La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, estima que el 84.1% de la población de 18 años y más, considera que la corrupción es frecuente o muy frecuente. En términos absolutos, son más de 50 millones de personas. Asimismo, 58.9% la identifica entre los principales problemas de su entidad. Como se observa, la corrupción ha adquirido, en la conciencia colectiva, el carácter de una condición ordinaria, prácticamente normalizada, del ejercicio del poder.
Escrito por: Saúl Arellano
Los datos se perciben aún más graves cuando se examina la experiencia directa frente a la autoridad: casi siete millones de personas sufrieron algún acto de corrupción al realizar trámites o tener contacto con servidores públicos durante 2025. Apenas 4.2% denunció los hechos. Entre quienes no denunciaron, 34.1% consideró que hacerlo sería inútil y 17.8% lo juzgó una pérdida de tiempo. Como se observa, la ciudadanía no reconoce en las instituciones una instancia efectiva de protección frente al abuso o las malas prácticas gubernamentales.
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Desde la filosofía política, semejante situación plantea un problema fundamental. La autoridad del Estado descansa en la legitimidad de sus fines y en la obligación de ejercer el poder conforme a reglas impersonales; en esa lógica, al utilizar los cargos públicos en instrumentos de enriquecimiento privado o de beneficio ilegítimo para determinados grupos, se invierte el sentido de la función estatal; en consecuencia, el ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de extracción económica.
La corrupción fue una de las gangrenas del antiguo régimen; y frente a eso, la promesa de transformación y moralización de la vida pública que llevó a Morena al poder suponía, precisamente, una ruptura con esa herencia. Sin embargo, las investigaciones sobre ya numerosos y enormes escándalos de corrupción del grupo gobernante, en sólo ocho años de gobierno, obligan a interrogar los resultados de aquella promesa.
La crisis del INE reviste especial gravedad. Tras la renuncia de su presidenta. En efecto, la legitimidad de la autoridad electoral requiere sobre todas las cosas de confianza pública, pero si esa confianza se erosiona, incluso las decisiones jurídicamente correctas pueden quedar sometidas a la descalificación.
La paradoja política es profunda. Mientras se acumulan los escándalos, el gobierno de Morena conserva un respaldo mayoritario. La debilidad de las oposiciones explica parcialmente esta situación, pero resulta insuficiente. También debe considerarse que amplios sectores pueden distinguir entre la corrupción gubernamental y los beneficios materiales, el reconocimiento político o las expectativas de justicia social que asocian con el proyecto gobernante.
El riesgo de fondo es, sin embargo, que la legitimidad electoral termine interpretándose como absolución ética. Frente a ello es fundamental subrayar que ninguna mayoría democrática cancela las obligaciones de probidad, transparencia y rendición de cuentas; de lo contrario, la degradación institucional puede sobrevivir a cualquier alternancia. Lo que deben comprender las y los responsables del poder en México es que la ruta por la que va el país puede conducirnos peligrosamente a que Morena conserve el aparato público, pero que la legitimidad moral del estado mexicano termine hecha añicos.
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Investigador del PUED-UNAM
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