por Ulises Tuero
Hacinamiento, falta de seguridad, corrupción de los funcionarios, frecuentes motines y actos de violencia son algunas de las consecuencias de la enorme población carcelaria en América Latina
Las tasas de prisionalización llegan a casi 400 presos por cada cien mil habitantes en EL Salvador, 370 en Costa Rica, 300 en Brasil o casi 250 en Chile, según datos del Institute for Criminal Policy Research. La superpoblación en las cárceles latinoamericanas supone una grave amenaza a los derechos de la comunidad penitenciaria; en la mayoría de los casos estas prisiones superan su capacidad de internos, lo que provoca escasez de recursos.
Algunas han sido calificadas como las peores del mundo. Human Rights Watch y el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas denuncian desde hace tiempo las malas condiciones de vida y las violaciones de los derechos humanos de los presos en gran parte de los países de América Latina.
La superpoblación en las cárceles latinoamericanas supone una grave amenaza a los derechos de la comunidad penitenciaria
Las políticas que promueven un mayor uso de la justicia penal y la prisión favorecen la criminalización de nuevas conductas; así aumenta el número de presos sin que necesariamente crezca la criminalidad. A esto se le suma la falta de planificación sobre su impacto en el sistema penitenciario, que ha supuesto los altos niveles de hacinamiento.
Muchas organizaciones, como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONODC), piden una reforma penitenciaria y alternativas al encarcelamiento derivadas de un cambio de las políticas penales. Además, la apertura de las prisiones a organizaciones no gubernamentales (ONG), medios de comunicación y sociedad es imprescindible para concienciar del problema y es tarea pendiente en muchos países de América Latina.
Unas cárceles más abiertas supondrían, sobre todo, una mayor visibilidad y conciencia de las malas condiciones de vida de los reos, pero lo más importante es que la apertura a la sociedad rompe las barreras existentes entre las prisiones y la comunidad, lo que “reduciría el estigma social y la marginalización de los presos”, según un informe de Roger Matthews, profesor de criminología de la Universidad de Kent en Reino Unido.
La apertura de las prisiones a ONG, medios de comunicación y sociedad es imprescindible para concienciar del problema y es tarea pendiente en muchos países de América Latina
Las iniciativas de acercamiento de la sociedad a las cárceles son abundantes en muchos países y consiguen grandes resultados; en algunas cárceles españolas se promueven actividades culturales entre presos y voluntarios.
La superpoblación de las cárceles en América Latina afecta a los sectores más vulnerables de la sociedad, personas que, debido a su situación de exclusión social previa, acaban presas en instituciones incapaces de ofrecerles lo necesario para salvaguardar sus derechos más fundamentales. Sólo las alternativas al encarcelamiento y la apertura a la sociedad pueden reducir las tasas de prisionalización de nuevos presos y preparar el camino a la reinserción.
Ulises Tuero Rodríguez / Periodista Twitter: @ulistuero
