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El derecho al tiempo: La nueva frontera de la justicia social en la CDMX

Para quienes habitamos la Ciudad de México, el descanso parece haberse convertido en un anhelo utópico más que en una realidad cotidiana. En esta metrópoli, el “derecho al tiempo” es hoy la nueva gran frontera social que divide a quienes pueden planificar su vida de quienes simplemente intentan sobrevivir al reloj. Las discusiones recientes en la Cámara de Diputados sobre una Ley General para prevenir la pobreza de tiempo no son solo debates legislativos; son el reconocimiento institucional de un malestar profundo que afecta la salud y la dignidad de millones de personas.

Escrito por:  Gabriel R. Covarrubias

La realidad en las calles es contundente: según datos que hoy cobran relevancia nacional, el 57% de los capitalinos padece pobreza de tiempo. Esta carencia crónica no es casualidad, sino el resultado de una suma de factores estructurales. Estamos hablando de traslados diarios que, en promedio, absorben hasta tres horas de vida en el transporte público, y jornadas laborales que, aunque protegidas por la ley, se ven invadidas por la conexión digital permanente. Para el ciudadano de a pie, el descanso no es una elección; es un recurso escaso que se sacrifica en el transbordo de una estación o frente a una pantalla respondiendo requerimientos fuera de horario.

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Esta problemática adquiere un matiz urgente en el marco de agosto, el Mes de las Juventudes. Recientemente, el informe “Jóvenes en México 2026” puso de manifiesto que nuestra generación enfrenta un proceso de “desafiliación” institucional. ¿Cómo pedirle a un joven que se involucre en la vida pública, en la cultura o en el deporte, si su día se consume íntegramente en la logística de la supervivencia? La pobreza de tiempo castiga con mayor fuerza a quienes están en su etapa formativa, robándoles el espacio necesario para el estudio, la reflexión y el simple ocio creativo que precede a la innovación.

La propuesta legislativa presentada apenas el pasado 14 de agosto busca crear un Índice Nacional de Pobreza de Tiempo para medir cuántas personas carecen de lo básico para el autocuidado y la recreación. Este es un paso fundamental desde la administración pública: lo que no se mide, no se puede transformar. Además, la ley abre la puerta a garantizar formalmente la desconexión digital, asegurando que el trabajo no se apodere del espacio privado y biológico del trabajador. No se trata solo de trabajar menos, sino de vivir con mayor soberanía.

Aunque México ya ha dado pasos significativos, como la promulgación de la reforma para reducir la jornada laboral a 40 horas cuya implementación gradual iniciará formalmente con ajustes este 2026, el reto en la CDMX va más allá de las horas de oficina. Debemos reconocer que el tiempo perdido en un embotellamiento es tiempo robado al descanso y a la familia; es una forma de expropiación de la vida misma por parte de una infraestructura que ha priorizado el flujo de mercancías sobre el flujo de bienestar humano.

Reivindicar el derecho al descanso es afirmar que el bienestar es un derecho indispensable para una vida digna y no un privilegio de clase. No podemos permitir que en la capital del país tener una tarde libre dependa de tu código postal o de tu nivel de ingresos. A las juventudes y a quienes participamos en el servicio público nos corresponde impulsar una agenda donde el éxito de una política pública no se mida solo por la productividad económica, sino por la capacidad de devolverle al ciudadano la propiedad de sus horas. El tiempo es el único recurso que no es renovable; recuperarlo para la ciudadanía es, quizás, el acto más revolucionario de nuestro siglo.

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