¿Más consumo de drogas significa más homicidios y feminicidios?

La discusión pública sobre las drogas suele establecer una equivalencia entre consumo, criminalidad y violencia. Bajo esta interpretación, el consumidor aparece como responsable de una descomposición social cuyas determinaciones económicas y políticas permanecen fuera del análisis. Esta asociación, además de insuficiente, desplaza la atención de las relaciones de poder que organizan los mercados ilegales. Desde una perspectiva de economía política, resulta necesario distinguir el consumo como práctica individual, socialmente condicionada, de los mecanismos de acumulación, coerción y disputa territorial que pueden acompañar la circulación clandestina de mercancías. No se trata de negar los daños asociados a las drogas, sino de preguntar quiénes controlan sus mercados, cómo se distribuyen sus beneficios y sobre quiénes recaen sus costos sociales.

Un Artículo de: Daniela Flores

Para aproximarnos empíricamente al problema, se compararon las prevalencias regionales de consumo de drogas ilegales alguna vez en la vida, reportadas por la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) 2025 para la población de 12 a 65 años, con las víctimas de homicidio doloso y feminicidio registradas durante 2025 por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las entidades se agruparon conforme a la regionalización de ENCODAT y se excluyó Sinaloa, entidad que no formó parte de la muestra recolectada. Esta comparación no mide el efecto del consumo sobre la violencia: confronta indicadores de distinta naturaleza para cuestionar una explicación que frecuentemente se presenta como evidente.

Los resultados muestran una geografía heterogénea. La Península Norte registra la mayor prevalencia de consumo alguna vez en la vida (19.5 %) y 2,983 víctimas de homicidio doloso. Ciudad de México presenta una prevalencia de 18.0 %, pero contabiliza 857 víctimas de este mismo delito. En contraste, Centro Sur registra apenas 7.5 % de consumo, junto con 4,405 víctimas de homicidio doloso. La región Centro concentra 6,644 víctimas, pese a que su prevalencia de consumo es de

14.1 %. Por lo tanto, las regiones con mayor consumo no coinciden necesariamente con aquellas que acumulan más homicidios. Conviene precisar que estos últimos son conteos absolutos: una región más poblada puede registrar más víctimas sin tener necesariamente mayor riesgo individual.

Conteos sin estandarización poblacional.

La violencia feminicida exige un tratamiento analítico propio. La región Centro contabiliza 172 víctimas de feminicidio y Centro Sur 104, mientras que la Península Norte registra 64. Estos datos no autorizan a interpretar el feminicidio como consecuencia automática del consumo de sustancias. Desde una lectura materialista y feminista, la violencia contra las mujeres se inscribe en relaciones históricas de dominación, desigual distribución del poder y condiciones institucionales que pueden reproducir la impunidad. Además, la clasificación penal depende de procesos de investigación y registro. Subordinar el feminicidio a una narrativa indiferenciada de “violencia por drogas” invisibiliza su especificidad política y de género, aun cuando las mujeres que participan como fuerza de trabajo en el crimen organizado son más vulnerables a ser víctimas de un feminicidio.

La perspectiva marxista permite introducir una distinción decisiva entre el valor de uso de una mercancía, su circulación y las relaciones sociales bajo las cuales se produce y distribuye. La ilegalidad no elimina el intercambio mercantil; transforma sus condiciones de operación. Cuando una mercancía circula bajo prohibición, el control de rutas, territorios y redes de distribución puede generar rentas extraordinarias y disputas por su apropiación. La violencia puede operar entonces como un mecanismo de disciplinamiento de la fuerza de trabajo, protección de mercados o resolución coercitiva de conflictos, en ausencia de medios legales ordinarios para hacer cumplir acuerdos. Este razonamiento no supone que toda violencia proceda del narcotráfico, ni que la prohibición de ciertas drogas explique por sí sola los homicidios. Obliga, más bien, a investigar la articulación entre capital, economías ilegales, instituciones estatales y formas concretas de poder territorial.

También existen límites estadísticos que impiden establecer una relación causal. La ENCODAT 2025 registra si una persona consumió drogas ilegales alguna vez en su vida, mientras que el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) contabiliza víctimas durante un año específico. Se trata, por consiguiente, de ventanas temporales incompatibles. De forma paralela, la prevalencia de consumo corresponde a personas entrevistadas y las víctimas de violencia letal a registros administrativos; no son poblaciones directamente equiparables. El análisis tampoco ajusta los homicidios y feminicidios por población ni controla por desigualdad, estructura demográfica, presencia de organizaciones criminales, acceso a armas o capacidad institucional. Inferir que una persona consume o delinque porque reside en determinada región constituiría una falacia ecológica. la falacia ecológica ocurre cuando utilizamos información agregada —por ejemplo, datos de estados, municipios o regiones— para sacar conclusiones sobre el comportamiento individual.

La evidencia descriptiva permite rechazar una lectura mecánica del territorio, pero no demostrar que consumo y violencia sean independientes. La pregunta relevante para la economía política de las drogas no consiste únicamente en cuánto se consume, sino en cómo se organizan los mercados, qué relaciones de propiedad y dominación los sostienen y por qué determinadas poblaciones soportan una proporción desmedida de sus consecuencias. Para avanzar, se necesitan tasas de victimización comparables, información longitudinal y modelos que distingan la demanda individual de los mecanismos políticos y económicos de la violencia. Criminalizar al consumidor como explicación general sustituye el análisis de las estructuras sociales y políticas por la atribución individual de responsabilidades sobre el consumo de drogas ilegales.

También podría interesarte: Millones de hogares sin agua

Fuentes consultadas

Fuentes consultadas ENCODAT 2025, informe nacional, cuadro 1.5: https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2025/doctos/informes/251223_   ENCODAT_completo.pdf

ENCODAT 2025, metodología y regionalización: https://encuestas.insp.mx/repositorio/encuestas/ENCODAT2025/doctos/analiticos/17295-Texto%  20del%20art%C3%ADculo-91064-1-10-20250925.pdf

SESNSP: archivo “Estatal-Víctimas-2015-2025_sep2026.csv”, proporcionado para este artículo. Se sumaron los doce meses de 2025 por subtipo del delito y entidad; se incluyeron todos los sexos y rangos de edad, sin duplicar subtotales.

¿Por qué necesitamos su ayuda? Porque somos una organización independiente, libre de la influencia de cualquier gobierno, corporación o partido político. Desde el día que empezamos, hemos enfrentado presiones. Dependemos de su generosa contribución. Juntos, podemos seguir difundiendo la verdad. Ayúdenos a difundir la verdad, comparta este artículo con sus amigos.