El trabajo y los límites de la inclusión en México

En septiembre de 2026, México tuvo 267 mil personas ocupadas menos que un año antes, mientras la tasa de desocupación descendió a 2.8%. Ambos resultados, publicados por el INEGI, obligan a revisar la facilidad con que se identifica un bajo desempleo con un mercado laboral saludable. La población económicamente activa disminuyó en casi 359 mil personas y la participación económica pasó de 59.6% a 58.5%. El descenso de la desocupación ocurrió, por tanto, junto con una contracción de la ocupación y de la participación. Considero que esta combinación exige discutir la capacidad de nuestra economía para ofrecer oportunidades de trabajo y garantizar condiciones dignas a quienes ya trabajan. IOE2026_10

México social/ Redacción

La diferencia importa porque la tasa de desocupación mide una situación específica: la de quienes carecen de trabajo, están disponibles y lo buscan activamente. Fuera de ese universo permanecen personas que podrían trabajar, pero que no realizan una búsqueda. El comunicado identifica a 5.5 millones en esa condición. Sus circunstancias requieren un examen propio; los datos agregados no permiten atribuirlas a una sola causa ni clasificarlas automáticamente como desaliento laboral. Lo que sí muestran es que las necesidades de incorporación al trabajo exceden ampliamente a la población contabilizada como desocupada.

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Mientras la población de 15 años y más aumentó en 1.38 millones, la población no económicamente activa creció en 1.74 millones. Estas diferencias entre dos momentos no describen las trayectorias individuales de quienes ingresaron o salieron del mercado laboral, pero muestran una menor participación relativa. Tampoco toda actividad situada fuera del mercado equivale a inactividad social: estudiar, cuidar o sostener un hogar son tareas indispensables para la reproducción de la vida. Una política de desarrollo debe reconocerlas y examinar las condiciones bajo las cuales las personas pueden elegir cómo distribuir su tiempo.

Los tabulados permiten identificar otra transformación relevante. Entre septiembre de 2025 y septiembre de 2026, la población trabajadora subordinada y remunerada disminuyó en 782,195 personas, mientras el trabajo por cuenta propia aumentó en 510,187. La participación de este último pasó de 21.4% a 22.3% de la ocupación total. Sería apresurado celebrar el cambio como una expansión del emprendimiento: la categoría reúne situaciones muy distintas, desde actividades profesionales autónomas hasta ocupaciones de subsistencia. Para valorar su significado necesitamos conocer los ingresos, la estabilidad, la protección social y las razones que condujeron a trabajar de manera independiente. IOE2026_10

La desagregación por sexo añade un hallazgo especialmente importante. La ocupación femenina aumentó en 578,137 personas; dentro de ella, las trabajadoras por cuenta propia crecieron en 561,126. Esta última variación equivale a alrededor del 97% del incremento neto de mujeres ocupadas. La comparación no significa que podamos seguir a cada mujer e identificar su destino laboral, pero sí muestra cuánto pesa el trabajo independiente en el cambio observado. Al mismo tiempo, la tasa de informalidad femenina permaneció prácticamente inmóvil, en 55.3%. La mayor presencia de mujeres en la ocupación exige, por ello, evaluar también la calidad de su incorporación.

Entre los hombres, la población ocupada disminuyó en 845,470 personas y la participación económica cayó de 75.4% a 73.0%. Los trabajadores subordinados y remunerados se redujeron en 873,795. Estamos ante movimientos distintos por sexo, que una lectura exclusiva del promedio nacional deja insuficientemente explicados. La distancia entre las tasas de participación femenina y masculina continúa siendo de más de 27 puntos porcentuales: una desigualdad considerable, aun cuando durante el período se haya estrechado.

La informalidad también requiere distinguir sus componentes. La informalidad laboral total descendió de 54.9% a 54.3%, una mejora que debe reconocerse, aunque todavía comprende a 32.6 millones de personas. En cambio, la ocupación en el sector informal aumentó de 28.7% a 29.4%. A partir de los tabulados, este último movimiento representa aproximadamente 323 mil personas adicionales. Ambos indicadores miden universos diferentes: el primero incluye modalidades de desprotección laboral presentes también fuera de los micronegocios no registrados. Su evolución divergente permite advertir cambios que se pierden cuando utilizamos indistintamente ambos conceptos.

La dimensión territorial profundiza el problema. En las localidades de menos de 100 mil habitantes, la informalidad laboral alcanzó 69.1%, frente a 40.0% en las de mayor tamaño. Las condiciones críticas de ocupación afectaron, respectivamente, a 40.7% y 34.4% de quienes trabajaban. La primera agrupación incluye espacios rurales y ciudades pequeñas; reducirla únicamente al campo sería impreciso. En cualquier caso, la distancia revela una distribución territorial profundamente desigual de las posibilidades de trabajar con protección. IOE2026_10

En el conjunto nacional, la tasa de condiciones críticas de ocupación llegó a 37.5%, frente a 37.3% un año antes, con salarios mínimos equivalentes de enero de 2026 para hacer comparable la medición. Esto representa aproximadamente 22.5 millones de personas con combinaciones inadecuadas de ingresos y tiempo de trabajo, según los criterios del indicador. Esa población se superpone parcialmente con la informalidad y la subocupación, de modo que las cifras no deben sumarse. Su magnitud basta para cuestionar la idea de que tener alguna ocupación garantiza una integración social satisfactoria.

Los datos también registran avances: la subocupación descendió de 7.3% a 6.7%, y la informalidad laboral disminuyó en términos relativos y absolutos. Reconocerlos es indispensable para construir un diagnóstico riguroso. Sin embargo, conviven con una menor ocupación total, una reducción del trabajo subordinado y remunerado y la persistencia de amplias brechas territoriales y de género. Una comparación mensual interanual tampoco permite, por sí sola, declarar un deterioro irreversible ni establecer sus causas.

Mi posición es que la política laboral debe evaluarse por su contribución efectiva a la garantía de derechos. Importa cuánto empleo existe, qué ingresos proporciona, cuánto tiempo exige y qué protección ofrece ante la enfermedad, la maternidad, los accidentes o la vejez. Los resultados de septiembre obligan a fortalecer la creación de trabajo protegido, la infraestructura de cuidados y las capacidades productivas de los territorios más rezagados. Una economía que mantiene a más de la mitad de su población ocupada en la informalidad tiene pendiente una transformación sustantiva de sus condiciones de inclusión. El criterio para juzgarla debe ser la posibilidad real de construir una vida digna mediante el trabajo.

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Fuente: INEGI, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, comunicado y tabulados de septiembre de 2026. Comparaciones con septiembre de 2025 mediante cifras originales.

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