Los gobiernos subnacionales chinos acumularon una deuda estimada de 12 billones de dólares en 2024, equivalente al 64% del PIB nacional. Un estudio de RAND advierte que este desequilibrio limita los servicios públicos, dificulta fortalecer el consumo de los hogares y podría prolongar las tensiones comerciales con otras economías.
México Social / Redacción
La capacidad industrial de China y su creciente influencia tecnológica conviven con una fragilidad menos visible: las dificultades financieras de los gobiernos responsables de sostener buena parte de los servicios públicos. Detrás de las grandes cifras de endeudamiento aparecen problemas que afectan la vida cotidiana: pagos atrasados, restricciones presupuestarias y menores posibilidades de ampliar la protección social.
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El informe China’s Local Government Debt: Implications for U.S.-China Competition, publicado por RAND, examina esta tensión desde las finanzas públicas, la economía y la competencia internacional. Elaborado por Howard J. Shatz, Robin Wang, Linda Zhang, Timothy R. Heath y Anthony D’Arrigo, sostiene que las medidas recientes alivian las necesidades inmediatas de financiamiento, pero mantienen pendiente el desequilibrio entre las responsabilidades de gasto de los gobiernos locales y sus ingresos. RAND
La investigación combina documentos oficiales, estadísticas financieras, literatura especializada y fuentes periodísticas en chino e inglés. Sus resultados permiten analizar cómo una dificultad fiscal puede transmitirse a los hogares, las empresas y las relaciones económicas internacionales.
Los gobiernos subnacionales administran alrededor del 85% del gasto público considerado por el estudio. Sin embargo, dependen de un sistema de ingresos que ha perdido una de sus principales fuentes de flexibilidad: las operaciones de transferencia de derechos de uso del suelo. Los ingresos asociados descendieron de 8,7 billones de yuanes en 2021 a 4,15 billones en 2025, una caída superior a la mitad.
Durante la expansión inmobiliaria, esos recursos contribuyeron a financiar infraestructura y desarrollo urbano. La contracción del sector redujo los ingresos mientras permanecían las obligaciones financieras y la necesidad de sostener servicios. El problema adquirió así una dimensión estructural: las responsabilidades públicas continuaron creciendo sobre una base de financiamiento debilitada.
Según las estimaciones de RAND, la deuda local pasó del 31,75% del PIB en 2017 al 64,01% en 2024. Este aumento exige una precisión metodológica: refleja tanto la acumulación de obligaciones como mejoras en su medición. Además, los autores excluyen 2025 de esa comparación porque las operaciones de reestructuración modificaron la composición y el registro de los pasivos.
Una parte considerable del endeudamiento permanece fuera de los balances presupuestarios convencionales. Se trata de obligaciones contraídas mediante vehículos de financiamiento de los gobiernos locales, conocidos como LGFV: entidades utilizadas para financiar proyectos e inversiones. De los 12 billones de dólares estimados para 2024, aproximadamente 5,4 billones correspondían a deuda con intereses de estos vehículos.
Los investigadores reconocen que su cálculo es conservador. La información disponible permite observar determinados pasivos, mientras otros compromisos resultan difíciles de identificar. Por ello, la cifra representa una estimación sustentada en un perímetro específico de medición, cuyo alcance debe considerarse al compararla con otros cálculos.
Las consecuencias sociales aparecen cuando las autoridades intentan cerrar sus brechas financieras. El informe documenta mayores esfuerzos para obtener ingresos no tributarios, ventas o arrendamientos de activos públicos y restricciones al gasto. También recoge casos de atrasos salariales, interrupciones del transporte y dificultades para pagar a contratistas y proveedores.
Las cifras agregadas muestran una desaceleración importante del gasto en servicios. El crecimiento anual promedio del gasto educativo pasó de 8,6% entre 2014 y 2019 a 3,9% entre 2020 y 2024; en salud, descendió de 10,2% a 1,5%. Estos datos describen un menor ritmo de crecimiento, que debe distinguirse de los recortes específicos documentados en algunas localidades.
Desde una perspectiva de política social, el riesgo es que las familias absorban una proporción creciente del ajuste. Cuando la atención sanitaria, la educación o la protección para la vejez ofrecen menos certidumbre, los hogares tienen incentivos para reservar recursos ante posibles contingencias. Esa conducta puede debilitar el consumo y dificultar la transición hacia una economía más apoyada en la demanda interna.
También las empresas enfrentan consecuencias. El retraso en los pagos públicos reduce su liquidez y puede trasladarse a proveedores, salarios e inversión. De esta manera, una obligación pendiente del gobierno genera efectos que se extienden por las cadenas productivas.
RAND identifica varias alternativas para enfrentar el problema: ampliar la participación financiera del gobierno central, fortalecer los ingresos locales, reorganizar los vehículos de financiamiento y modificar las condiciones de la deuda. Todas implican decisiones distributivas. Un rescate desplaza riesgos al nivel central; nuevos impuestos pueden afectar el ingreso disponible; la venta de activos compromete ingresos futuros, y las reestructuraciones pueden reducir los rendimientos de los acreedores.
La cuestión decisiva consiste en corregir la relación entre ingresos y responsabilidades. Extender plazos o reducir intereses concede tiempo, pero la sostenibilidad requiere que las obligaciones permanentes dispongan de recursos suficientes y transparentes. La protección de los servicios esenciales debe formar parte de esa evaluación.
El estudio también anticipa efectos internacionales. Si China encuentra dificultades para fortalecer el consumo, podría mantener una elevada dependencia de la inversión industrial y las exportaciones. Los autores consideran que esa trayectoria puede intensificar las tensiones con países cuyos sectores manufactureros enfrentan la competencia de los productos chinos.
Conviene situar esta conclusión dentro del enfoque del documento: RAND examina expresamente las implicaciones para la competencia entre Estados Unidos y China. Sus recomendaciones estratégicas responden a esa perspectiva. Sus hallazgos tampoco anuncian un colapso inevitable: reconocen la capacidad de las autoridades chinas para administrar las presiones financieras y mantener prioridades industriales y militares.
La relevancia social del informe reside en mostrar que el poder productivo de una economía puede coexistir con restricciones severas en los gobiernos que atienden las necesidades de la población. Evaluar su desempeño exige observar, junto con el crecimiento y las exportaciones, la continuidad de los servicios, la seguridad económica de los hogares y la distribución del costo del endeudamiento. La solidez fiscal adquiere sentido público cuando permite sostener esas condiciones de bienestar.
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Fuente: informe completo de RAND
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