La Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) no es un regalo, un bono de productividad, ni mucho menos un acto de benevolencia patronal. Es, fundamentalmente, un derecho constitucional y una conquista histórica fruto de las intensas luchas de la clase trabajadora en México. Sin embargo, este mecanismo de justicia distributiva volvió al centro del debate público debido a las declaraciones de uno de los creadores de contenido más influyentes de América Latina: Luisito Comunica.
Escrito por: Guillermo Ramírez-Rentería
En un video que rápidamente se volvió viral, el empresario e influencer argumentó que los empleados de sus múltiples negocios —particularmente en el ramo restaurantero— no habían recibido el pago de la PTU debido a una aparente falta de utilidades. Lo interesante, y a la vez alarmante, fue su propia justificación, ya que explicó que las ganancias no existían de forma líquida porque el modelo de negocio expansionista de sus empresas exigía solicitar préstamos bancarios constantes y reinvertir cada peso disponible en la apertura de nuevas sucursales.
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Esta declaración, lanzada con una naturalidad cínica, abre de inmediato una serie de interrogantes económicas y éticas que merecen ser analizadas a fondo, si una empresa genuinamente no genera utilidades, ¿bajo qué lógica financiera continúa solicitando créditos? ¿Qué instituciones financieras otorgarían capital a un negocio sin capacidad demostrada de rendimiento? ¿Cómo es posible expandir un imperio comercial si se afirma que no existen ganancias? Y, sobre todo, si el negocio es tan poco rentable, ¿por qué insistir en abrir nuevas sucursales que, bajo esa narrativa, sólo operan en números rojos? La matemática corporativa que se nos presenta no cuadra con la realidad material.
Antecedentes: La regulación laboral como freno a la barbarie
Para comprender la gravedad de estas narrativas, es necesario recordar que la PTU, junto con el salario mínimo garantizado, las jornadas de trabajo limitadas y el derecho a vacaciones pagadas, forma parte de un paquete de garantías mínimas diseñado para equilibrar una relación que, por naturaleza, es profundamente desigual, es decir, la que existe entre el capital y el trabajo.
El derecho laboral no nace de la generosidad de los mercados, sino como un dique de contención frente a la explotación desmedida que caracterizó el auge del modelo capitalista desde la Revolución Industrial.
Los ejemplos históricos de esta asimetría abundan. En la Inglaterra del siglo XIX, la acumulación de riqueza se cimentó, entre otras barbaries, sobre el trabajo forzado de niños utilizados para limpiar chimeneas debido a su baja estatura, sufriendo mutilaciones y muertes prematuras. En el resto de Europa, las jornadas extenuantes de más de catorce horas y los salarios de miseria eran la norma. En el contexto novohispano, la minería enriqueció a la corona y a los nacientes oligarcas mediante el uso del método de azogue (mercurio), un sistema altamente peligroso que envenenaba sistemáticamente a los trabajadores indígenas y esclavizados.
Las condiciones laborales dignas de las que sólo una pequeña parte de los trabajadores gozan el día de hoy, no han sido concesiones voluntarias de las élites económicas. Cada renglón de la legislación laboral actual está escrito con el esfuerzo organizativo de las y los trabajadores que decidieron poner un alto a la deshumanización histórica. Por ello, desvincular la productividad de una empresa del bienestar de quienes operan sus bases es un retroceso civilizatorio.
El caso de Luisito Comunica: La caridad como sustituto del derecho
Tras la oleada de críticas recibidas en redes sociales, el influencer publicó un video intentando matizar sus comentarios. En este video, declaró que, de forma completamente voluntaria y “solidaria”, había decidido otorgar una “compensación” de 2 mil pesos a los trabajadores de sus restaurantes. Esta acción, que la narrativa del creador de contenido pretendió proyectar como un acto de caridad pura, en realidad expone las profundas costuras del sistema laboral actual.
El discurso de la compensación voluntaria busca transformar una obligación estructural en un gesto humanitario, despojando al trabajador de su categoría de sujeto de derechos para convertirlo en receptor de una dádiva. Mientras el empresario argumenta que sus unidades de negocio apenas alcanzan un punto de equilibrio financiero, las audiencias digitales no tardaron en señalar la flagrante contradicción, pues el estilo de vida del propietario —caracterizado por viajes internacionales de lujo, inversiones inmobiliarias y un consumo ostentoso— es financiado, directa o indirectamente, por el valor de marca que sus propios empleados sostienen día con día detrás de una barra o en una cocina.
El video, cuyo objetivo original era mitigar los daños a su reputación y proyectarlo como un socio comercial empático, terminó siendo contraproducente. Evidenció que el modelo de éxito de sus nuevos emprendimientos muchas veces replica las mismas lógicas de precarización del pasado, ocultas detrás de una fachada moderna, juvenil y amigable.
La realidad empresarial mexicana y la ingeniería de la elusión
La evasión y elusión de las responsabilidades patronales para con la clase trabajadora y el fisco no son una anomalía de los nuevos creadores de contenido; son un rasgo estructural del empresariado en México. El caso de Ricardo Salinas Pliego, uno de los hombres más ricos del país y dueño de conglomerados como Televisión Azteca y Grupo Elektra, es un ejemplo paradigmático. Salinas Pliego ha sido señalado y llamado a cuentas en repetidas ocasiones por mantener litigios millonarios para evitar el pago de impuestos acumulados durante años.
No obstante, como bien lo señalan expertos en justicia fiscal de la talla de Carlos Brown de OXFAM, este no es un comportamiento aislado. En México y en el mundo, un sector mayoritario de las grandes corporaciones recurre a sofisticadas estrategias de ingeniería fiscal para licuar sus bases gravables. Estas tácticas van desde el uso de planeaciones fiscales agresivas y el desvío de capitales a paraísos fiscales, hasta la promoción sistemática de juicios de amparo para congelar resoluciones judiciales.
Otra de estas estrategias, perfectamente legal pero éticamente cuestionable, es precisamente la que asoma en el discurso de Luisito Comunica, donde la absorción constante de las utilidades operativas mediante la reinversión inmediata en nuevos activos de la empresa o en el pago de deuda interna. Al hacer esto, las ganancias contables de la unidad de negocio original se reducen a cero a ojos de la ley laboral, impidiendo que el trabajador participe de la riqueza que ayudó a generar, mientras que el valor patrimonial del dueño no para de crecer gracias a la expansión de su marca.
Conclusión
Este escenario nos obliga a recordar una máxima fundamental de la sociología jurídica y de la ética social: lo que es legal no siempre es justo. La mayoría de los deudores de los derechos sociales, laborales y fiscales se escudan con vehemencia en que sus prácticas no violan ninguna norma técnica explícita. Sin embargo, cabe preguntarnos: ¿qué legitimidad moral posee una ley que permite diseñar de forma legal el fraude fiscal y el menoscabo de los ingresos de los trabajadores? ¿Qué diferencia sustancial existe entre la norma que tolera activamente estas trampas y el Estado que decide cerrar los ojos ante estos vacíos legales?
El debate en torno a las declaraciones de Luisito Comunica no debe quedarse en la superficie del chisme del espectáculo o de las redes sociales. Este caso arroja luz sobre la inmensa deuda histórica que el capital mantiene con el trabajo en México. Al mismo tiempo, evidencia la enorme brecha regulatoria que nos separa de otras latitudes donde los procesos de reinversión corporativa están estrictamente regulados para asegurar que el crecimiento de una empresa no se traduzca de forma automática en el congelamiento salarial y la exclusión de sus propios creadores: las y los trabajadores.
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