Durante décadas, contratar un seguro de gastos médicos mayores se nos presentó como sinónimo de tranquilidad. La promesa era sencilla: pagar durante años para que, cuando llegara una enfermedad o un accidente, tener una red de protección. Sin embargo, para miles de familias mexicanas esa promesa terminó convirtiéndose en una experiencia marcada por la incertidumbre, la frustración y, en demasiados casos, por la sensación de que las reglas cambiaban justo cuando más necesitaban respaldo.
Escrito por: Sergio González Muñoz
El problema nunca ha sido la existencia de las aseguradoras. Un mercado de seguros sólido es indispensable para cualquier economía moderna. El verdadero problema surge cuando el equilibrio entre empresa y consumidor o consumidora se rompe y la o el asegurado quedan en desventaja y en desprotección frente a contratos complejos, malos tratos, dilaciones injustificadas, aumentos difíciles de comprender y procesos que, con frecuencia, resultan opacos.
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Por ello, la reforma que analiza el Congreso a propuesta del Diputado coahuilense Jericó Abramo merece respaldo. No pretende destruir al sector asegurador ni intervenir arbitrariamente en los precios. Lo que busca es algo mucho más elemental: que las compañías expliquen con claridad por qué aumentan las primas, que existan criterios técnicos verificables para esos incrementos y que la autoridad cuente con herramientas suficientes para supervisar un mercado que maneja miles de millones de pesos y afecta directamente el derecho de las personas a proteger su salud y su patrimonio.
Quienes se oponen a la reforma (al parecer solo las aseguradoras) sostienen que una mayor regulación podría alterar el funcionamiento del mercado. Pero un mercado eficiente no es aquel donde la parte más fuerte impone las condiciones sin explicación, como lo hacen monopolios; es aquel donde existe información suficiente, atención expedita, competencia efectiva y reglas claras para todos. La transparencia fortalece la confianza. La opacidad la destruye.
Las empresas afirman que el cambio generaría incertidumbre. Pero la verdadera incertidumbre la vive la familia que, después de pagar durante veinte o treinta años una póliza, descubre que la cobertura pactada está llena de excepciones y vericuetos, y que la renovación es prácticamente impagable justo cuando la edad hace más necesario conservar la cobertura. Esa es la incertidumbre que el Estado tiene la obligación de atender.
Durante años han sido recurrentes las quejas de usuarios y usuarias que relatan incrementos abruptos en sus primas al llegar a determinada edad, dificultades para comprender las razones de esos ajustes, controversias sobre exclusiones o diferencias entre lo prometido comercialmente y lo establecido en la póliza. La persistencia de estos reclamos demuestra que existe un problema estructural que merece atención regulatoria.
Además de fortalecer a la CONDUSEF, la autoridad de Hacienda que revisa al sector, la reforma también reconoce una realidad que pocas veces se menciona: el costo creciente de la atención médica no puede trasladarse automáticamente al consumidor o consumidora sin mecanismos de rendición de cuentas, sin justificación, sin explicación. Hospitales (a los que también “aprieta” la reforma), proveedores, aseguradoras y autoridades forman parte del mismo ecosistema y todos deben asumir responsabilidades para contener los costos y transparentar la forma en que estos impactan las primas.
La propuesta legislativa tampoco pretende sustituir el criterio actuarial de las aseguradoras. Lo que exige es razonable: que las metodologías puedan ser supervisadas, que las decisiones sean explicables y que el consumidor tenga acceso a información suficiente para entender por qué paga cada peso o por qué le niegan un servicio en el hospital o un reembolso de un gasto ya realizado. Se trata de una reforma detenida y pospuesta varias veces en San Lázaro por el cabildeo intenso de la industria, con ayuda, en alguna ocasión, de la mismísima Secretaría de Hacienda del Gobierno Federal.
En una democracia moderna, ninguna industria debe quedar al margen del escrutinio público. Menos aún una que administra la seguridad financiera de millones de personas frente a enfermedades, accidentes y emergencias. La rentabilidad empresarial es legítima cuando asideros en la realidad y en la buena fe contractual; los abusos no, porque lesionan la economía familiar y la credibilidad social de las empresas.
La verdadera pregunta es si el sistema seguirá funcionando bajo reglas que la ciudadanía considera desequilibradas o si evolucionará hacia un modelo donde la transparencia, la competencia y la protección del consumidor sean principios efectivos y no simples declaraciones.
La confianza es el activo más valioso de cualquier aseguradora. Y la confianza no se construye con campañas publicitarias, sino con reglas claras, buen trato, información transparente y la certeza de que, cuando llegue el momento más difícil para una persona asegurada, el contrato será una garantía y no una tortura.
Por eso la reforma merece discutirse con seriedad y aprobarse si logra ese objetivo: fortalecer un mercado competitivo, sí, pero también más transparente, más equitativo y más justo para quienes, con el pago puntual de nuestras primas, sostenemos toda la industria y en especial las utilidades de las empresas, así como los sueldos, prestaciones y bonos de quienes se dedican a los seguros.
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Frase clave: las aseguradoras
