Circula un comunicado firmado por cientos de personas, entre las que me incluyo, expresando solidaridad con Lorenzo Córdova Vianello y otras personas que ocuparon posiciones de alto nivel en el INE y el IFE hasta 2023, ante la campaña de agresiones desatada en su contra desde el gobierno mexicano y legisladores, dirigentes políticos, articulistas y militantes de Morena, después de que todo el país conociera los actos grotescos de corrupción de la consejera presidenta del INE y de decenas de funcionarios más, todos nombrados por ella.
Escrito por: Enrique Provencio D.
La operación que han lanzado en redes sociales, periódicos, actos públicos, conferencias de prensa y otros canales de difusión, tuvo como propósito original deslindar al partido oficial de su responsabilidad política por la designación de la expresidenta del INE, y por haber aprobado los cambios institucionales y organizativos que facilitaron la corrupción, al dar facultades discrecionales de nombramiento de los directivos y propiciar una red interna de complicidades personales.
Te invitamos a leer: ADN sintético: nuevas reglas frente al riesgo de bioterrorismo
Al acabar con las decisiones colegiadas del Consejo General, para concentrar poderes en una persona condicionada por lealtades con el partido oficial, los legisladores y el tribunal electoral dieron paso a uno de los quebrantos institucionales más impactantes de entre todos los que han ocurrido los últimos años.
En lugar de tomar medidas perentorias para castigar la corrupción de la expresidenta del INE y de sus colaboradores cercanos, desataron una campaña para esquivar responsabilidades ante la ciudadanía, lanzando acusaciones no demostradas e indiscriminadas hacia el pasado, no solo contra el exconsejero presidente Lorenzo Córdova, sino también contra otros exfuncionarios y dirigentes políticos.
Como dijo Gerardo Esquivel en un artículo, “Tratar de culpar al pasado de los delitos del presente no tiene futuro”, y es tan extravagante la campaña, que seguramente buena parte de la sociedad advertirá que se trata de una coartada para eludir la responsabilidad política de la corrupción y del quebranto a la institución organizadora de las elecciones. Sin embargo, y aunque la maniobra fracase, puede causar un gran daño, no solo al INE, sino también a las personas que están siendo acusadas con los peores métodos persecutorios.
En este caso, y dada la intencionalidad política manifestada públicamente, las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación o de otras instancias, están marcadas y dañadas por un vicio de origen. Sin embargo, por las notas que han sido promovidas y por el impacto que pueden tener sobre una parte de la ciudadanía que sigue confiando en las autoridades, es necesario hacer público el apoyo a las personas injustamente acusadas, y, a la vez, seguir defendiendo la autonomía del INE y la aplicación puntual de la legislación en el proceso electoral en curso.
Las recriminaciones y presunciones infundadas contra los funcionarios de antes, no contribuyen a esclarecer la corrupción rampante de quienes fueron designados a partir de 2023, y solo operan como una auto exculpación de los responsables políticos que operaron el cambio del Consejo General del INE ese año. La corrupción de la expresidenta del INE y de decenas de sus funcionarios dañó gravemente la confianza ciudadana en el órgano electoral, y ahora se aprovecha la secuela para agredir a Somos, el nuevo partido político, y para adelantar posibles reformas de pueden debilitar aún más a la autoridad electoral.
El telón de fondo de estas maniobras, al parecer, es mantener las condiciones para asegurar que en la próxima legislatura se mantenga la mayoría calificada de Morena y sus aliados, con interpretaciones sesgadas de la legislación electoral, tanto en el INE como en el tribunal electoral.
La aplicación selectiva de la ley contra dirigentes políticos de oposición, enturbia y resta credibilidad a los anuncios de nuevas políticas y reformas legislativas contra la corrupción y la impunidad. La confianza en las instituciones se ha deteriorado claramente, como lo han documentado encuestas del INEGI, en buena medida por las evidencias de corrupción gubernamental en los años recientes.
Como documenté aquí en México Social el 1º de junio pasado en el artículo El deterioro de la confianza[1], “diferentes señales sobre la corrupción empeoraron los últimos años, como la percepción sobre frecuencia, la incidencia y la prevalencia de la misma, o los costos generales y promedio para las víctimas de la corrupción”. Además, y en relación la tasa de población por 100,000 habitantes que tuvo contacto con alguna persona servidora pública y que experimentó al menos un acto de corrupción, “no solo se identificó un aumento muy claro de 2023 a 2025, de un 12 por ciento, sino que la tasa quedó por arriba de 2017. La población había apreciado mejoras en 2021 y 2023, pero estas se revirtieron, perdiéndose lo ganado.”
Por su parte, las mediciones internacionales sobre la corrupción mexicana siguen señalando la gravedad y el empeoramiento del problema. Entre otros indicadores, por ejemplo, está el que registra el Banco Mundial, como parte de sus mediciones de gobernanza. Para 2025, el subíndice de control de la corrupción, marca un declive en comparación con 2019, que dio continuidad al deterioro que ya se manifestaba en el gobierno de Peña Nieto[2]. Lo mismo muestran Transparencia Internacional y otros organismos: una apreciación de que la corrupción, lejos de estar controlada y en declive, ha seguido creciendo. No son solo las valoraciones de organismos internacionales, hay que repetirlo, es lo que documentan las encuestas del INEGI.
Estamos ante uno de los más graves problemas nacionales, que requiere un debate serio y documentado: ¿cómo es que la corrupción sigue presente y al alza?, ¿cuáles deben ser las estrategias para eliminarla? En lugar de enfrentar públicamente uno de los más flagrantes casos de corrupción, y para colmo en el órgano electoral nacional, se desató una campaña contra personas que en el pasado dirigieron esa institución, como si la inquina contra Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo y otras personas, que da continuidad a los empeños que iniciaron en 2019 para debilitar la autonomía del INE, fuera la solución a la corrupción que nos sigue aquejando. Muy mala señal para la República.
También podría interesarte: Ansiedad e intestino: la conexión que la ciencia busca entender
- [1] Ver: Enrique Provencio, El deterioro de la confianza. 1º de junio de 2026. México Social. https://www.mexicosocial.org/la-confianza/
- [2] Ver: Control of corruption, Worldwide Gobernance Indicators. World Bank. https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access
¿Por qué necesitamos su ayuda? Porque somos una organización independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones. Dependemos de su generosa contribución. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad. Ayúdenos a difundir la verdad, comparta este artículo con sus amigos.