México tiene problemas laborales estructurales que atraviesan todo su territorio, pero que se manifiestan con intensidades muy distintas, y que se relacionan directamente con la incapacidad de la economía nacional para generar empleos dignos.
Escrito por: Mario Luis Fuentes
Uno de esos problemas es la informalidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, durante el segundo trimestre de 2026, el 55.1% de las personas ocupadas trabajaba en condiciones de informalidad. Esto significa que más de 33 millones de personas carecían de las condiciones de protección laboral que caracterizan al empleo formal y que se aproxima a los estándares fijados por la Organización Internacional del Trabajo.
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Sin embargo, el promedio nacional oculta diferencias enormes. Mientras en Nuevo León la informalidad laboral alcanza al 34.8% de la población ocupada, en Oaxaca llega al 80.1%. En otras palabras, ocho de cada diez trabajadores oaxaqueños tienen ocupaciones en condiciones de informalidad, frente a poco más de tres de cada diez en Nuevo León. Una distancia de 45 puntos porcentuales que tiene su mayor explicación en la desigualdad estructural que hay entre ambas entidades, pero en general, en las 32 entidades del país.
Las diferencias son igualmente marcadas cuando se observan los ingresos y el acceso a la seguridad social. En Nuevo León, el 60.4% de las personas ocupadas dispone de acceso a instituciones de salud por su trabajo; en Oaxaca, únicamente el 16%. Asimismo, mientras en Baja California Sur casi el 65% de los ocupados percibe ingresos superiores a un salario mínimo, en Chiapas esa proporción apenas supera el 21%.
En las entidades del norte, particularmente Nuevo León, Coahuila y Chihuahua, la presencia de actividades manufactureras, empresas de mayor tamaño y cadenas productivas vinculadas al comercio internacional se asocia con una proporción más elevada de empleos formales y protegidos. Estas economías también presentan desigualdades y formas de precariedad, pero su capacidad para generar empleos con protección laboral es considerablemente mayor.
En contraste, entidades como Oaxaca, Guerrero y Chiapas mantienen una presencia importante de actividades agropecuarias, pequeños establecimientos, autoempleo y unidades productivas familiares. En Chiapas, por ejemplo, cerca del 31% de la población ocupada trabaja en el sector primario, frente a poco más de apenas el 1% en Nuevo León.
La comparación histórica permite reconocer que las desigualdades laborales entre las entidades federativas también han seguido trayectorias diferentes durante las últimas dos décadas. Entre los periodos 2005–2009 y 2020–2025, Aguascalientes redujo su tasa de ocupación en el sector informal en 3.46 puntos porcentuales; Jalisco, en 3.03; Chihuahua, en 2.39; Coahuila, en 2.37; y Guanajuato, en 1.36 puntos. Lo más relevante es que estas cinco entidades también registraron disminuciones considerablemente mayores en sus tasas de informalidad laboral total: Jalisco logró una reducción de 7.84 puntos porcentuales; Coahuila, de 7.14; Guanajuato, de 6.95; Aguascalientes, de 6.87; y Chihuahua, de 6.83 puntos. En contraste, otras entidades experimentaron trayectorias desfavorables. Tabasco incrementó su tasa de ocupación en el sector informal en 7.26% y Veracruz en 6.03%.
En síntesis, la magnitud de estas desigualdades es reveladora: entre los estados con mejores y peores condiciones laborales hay diferencias de hasta 44 puntos porcentuales en el acceso a servicios de salud por el trabajo y de más de 40 puntos en la proporción de ocupados con ingresos superiores al salario mínimo. Estas brechas expresan la coexistencia de economías con capacidades productivas y oportunidades laborales profundamente desiguales.
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