Cuando el mar obliga a partir: el desafío de proteger hogares, derechos y comunidades

El aumento del nivel del mar amenaza la habitabilidad de territorios costeros e insulares. La respuesta exige financiar la adaptación, anticipar los desplazamientos y garantizar que las personas puedan reconstruir sus vidas cuando permanecer en sus comunidades deje de ser seguro.

México Social / Redacción

La pérdida de un territorio habitable puede comenzar mucho antes de que el mar cubra las viviendas. El agua salada invade las fuentes de abastecimiento, deteriora los suelos agrícolas y vuelve más difícil sostener las actividades de las que dependen las familias. Las inundaciones recurrentes dañan caminos, escuelas y servicios. Gradualmente, vivir en el mismo lugar exige más recursos y ofrece menos certidumbre.

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Andrew Harper, asesor especial sobre acción climática del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, advirtió a Noticias ONU sobre la magnitud potencial de este proceso. Según las estimaciones recogidas en la nota, una subida de medio metro del nivel del mar hacia finales de siglo podría obligar a entre 150 y 300 millones de personas a abandonar sus hogares. La intrusión salina podría comprometer el acceso fiable al agua dulce o a tierras productivas de hasta 500 millones.

Estas cifras describen riesgos sujetos a la evolución del clima y a las capacidades de respuesta. No representan un número inevitable de desplazamientos. La inversión en infraestructura, la protección de ecosistemas y las decisiones sobre el uso del territorio pueden modificar las condiciones de exposición. Precisamente por ello, anticiparse resulta decisivo.

Bangladesh ilustra la desigual distribución de esos riesgos. De acuerdo con la información presentada, el país genera menos del 0,5% de las emisiones mundiales, pero alrededor del 18% de su territorio es vulnerable al aumento del nivel del mar. En esas zonas se produce más del 30% de sus alimentos. La amenaza compromete simultáneamente vivienda, abastecimiento y medios de subsistencia, con consecuencias que pueden extenderse más allá de las comunidades directamente afectadas.

Para quienes habitan esos territorios, permanecer suele ser una prioridad. Las defensas costeras, la restauración de manglares, los sistemas de drenaje y las alertas tempranas pueden reducir daños y ampliar el tiempo disponible para adaptarse. Su eficacia depende de las condiciones locales, del mantenimiento y de recursos que muchas comunidades no tienen.

La desigualdad influye así en las posibilidades de quedarse y también en las de partir. Trasladarse requiere vivienda, ingresos, redes de apoyo y acceso a servicios. Una familia que pierde sus cultivos puede carecer, al mismo tiempo, de los medios necesarios para buscar un lugar seguro. La planificación debe considerar tanto a quienes se desplazan como a quienes permanecen expuestos por falta de alternativas.

ACNUR señala que la mayoría de los desplazamientos asociados con desastres climáticos ocurre dentro de los países. También explica que el cambio climático interactúa con la pobreza, la pérdida de medios de vida y otras crisis, por lo que sus efectos sobre la movilidad difícilmente pueden separarse de esas condiciones. UNHCR

Las ciudades y comunidades receptoras necesitan prepararse. Una reubicación que traslade a las familias hacia asentamientos inseguros o sin empleo puede reproducir la vulnerabilidad que pretendía resolver. La seguridad del nuevo lugar debe acompañarse de continuidad educativa, atención sanitaria y posibilidades reales de sostener una vida autónoma.

Existen experiencias que buscan abrir opciones antes de una emergencia. Australia y Tuvalu establecieron, mediante la Unión Falepili, una vía de residencia permanente que permite vivir, estudiar y trabajar en Australia. Para el programa 2026-2027 se asignaron hasta 280 plazas. Este mecanismo ofrece una alternativa de movilidad; su escala muestra también la necesidad de respuestas más amplias frente al problema global. Treaty stream

La protección jurídica sigue planteando desafíos. La expresión “refugiado climático” carece de reconocimiento como categoría específica en el derecho internacional. Sin embargo, ello no significa que todas las personas desplazadas por estos procesos estén excluidas de protección: según ACNUR, los instrumentos existentes pueden aplicarse en determinadas circunstancias, particularmente cuando los efectos climáticos se relacionan con persecución, conflictos o riesgos graves para los derechos humanos. UNHCR

Para los pequeños Estados insulares, la continuidad territorial introduce preguntas adicionales. El tratado entre Australia y Tuvalu reconoce que la condición estatal y la soberanía de Tuvalu continuarán pese a los efectos del aumento del nivel del mar. Es un compromiso bilateral relevante, cuya existencia no resuelve por sí misma todas las situaciones que podrían enfrentar otros países. dfat.gov.au

La pérdida alcanza también la memoria y la pertenencia. Un territorio reúne lugares de encuentro, prácticas culturales y vínculos con generaciones anteriores. Una vivienda en otro sitio puede ofrecer seguridad física mientras persiste el dolor de haber perdido el mundo cotidiano. La participación de las comunidades resulta indispensable para decidir cómo proteger esos vínculos.

Preparar una reubicación digna exige escuchar, financiar y acompañar durante años. La respuesta internacional debe permitir que las comunidades permanezcan donde sea viable y dispongan de alternativas cuando los riesgos lo impidan. Su eficacia se medirá en la capacidad de proteger vidas sin abandonar las relaciones, los derechos y las formas de convivencia que les dan sentido.

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