La fosa de Salvatierra, las masacres y otros horrores

El municipio de Salvatierra, Guanajuato, tiene, de acuerdo con el INEGI, alrededor de 99 mil habitantes. Tiene 46 localidades, y es considerado un municipio de marginación baja; con importantes reducciones en la pobreza, en los últimos 10 años. Se encuentra en la lista de los Pueblos Mágicos del país, y recientemente, por sus 300 monumentos catalogados por el INAH, por lo que recientemente fue declarada como “Zona de Monumentos Históricos”.

Escrito por:   Mario Luis Fuentes

A pesar de todo lo anterior, Salvatierra también es el territorio donde, en el año 2020, fue localizada la fosa clandestina con el mayor número de personas enterradas ilegalmente en México. Oficialmente, fueron 81 cadáveres exhumados.

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Esta fosa es quizá una de las más trágicas síntesis de los complejos desafíos que enfrenta México en materia de combate al crimen organizado. Porque una fosa de esta magnitud es la conclusión de una larga serie de eventos delictivos de enorme gravedad: en primer lugar, el “levantamiento” y la desaparición forzada de personas; posteriormente, de manera probable, tratos crueles y degradantes o tortura; posteriormente el asesinato y en no pocos casos, el desmembramiento de las personas; y finalmente, el entierro clandestino.

Ante ello las preguntas más sencillas que pueden y deben plantearse son: ¿cómo y por qué ocurre todo esto? Y las respuestas no pueden ir en otro sentido sino en las condiciones de corrupción, impunidad y captura de las autoridades locales. No es posible pensar en que una situación como esta, que se prolonga en el tiempo, puede ocurrir sin la protección o al menos, la omisión de las autoridades municipales y estatales.

En ese mismo municipio, en el 2023, Salvatierra fue noticia internacional por la masacre ocurrida el 17 de diciembre de 2023, en la cual fueron asesinadas 11 personas, además de 24 personas heridas, todas ellas jóvenes, que convivían en un evento social. Pero las masacres en esa región y en todo el país no se han detenido. Al contrario, se registran en muchas más zonas y se multiplican.

En efecto, el 10 de noviembre de este año, en Querétaro, se registró un ataque a un bar, dejando 10 personas asesinadas y 7 heridas; el 24 de noviembre otro ataque en Villahermosa, Tabasco, que dejó al menos 6 personas muertas y 10 heridas; mientras que en la noche del 30 de noviembre se registró una nueva masacre en Jiutepec, Morelos, con 7 personas asesinadas y al menos dos más heridas; y en Apaseo el Alto, Guanajuato, ese mismo día, una más con un reporte preliminar de 9 personas asesinadas.

¿Cómo llegamos a esto? ¿Cómo explicar la actuación de matones que son capaces de asesinar en masa, torturar y desaparecer personas? ¿Cómo se construye una cultura de paz y de reconciliación en territorios tomados por la delincuencia, producto de una evidente “retirada” de las instituciones del Estado? ¿Cómo se recuperan esos espacios y, sobre todo, cómo se hace justicia a las víctimas y cómo se garantiza que esto no volverá a ocurrir?

El derecho a la verdad y la garantía de la no repetición se encuentran plenamente ausentes en el panorama nacional. Y esto es porque no se ha logrado construir una política de Estado para construir una cultura de paz, de solidaridad y empatía, que esté en la base y sea el fundamento de la política de seguridad ciudadana.

Requerimos una nueva forma de abordar estos problemas poniendo al centro de todas las decisiones públicas a las víctimas, a la par de generar nuevas políticas y estrategias de protección a las personas en mayores condiciones de vulnerabilidad social y económica.

Reconstruir la solidaridad, la paz y la cordialidad requiere de intervenciones decididas desde la Presidencia de la República; y de su conducción para que las entidades y municipios se articulen en un sentido y propósito común: convertir a México en un país de derechos humanos y con plena protección de la dignidad humana. Nada menos que eso es lo que debemos ser.

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Investigador del PUED-UNAM