenece más al ámbito de la gestión estratégica que al de la diplomacia tradicional.
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En este contexto adquiere especial relevancia la referencia a la participación de quince agencias del gobierno estadounidense. El dato sugiere la existencia de una arquitectura de seguridad mucho más integrada de lo que habitualmente se reconoce en el discurso público. Aunque ello no significa necesariamente la libre actuación de esas agencias en nuestro territorio, sí indica la consolidación de mecanismos permanentes de intercambio de inteligencia, análisis financiero, coordinación tecnológica y seguimiento de objetivos prioritarios. El combate al crimen organizado deja así de concebirse como una suma de esfuerzos paralelos y busca convertirse en un entramado institucional binacional, con todo lo que implica la asimetría de poder entre ambas naciones.
Esta realidad introduce una tensión inevitable con la narrativa soberanista que ha ocupado un lugar central en el discurso oficial mexicano durante los últimos años. Formalmente, la soberanía nacional permanece intacta. Ningún párrafo del comunicado sugiere una cesión de facultades constitucionales o una subordinación jurídica de las instituciones mexicanas. Sin embargo, la soberanía contemporánea no se expresa únicamente en términos legales, se manifiesta principalmente en la capacidad efectiva de definir prioridades, establecer agendas y controlar los flujos de información estratégica.
Desde esta perspectiva, resulta significativo que los objetivos enumerados en el comunicado coinciden casi plenamente con las principales preocupaciones de seguridad nacional de Washington: el combate al fentanilo, la contención migratoria, el tráfico de armas, el financiamiento ilícito y la seguridad fronteriza. La agenda bilateral se estructura, de este modo, cada vez más alrededor de las prioridades estadounidenses, lo que plantea interrogantes sobre los márgenes reales de autonomía estratégica del Estado mexicano.
Sin embargo, quizá el aspecto más interesante emerge cuando el análisis incorpora la perspectiva de la criminología crítica. Desde este enfoque, el delito no puede comprenderse únicamente como el resultado de decisiones individuales o de organizaciones criminales aisladas. El crimen constituye también una construcción política, jurídica y económica. Las formas de persecución penal suelen reflejar relaciones de poder más amplias y responden a procesos de definición institucional acerca de quiénes son considerados amenazas prioritarias.
En ese sentido, el comunicado revela una transformación importante. Durante décadas, la llamada “guerra contra las drogas” concentró buena parte de sus esfuerzos en la persecución de los eslabones visibles de las cadenas criminales. Hoy el énfasis se desplaza hacia las estructuras financieras, las redes de lavado de dinero y los mecanismos que permiten la reproducción económica de las organizaciones delictivas. Cuando el documento habla de “desmantelar redes de financiamiento ilícito”, está señalando un objetivo que inevitablemente rebasa el ámbito estrictamente criminal y se aproxima a las zonas grises donde convergen intereses empresariales, financieros y políticos.
La criminología crítica ha insistido durante décadas en que los mercados ilegales no sobreviven únicamente gracias a la violencia de los grupos criminales. Requieren también espacios de tolerancia institucional, mecanismos de protección política y circuitos financieros capaces de integrar los recursos ilícitos a la economía formal. Bajo esta óptica, la persecución de las redes financieras podría tener implicaciones mucho más profundas que solo la captura de líderes criminales individuales.
Por ello, el verdadero significado del comunicado es que anuncia la consolidación de un modelo de seguridad basado en inteligencia, tecnología, seguimiento financiero y evaluación permanente de resultados; pero desde la perspectiva de la nueva doctrina norteamericana en la que se asume que se trata de narcoterroristas y enemigos del Estado, y ya no delincuentes comunes. La pregunta que queda abierta es si este nuevo paradigma fortalecerá efectivamente las capacidades del Estado mexicano, y si esto lo lleva a un combate decidido contra la criminalidad y sus ramificaciones político-económicas, o si terminará profundizando una dependencia y sumisión estratégica cuya magnitud apenas comenzamos a comprender.
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Investigador del PUED-UNAM
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