En 2025, alrededor de 80 millones de personas de 15 años y más realizaban trabajo doméstico remunerado en el mundo. De ellas, 66.5 millones se encontraban en la informalidad. Esta relación, equivalente al 83.1% de quienes integran el sector, permite situar el problema central del informe de la Organización Internacional del Trabajo: la persistencia de una organización económica que depende de actividades indispensables para la vida cotidiana, mientras mantiene a la mayoría de quienes las realizan sin la protección laboral y social asociada al empleo formal. Quince años después de la adopción del Convenio 189, el reconocimiento internacional del trabajo doméstico convive con una distancia considerable entre los derechos establecidos y las condiciones efectivas de su ejercicio.
Escrito por: Saúl Arellano
La nota estadística The state of domestic work in 2025: 15 years after Convention No. 189, publicada en octubre de 2026, ofrece una base importante para examinar esa distancia. Su aportación consiste en relacionar el volumen del empleo doméstico con la informalidad, los salarios, las jornadas, la escolaridad y la composición por sexo y edad. La lectura conjunta de estas dimensiones permite reconocer una estructura de desventajas que difícilmente puede explicarse por decisiones individuales. El informe documenta condiciones laborales; desde una perspectiva crítica, sus resultados permiten interrogar los criterios mediante los cuales nuestras sociedades asignan valor, protección y reconocimiento al trabajo que sostiene su propia reproducción.
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Conviene delimitar el objeto del estudio. Los 80 millones de personas estimados corresponden al trabajo doméstico realizado como empleo. La cifra no representa la totalidad del trabajo doméstico y de cuidados, que incluye una extensa cantidad de actividades no remuneradas dentro de los hogares. Asimismo, las ocupaciones consideradas exceden la limpieza y el cuidado directo: comprenden, según las clasificaciones y fuentes utilizadas, tareas como conducción de vehículos, jardinería, mantenimiento y vigilancia. Esta amplitud ayuda a entender las diferencias regionales y evita identificar automáticamente todo el sector con una sola ocupación o modalidad contractual.
Entre 2019 y 2025, la población trabajadora doméstica pasó de 75.6 a 80 millones, un incremento de 4.4 millones, equivalente al 5.8%. Sin embargo, su participación en el empleo total se mantuvo relativamente estable, en torno al 2.2%, y representó el 4.4% del empleo asalariado. El crecimiento absoluto, por tanto, no acredita una expansión generalizada del sector respecto de las demás actividades. La OIT lo vincula principalmente con el crecimiento del empleo en determinadas regiones. Esta precisión resulta relevante: el aumento de las necesidades de cuidados no puede deducirse mecánicamente del número de personas contratadas por los hogares, pues intervienen también las posibilidades de pago, la provisión de servicios y las distintas formas de distribuir esas tareas.
La geografía del cambio es desigual. África incorporó aproximadamente 4.2 millones de personas al trabajo doméstico entre ambas estimaciones; Asia y el Pacífico, 1.9 millones, y los Estados árabes, alrededor de 400 mil. En contraste, las Américas registraron una reducción cercana a 1.6 millones y Europa y Asia Central, de medio millón. Asia y el Pacífico concentran 40.2 millones de trabajadores, aproximadamente la mitad del total mundial. La disminución registrada en otras regiones tampoco demuestra que hayan descendido las necesidades de atención y mantenimiento de los hogares. El propio documento advierte que pueden intervenir cambios demográficos, modalidades distintas de provisión de servicios, patrones de recuperación laboral y efectos de medición.
Esta heterogeneidad es indispensable para interpretar la informalidad. La tasa mundial aumentó de 81.2% a 83.1%, mientras el número de personas trabajadoras domésticas informales pasó de aproximadamente 61.4 a 66.5 millones. Sin embargo, en la mayoría de los países con información comparable la informalidad disminuyó o permaneció relativamente estable. El comunicado que acompaña al informe precisa que esto ocurrió en 91 de 140 países, que reúnen cerca del 70% de la población trabajadora doméstica mundial. El resultado agregado está influido por el creciente peso de países donde la informalidad permanece elevada.
Se trata de una advertencia metodológica con consecuencias políticas. Un promedio mundial puede empeorar aun cuando numerosos países registren mejoras, si aumenta la concentración del empleo en contextos de mayor desprotección. Reconocerlo permite valorar los avances sin exagerar su alcance. También impide presentar el incremento global como prueba de un deterioro uniforme. Pero la explicación estadística no reduce la gravedad material del resultado: 66.5 millones de personas siguen trabajando en condiciones informales. Desde la perspectiva de los derechos, importa tanto la trayectoria de las tasas como la cantidad de vidas que permanecen sujetas a esas condiciones.
Las diferencias regionales muestran la profundidad del problema. En África, la informalidad alcanza al 93.3% del sector; en Asia y el Pacífico, al 85.4%, y en las Américas, al 70.2%. En los Estados árabes, las estimaciones disponibles apuntan a una informalidad prácticamente universal, aunque el informe señala limitaciones de cobertura y particularidades en la situación jurídica y administrativa de los trabajadores migrantes. Europa y Asia Central presentan el nivel regional más bajo, pero incluso allí más de una tercera parte permanece en la informalidad. La desprotección aparece así como una característica extendida del sector, con intensidades y mecanismos institucionales diferentes.
La feminización constituye otro de sus rasgos estructurales. Las mujeres representan 61.8 millones de personas y el 77.2% del trabajo doméstico mundial. Su participación llega al 88.6% en América Latina y el Caribe. El documento identifica, además, segregación dentro del propio sector: ellas se concentran en limpieza y cuidados directos, mientras los hombres tienen mayor presencia en conducción, jardinería, mantenimiento y vigilancia. Estas diferencias obligan a examinar cómo se distribuyen las tareas, qué competencias se reconocen y cuáles reciben mejores remuneraciones. La desigualdad de género atraviesa también la clasificación y valoración de las ocupaciones.
La comparación salarial ofrece uno de los resultados más preocupantes. En 2025, las personas trabajadoras domésticas recibían, en promedio, el equivalente al 53.3% del salario mensual de los demás asalariados. Entre quienes tenían empleo informal, la proporción descendía al 48.7%. El dato global era de 56.4% en 2019, lo que indica un deterioro de la posición salarial relativa del sector. Esta evolución no demuestra por sí misma que los ingresos hayan disminuido en términos absolutos o reales. En numerosos países aumentaron, pero a un ritmo inferior al observado entre otros asalariados.
El informe fortalece esta conclusión al realizar una comparación entre los 111 países presentes en ambas rondas de estimación. En ese conjunto, la relación salarial descendió de 56.5% a 53.9%. La diferencia respecto de los resultados globales responde a la delimitación de la muestra comparada. Conviene conservar esta distinción: las estimaciones de cada año describen universos de cobertura diferentes, mientras el subconjunto común busca mejorar la comparación temporal. Incluso con ese ajuste, se observa una ampliación de la distancia salarial.
También debe subrayarse que el indicador compara remuneraciones mensuales, no pagos por hora. Por ello, incorpora diferencias en la duración del trabajo y no puede interpretarse como una medida pura de discriminación salarial por tareas equivalentes. Las brechas observadas pueden relacionarse con jornadas, ocupaciones, informalidad y otras características laborales. La prudencia metodológica no vuelve irrelevante el resultado: los ingresos mensuales determinan buena parte de las posibilidades de sostener un hogar y construir seguridad económica. Una jornada fragmentada puede explicar un ingreso reducido y, simultáneamente, constituir una dimensión de la precariedad.
Las mujeres trabajadoras domésticas presentan una relación salarial particularmente desfavorable: sus remuneraciones equivalen al 48% del promedio mensual de referencia de otros asalariados, frente al 65.8% correspondiente a los hombres del sector. Estos porcentajes no deben convertirse directamente en una brecha salarial entre mujeres y hombres por trabajo equivalente. Sí permiten reconocer que las mujeres ocupan una posición especialmente desventajosa en la estructura comparativa de remuneraciones. La feminización, la segregación ocupacional y la informalidad aparecen entrelazadas, aunque el documento no ofrece una descomposición causal que permita asignar a cada factor una contribución específica.
La distribución del tiempo de trabajo añade complejidad. El 35.2% de las personas trabajadoras domésticas labora al menos 49 horas semanales en su ocupación principal; dentro de ese grupo, un 14.6% del total alcanza 60 horas o más. En el extremo opuesto se encuentran jornadas muy reducidas que pueden responder a preferencias, pero también a subocupación o empleo fragmentado entre distintos hogares. Entre quienes trabajan informalmente, menos de tres de cada diez se ubican en el intervalo de 35 a 48 horas semanales, frente al 42% de quienes tienen empleo formal.
Esta polarización obliga a pensar conjuntamente el salario, el descanso y la seguridad social. Para algunas personas, la dificultad consiste en conseguir suficientes horas remuneradas; para otras, en establecer límites efectivos a la disponibilidad exigida. En las modalidades de residencia en el hogar empleador pueden volverse difusas las fronteras entre jornada, espera y descanso. Cuando existen varios empleadores, pueden dispersarse las responsabilidades de registro y cotización. La formalización requiere instituciones capaces de responder a esas situaciones, en lugar de suponer que todo empleo doméstico reproduce el esquema de una jornada continua con un único empleador.
América Latina y el Caribe merece una lectura específica. El informe estima 14.6 millones de personas trabajadoras domésticas, equivalentes al 18.2% del total mundial. La actividad representa el 4.7% del empleo y el 7.5% del empleo asalariado de la subregión. Entre las mujeres, su peso alcanza el 10.1% del empleo total y el 15.2% del asalariado. Estas magnitudes muestran que la discusión sobre igualdad laboral femenina tiene en el trabajo doméstico uno de sus componentes centrales.
Más de tres cuartas partes de las personas trabajadoras domésticas latinoamericanas y caribeñas permanecen en la informalidad. Este resultado debe distinguirse del 70.2% correspondiente al conjunto de las Américas. También existen diferencias en la evolución salarial: para el subconjunto comparable de países, la relación entre el salario doméstico y el de otros asalariados mejoró ligeramente en América Latina y el Caribe, de 44.5% a 45.1%, mientras el agregado continental registró un deterioro. La mejora subregional es limitada y parte de una distancia muy amplia; además, el informe señala que los avances se concentraron entre los hombres.
México aparece entre los países donde el crecimiento salarial relativo del trabajo doméstico fue menor que el de otros asalariados. Esta observación permite formular una pregunta relevante para el debate nacional: hasta qué punto los avances generales en las remuneraciones alcanzan, con intensidad comparable, a quienes trabajan en los hogares. El informe no permite evaluar por sí solo la eficacia de políticas mexicanas específicas ni establecer sus efectos causales. Ofrece, en cambio, una referencia para examinar conjuntamente remuneraciones, jornadas, seguridad social y cumplimiento de derechos, evitando identificar cualquier aumento salarial con una reducción suficiente de las desigualdades.
La edad y la escolaridad amplían el análisis hacia las trayectorias de vida. En el mundo, el 18.2% de las personas trabajadoras domésticas tiene 55 años o más; en las Américas, la proporción alcanza el 24.6%, y en Europa y Asia Central, el 26.9%. La persistencia de empleos físicamente demandantes en edades avanzadas vuelve especialmente importantes las pensiones, la prevención de riesgos y la protección de la salud. En África, por el contrario, el 32.8% tiene entre 15 y 24 años. Este grupo reúne adolescentes y adultos jóvenes; su composición obliga a examinar la continuidad educativa y las condiciones de entrada al trabajo, sin equiparar automáticamente toda la categoría con trabajo infantil.
En materia educativa, el 19.4% de la población trabajadora doméstica mundial carece de escolaridad y el 33.3% cuenta únicamente con primaria. Apenas el 3.9% posee educación terciaria, frente al 29.2% de los demás asalariados. Una lectura reducida podría atribuir las malas condiciones a la insuficiencia de credenciales. El propio informe cuestiona esa interpretación: limpiar, cocinar, organizar un hogar y cuidar requieren conocimientos prácticos, capacidades técnicas y habilidades interpersonales que con frecuencia se adquieren mediante la experiencia y carecen de reconocimiento formal.
Considero que aquí se encuentra una de las aportaciones más importantes del documento. La escolaridad contribuye a explicar oportunidades de movilidad y negociación, pero no determina el valor social del trabajo ni justifica la desprotección. La certificación de competencias puede mejorar las trayectorias laborales, siempre que no se convierta en un nuevo requisito para acceder a derechos básicos. La dignidad laboral debe estar garantizada también para quienes tuvieron trayectorias educativas interrumpidas o nunca pudieron ingresar a la escuela.
Como reseña académica, es necesario reconocer los límites de la evidencia. La estimación de 2025 utiliza información de 168 países que representan el 97.5% del empleo mundial, frente a 156 países y el 95.4% en la ronda de 2019. Las coberturas varían por indicador: informalidad, salarios y tiempo de trabajo se calculan con conjuntos distintos de países. Los años de las fuentes tampoco son uniformes, y el documento advierte sobre problemas de comparabilidad. Sus resultados permiten describir patrones amplios y formular hipótesis, pero no medir directamente el efecto causal del Convenio 189 ni reconstruir las trayectorias individuales detrás de los cambios agregados.
También quedan preguntas que exceden su alcance: cuánto pesan la discriminación, la condición migratoria, las relaciones de dependencia dentro del hogar empleador o la desigual distribución de los servicios públicos de cuidado. Responderlas exige estudios complementarios, longitudinales y cualitativos. El valor del informe consiste en ofrecer una base empírica para esa investigación, manteniendo visibles dimensiones que suelen desaparecer cuando el análisis laboral se concentra exclusivamente en la cantidad de empleos.
Las recomendaciones de la OIT vinculan contratos escritos, procedimientos accesibles de registro, protección salarial, regulación del tiempo de trabajo, seguridad social adaptada al empleo con varios hogares y representación colectiva. Su orientación es pertinente porque reconoce que la efectividad de un derecho depende de las instituciones que permiten ejercerlo. Un contrato pierde alcance si denunciar implica perder el sustento sin apoyo alguno; una afiliación resulta insuficiente si las contribuciones discontinuas impiden acceder a prestaciones.
La conclusión que propongo es que el trabajo doméstico permite evaluar la consistencia social de cualquier proyecto de desarrollo. Las sociedades requieren cuidados y mantenimiento cotidiano para sostener la salud, la educación y la participación económica de sus integrantes. Cuando esas necesidades se atienden mediante empleos persistentemente desprotegidos, el bienestar de unos hogares puede descansar sobre la inseguridad de quienes trabajan para ellos. Superar esa relación exige articular la responsabilidad de los empleadores con sistemas públicos de cuidado, protección social y representación laboral. El reconocimiento de la contribución del trabajo doméstico adquiere contenido efectivo cuando quienes lo realizan pueden vivir de sus ingresos, disponer de tiempo propio y enfrentar la enfermedad y la vejez con seguridad.
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Referencia: Organización Internacional del Trabajo (2026). The state of domestic work in 2025: 15 years after Convention No. 189. Global and regional trends in employment, informality and working conditions. Statistical Brief, octubre. Ginebra: OIT. DOI: 10.54394/00035708.
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