El pasado 31 de enero se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de las entidades, municipios y demarcaciones territoriales para el ejercicio fiscal 2017. El documento es presentado por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), y destacan los siguientes datos:
Primero: el rezago social muestra una tendencia a la baja en todas las entidades de la República mexicana. Es decir, hubo un incremento en la cobertura de los principales servicios sociales, especialmente en cobertura de salud, drenaje, agua potable y calidad de la vivienda.
Tales resultados, argumenta la Sedesol, se deben fundamentalmente a una mejor orientación de los recursos del Fondo para la Infraestructura Social del Ramo 33, los cuales se aplican ahora, según lo contenido en el informe, con mejores criterios de focalización respecto de lo que ocurría al menos hasta antes de 2014.
El informe destaca también que hay una mejoría de 8% en el poder adquisitivo de los salarios en el periodo que va del tercer trimestre de 2014 al tercer trimestre de 2016, lo cual no ocurría, nos informan, desde hace al menos nueve años.
Hay, a pesar de los datos proporcionados, grandes ausencias que no quedan claro por qué no fueron incluidas en el informe. En primer lugar, llama la atención que no se incluyera el indicador relativo a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la seguridad social.
Destaca, asimismo, la ausencia de datos relativos a la vulnerabilidad por carencia de acceso a la alimentación, a la vulnerabilidad por carencia de ingresos o sobre las condiciones de seguridad o inseguridad alimentaria de la población.
El informe apunta, por otro lado, que aún hay retos que superar en materia de calidad, lo cual es cierto, pero también lo es el hecho de que hay enormes rezagos en materia de acceso efectivo. Lamentablemente, el informe no propone ninguna acción o línea de intervención para mejorar estos aspectos de la política pública.
En términos generales, el Informe carece de un aparato de revisión crítica de la política social. Se da por sentado que la que tenemos es la adecuada, sin considerar, por ejemplo, que los supuestos sobre los que fue diseñada en la década de los años 90 no se cumplieron en su momento ni en los años posteriores, y que hoy francamente ya no existen.
Lo esperable en un documento como éste era, ante la coyuntura de crisis en que estamos, un diagnóstico sobre el posible impacto que tendrá la modificación de la política de precios de los energéticos, así como la estrategia para paliarlos e incluso revertirlos.
Hay además una total ausencia de análisis o propuestas respecto de cuáles son las estrategias de cierre de la administración; pues, si bien se trata de un documento guía de las acciones a desarrollar para el ejercicio fiscal 2017, también es cierto que el gobierno federal dispone de sólo 65 semanas efectivas de trabajo para lo que resta de su gestión, por lo que este texto era el espacio apropiado para plantearnos cómo y con qué recursos vamos a superar el caótico contexto que estamos enfrentando.
Lo que más destaca del documento es, pues, que se trata de un texto más, con una visión limitada respecto de los retos que tiene la política social, pues el mensaje implícito que nos envía es que, simplemente haciendo más de lo mismo, el país continuará avanzando hacia lo que se asume es una ruta ineludible de superación constante de la pobreza.
La publicación de este informe debería ser motivo de una amplia reflexión nacional, y de un debate -permanentemente pospuesto a lo largo de las últimas dos décadas- sobre cómo construir una política social que pueda incidir en la política económica, y que, por supuesto, tenga la capacidad efectiva de romper con los ciclos intergeneracionales de reproducción de la pobreza.
Artículo publicado originalmente en la “Crónica de Hoy” el 02 de febrero de 2016 Barack Obama presentó su último “discurso a la nación” el pasado martes.</d
